Kenia Alexa Mavarro Miranda

Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
18/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
12/12/2023

Partes del expediente

  • Kenia Alexa Mavarro Miranda
  • Jose Eduardo Salgado Ibarra
  • Comision Federal Para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios
  • Fiscal Genral de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que ha transcurrido el término para impugnar el pronunciamiento de diez de octubre de dos mil veintitrés, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad por el denunciante; además, en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. Ahora bien, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que este expediente es conservable, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en cita, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Remítase el presente expediente al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, que para tal efecto en su momento se designe, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el primer párrafo del artículo 17, del Acuerdo aludido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta en que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, hace del conocimiento de este Juzgador que la partida presupuestal 1521 "Liquidaciones por Indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", a la fecha no cuenta con la disponibilidad con la disponibilidad (sic) presupuestal, lo anterior, con motivo del cierre del ejercicio fiscal 2021 y tomando en consideración que la institución tiene comprometido el restante del recurso económico que le fue asignado en los diversos compromisos a los que debe hacer frente.", con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que a su obligación de pago no es oponible excusa, pretexto o dilación alguna, en razón de la asignación del presupuesto, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no están sujetos a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, no es factible acordar favorablemente y tenerle en vías de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración y a Jesús Omar Sánchez Sánchez, Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superiores jerárquicos de la Directora General de Recursos Humanos y del Director General de Programación, Organización y Presupuesto, la primera, y del Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, el segundo, ??????? las conminen a dar cumplimiento al fallo protector y remitan a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acrediten haber ordenado a las vinculadas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismos a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejercen sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta en que el Director de Amparos, en representación del Director General de Programación, Organización y Presupuesto ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas para dar cumplimiento al fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta en que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas para dar cumplimiento al fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

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