Kenia Belem Nava Pineda

Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
423/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Kenia Belem Nava Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y el Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna este juzgado de Distrito resolverá respecto del cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y el Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remiten copia certificada del laudo dictado el nueve de junio del año en curso, en el juicio burocrático ************** En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de amparo se requiere a Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días: Remita copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes del citado laudo. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído dos de junio del año que transcurre, esto es, se hará efectiva la multa referida en dicho auto. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la constancia de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días dé cumplimiento al fallo protector y remita en copia certificada las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con trece minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto , promovido por , por conducto de su apoderado; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda y auto admisorio. Asimismo, se da cuenta con el oficio y anexo registrados con folio 9028. Enseguida la Jueza acuerda: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el informe justificado que rinde el Presidente y Tercer Árbitro y Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como el anexo que acompaña; además, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la autoridad responsable a las personas que propone, así el domicilio que indica, por ser el de su oficina principal. Ahora, no procede diferir la audiencia constitucional a pesar que el informe justificado, no se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por esa autoridad, pues esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en su perjuicio; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la violación del artículo 17 constitucional ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y atendiendo a lo manifestado en su demanda por la parte amparista, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental que exhibió la quejosa; así como las documentales que remitió el Tribunal responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo ; y, RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el once de abril de dos mil veintidós, y remitido a este Juzgado el doce del citado mes y año, , por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y Actuario de su adscripción, que hizo consistir en: ".la omisión de pasar los autos a proyecto de resolución para dictar el laudo respectivo del juicio de origen en el expediente laboral en los tiempos y plazos que prevé la ley hasta su total conclusión. la omisión notificar el laudo respectivo." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 17 y 123 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada con el número , misma que en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Además, en este asunto, no se atribuyó el carácter de tercero interesado a ninguna persona. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclaman actos derivados de un expediente tramitado dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y al Actuario de su adscripción, son la omisión de dictar laudo en el juicio burocrático y notificarlo a las partes. III. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestó el Presidente y Tercer Árbitro y Secretario General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias que obran en el juicio de origen; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como la parte quejosa reclama en su demanda de amparo actos de tracto sucesivo, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Causales de improcedencia. La autoridad responsable refiere que es improcedente el juicio de amparo, pues considera que la quejosa carece de interés para promoverlo; lo anterior es infundado, toda vez que es parte actora en el expediente natural. Dado que en la especie, las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación hecho valer, por lo que se debe conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que no se ha concluido el procedimiento laboral con el dictado del laudo. Y tiene razón, pues el Tribunal responsable ha excedido los términos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en relación a lo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a dicho cuerpo de leyes, lo que implica transgresión al derecho de legalidad y acceso a la justicia previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna se estableció en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. En el caso particular, debe precisarse en principio que la Ley burocrática local no establece un término especial para que la autoridad dicte el laudo precisamente porque reduce el procedimiento laboral a una sola audiencia en la que se llevan a cabo las etapas correspondientes y luego de formularse los alegatos ahí mismo se dicte el laudo, salvo que se requieran diligencias posteriores. Así, como en principio la ley ordena que se cierre la audiencia con el dictado del laudo luego de las conclusiones de las partes, ese es el momento para emitirlo; pero como también debe de reconocerse que la mayor o menor complejidad de los asuntos, así como la carga de trabajo, limitarían irremediablemente el cumplimiento estricto de esa regla, por lo cual debe de encontrarse en la propia norma un límite razonable para emitir esa resolución final y el plazo disponible en la normativa es el genérico de quince días previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no así los artículos 885 a 890 de Ley Federal del Trabajo. Veamos. El artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala que el procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Ese precepto guarda una identidad sustancial con los artículos 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, 107 y 112 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, los cuales fueron objeto de análisis en la contradicción de tesis número 216/2004-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 52/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). En