Kenia California Mireles Ramírez

Expediente 222/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
222/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Kenia California Mireles Ramírez
  • Pedro Bautista Melendres

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado electrónicamente por Amairani Castillo López, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual solicita la autorización correspondiente, para hacer uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, para la consulta electrónica respecto al juicio de amparo 222/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, para lo cual proporciona usuario. Ahora, para estar en aptitud de proveer sobre lo anterior, se acude a una nueva reflexión sobre el tema, derivada de la lectura del artículo 263, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas 03/02/24 16:22:47 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.cc.90 BERNADETTE BALLESTEROS SESMA disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, en relación con el diverso artículo 551 , del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y el diverso 352 , párrafo segundo del citado ordenamiento; normativos de los cuales se advierte que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de interés, se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales y acceso al expediente electrónico. Aunado a ello, similares disposiciones se obtienen del artículo 29 del diverso Acuerdo General 21/2020, también del 1 Artículo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberán señalarse sus "nombres de Usuarios". La solicitud expresa para recibir notificaciones por vía electrónica realizada en el expediente principal o en cualquiera de los integrados con motivo de los recursos o incidentes derivados de aquél, únicamente surtirá efectos en él, o en los expedientes respecto de los cuales se formule dicha solicitud. 2 Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario´ utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad. 03/02/24 16:22:47 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.cc.90 BERNADETTE BALLESTEROS SESMA Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en tanto prevé que las partes, sus representantes o, para el caso que ahora interesa, sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deben haber solicitado la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, siempre y cuando cuenten con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma o alguna otra con certificado digital homologado validado por el Consejo de la Judicatura Federal), a fin de poder actuar a través del Portal de Servicios en Línea. Luego, en el caso concreto, de las constancias que integran el presente asunto, específicamente de la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, en la que se designó a la promovente como autorizada de la parte quejosa, no se advierte que se encuentre facultada expresamente para solicitar lo anterior, es decir, la consulta electrónica del juicio en que se actúa. Como consecuencia de ello, se estima que no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita el promovente, pues está autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de lo que se colige que no fue autorizado expresamente para los efectos que solicita. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.3º 118K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito3 que dice:

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, mediante el cual se informa que se acepta la competencia planteada y que se avoca al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto 222/2023-B-2, del índice de este Juzgado, quedando registrado como amparo indirecto 31/2023, de su estadística. Así entonces, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, por tanto, procédase a su destrucción en términos del primer párrafo del citado dispositivo, inciso j); lo que se estima acontecerá a partir del diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en autos, se notifica por medio de lista a la parte promovente, el proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Pedro Bautista Melendres, Gustavo Sedano Calvillo, Jonathan Oswaldo Romo García y Kenia California Mireles, por propio derecho, contra actos de las Magistradas del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Quinto Circuito y otra autoridad; regístrese con el número 222/2023-B-2 y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, visto el ocurso constitucional se advierte que la parte quejosa reclama de las responsables Magistradas del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Quinto Circuito y Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, lo siguiente: ".De la autoridad responsable denominada LAS MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, LA SENTENCIA de revocatoria de apelación dictada el día 09 de febrero del año 2023, dentro del tova penal, 52/2023-II, ya que dicha sentencia, no fue dictado conforme a los preceptos constitucionales y las reglas normativas del código procedimental de la materia. de la autoridad responsable denominada EL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO en funciones de Juez DE CONTROL, reclamo el acatamiento a los resolutivos dispuesto en la sentencia de apelación con numero de toca penal 52/2023-II, derivado de la causa penal 196/2022, que si bien es ordenado por LAS MAGISTRADAS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, la autoridad denominada EL JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO en funciones de Juez DE CONTROL es la encarga de dar cumplimiento a ese proveído..." (SIC) En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el suscrito es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, considerando que a quien le corresponde es al Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, en virtud que de acuerdo con el precepto legal invocado, la competencia para conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales colegiados de apelación, corresponde al tribunal más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado, por lo que tomando en consideración que el único Tribunal de Apelación en este Circuito Judicial es el señalado como responsable, con fundamento además en el artículo 36 de la Ley de Amparo, se determina la competencia en favor del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora. Con relación a la cuestión que nos ocupa es preciso hacer referencia a las reglas que sobre competencia prevé la ley especial que rige la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la competencia por jerarquía de los órganos que la conforman, lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 35. Los tribunales colegiados de apelación conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado [.]" Por ende, al ser el acto reclamado la resolución de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 52/2023, que revoca el auto de no vinculación a proceso de la causa penal 196/2022, pronunciada por las Magistradas del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que se considera que el competente para ello, lo es el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, pues es a dicho órgano de control constitucional, a favor de quien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece la competencia legal para conocer de dichas resoluciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación directa con su diverso artículo 107, fracción XII, de la misma, así como con fundamento en lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Amparo que establece que los tribunales colegiados de apelación conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza; será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 1a./J. 14/2012(10a)1 , de la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto 1 Visible en la página 79, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012. reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." Así como la jurisprudencia número VIII.1o. J/52, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución." En tales condiciones, este órgano de control constitucional, se declara legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Pedro Bautista Melendres, Gustavo Sedano Calvillo, Jonathan Oswaldo Romo García y Kenia California 2 Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Página 624, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999. Mireles, por propio derecho, contra actos de las Magistradas del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por lo que con apoyo en los preceptos legales antes señalados, se ordena remitir de inmediato los autos originales del juicio de amparo 222/2023, al Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, a fin de que el órgano a quien corresponda conocer del asunto en que se actúa, determine lo que en derecho proceda, solicitando que, oportunamente, se sirva hacer del conocimiento del suscrito lo que al respecto resuelva, así como acusar el recibo de estilo que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 25/983, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos 3 Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 17, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 1998. antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama." Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de la demanda de amparo promovida por Pedro Bautista Melendres, Gustavo Sedano Calvillo, Jonathan Oswaldo Romo García y Kenia California Mireles, por propio derecho, contra actos de las Magistradas del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Quinto Circuito y otra autoridad, y demás constancias correspondientes. Por otro lado, dado que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones uno fuera de la jurisdicción de este juzgado, se ordena que las notificaciones que deriven del presente asunto aún las de carácter personal, se practiquen por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo; lo anterior hasta en tanto proporcione domicilio en esta ciudad para tal efecto. Seguidamente, se tiene a la parte impetrante designando como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Eduardo Delgado Guzmán y Amairani Castillo López, dado que cuentan con cédula profesional registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, y en términos restringidos del referido numeral, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones Miriam González Carvajal y Abel Muñoz Covarrubias. Ahora, de conformidad con el artículo 52 bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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