la ejecutoria de la contradicción de tesis aludida se determinó que si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso, se dictará el laudo respectivo, no procede la aplicación supletoria de los artículos 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. De manera que la misma Corte reconoce en la referida ejecutoria emitida por la Segunda Sala, que dio origen a la citada jurisprudencia que es jurídicamente válido que el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia atendiendo a la menor o mayor complejidad de cada asunto y a las cargas de trabajo; pero la Corte no se ocupó en esa ejecutoria de fijar un plazo razonable para ello. Así, el artículo 115 de la Ley burocrática local no debe entenderse en el sentido de que el laudo debe emitirse, indefectiblemente, en la fecha señalada para la celebración de la mencionada audiencia. Y en ese orden, al no existir dentro de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos un plazo para el dictado del laudo en el juicio laboral burocrático, este será el establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de dicho ordenamiento estatal. En efecto, el artículo 127 bis, fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé el plazo de quince días para el dictado del laudo, además en términos del citado numeral, las pruebas, alegatos y el dictado del laudo se realizarán en una sola audiencia, salvo en que sean necesarias diligencias posteriores, caso en el cual, el laudo se dictará, una vez concluidas éstas, dentro de los quince días siguientes. No pasa inadvertido el hecho de que el referido artículo alude de manera específica, a las formalidades y plazos en que debe desahogarse el procedimiento cuando se ejerza la acción de terminación del nombramiento del trabajador, en tanto que los demás conflictos de competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deben desahogarse conforme al procedimiento previsto en el numeral 127 y restantes del capítulo III del Título Séptimo de la citada ley, en los cuales no se prevé plazo alguno para el dictado del laudo. Sin embargo, ello no conduce a concluir que el plazo de quince días previsto por el artículo 127 bis para el dictado del laudo sólo aplique respecto de los juicios señalados en dicho numeral, ya que todos los preceptos mencionados están contenidos en el mismo capítulo, en el cual no existe disposición que permita concluir que alguno de los conflictos competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje debe resolverse en plazos más cortos que los demás, como sucede, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo respecto de los procedimientos especiales y ordinarios. Además, en todos los procedimientos competencia del citado tribunal los actos procesales relativos al ofrecimiento de pruebas, alegatos y dictado del laudo se deben llevar a cabo, preferentemente, en una misma audiencia, lo cual permite concluir que los plazos previstos para la realización de dichos actos procesales debe aplicar para ambos procedimientos, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, e incluso, si se considera que el procedimiento previsto en el artículo 127 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, está orientando a dar una mayor celeridad y concentración, en comparación con el procedimiento regulado en el artículo 127 y restantes de la citada ley, el plazo de quince días para el dictado de laudo sería aplicable supletoriamente, dado que conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el juicio laboral también está orientado por el principio de concentración, pues debe resolverse en el plazo de seis meses. Dichas consideraciones fueron plasmadas por los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este circuito, al resolver la queja del trabajo , interpuesta en el juicio de amparo del índice de este juzgado. Y en el caso, de las constancias que obran en autos se aprecia que en el año dos mil diecinueve, la aquí quejosa presentó demanda laboral ante el Tribunal responsable, quien la admitió y seguido el procedimiento respectivo, cerró la instrucción, pero a la fecha de la promoción del amparo, no ha concluido ese procedimiento con el dictado de laudo; lo que se corrobora con el acuerdo emitido el catorce de enero de dos mil veintidós, cuando -en lo que interesa- se cerró la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto del laudo. Actuaciones de la que se desprende que no se ha respetado el plazo que para el procedimiento burocrático establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues si se toma en cuenta que en el año dos mil diecinueve, fue presentada la demanda laboral, y la fecha en que se promovió el escrito de amparo -once de abril del actual-, transcurrieron casi dos años, lapso en que la autoridad responsable, pudo dictar el laudo correspondiente; sin embargo, no se ha concluido ese procedimiento. Por lo que es evidente que la autoridad responsable incumple con su obligación prevista en la última parte del artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, esto es, adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda laboral, la cual fue presentada ante el Tribunal responsable en el año dos mil diecinueve, entonces, es claro que con ello, transgredió el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio. No es óbice que la autoridad responsable en su informe justificado argumentó que dicho proceder se debe dada la excesiva carga de trabajo; sin embargo, por más plausible que es ese argumento, la parte quejosa vino al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. En esas condiciones, procede otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitados para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la concesión. Es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto es que una vez que esté notificado el Tribunal responsable de que el presente fallo cause ejecutoria: Dicte el laudo en el juicio burocrático y se notifique a las partes lo conducente. VIII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , contra la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, de emitir el laudo en el juicio burocrático de origen y notificarlo, respectivamente; por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII de esta sentencia. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.

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