Kena Guadalupe Herrera Lugo
Expediente 1436/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1436/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Kena Guadalupe Herrera Lugo
- Kena Guadalupe Herrera Lugo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que las inconformes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 1436/2022 promovido por las niñas identificadas con las iniciales *** y ***, por conducto de su representante legal ***, en contra de los actos reclamados y la autoridad responsables que posteriormente se indican. I. ANTECEDENTES Las infantes quejosas en su escrito inicial señalan que el Juzgado Segundo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca, ha omitido dictar los acuerdos que correspondan a las promociones que presentaron el siete de octubre, el cinco y el nueve, ambas datas de diciembre, todos de dos mil veintidós, en el juicio de controversias del orden familiar ***; también exponen que esa autoridad ha incurrido en una dilación procesal, que desechó diversas pruebas y que dictó distintas determinaciones en ese asunto en cuanto al tópico de los alimentos que son contrarios a sus intereses. En consideración de las justiciables los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, las niñas identificadas con las iniciales *** y ***, por conducto de su representante legal ***, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda de amparo con el progresivo 1436/2022 y previno a las disidentes para que aclararan tal ocurso. A través de la promoción presentada el veintinueve de diciembre posterior, las quejosas atendieron la prevención formulada, por lo que en el proveído de nueve de enero pasado, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que las inconformes reclaman los actos siguientes: Del Juzgado Segundo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca, combaten: La omisión de dictar los acuerdos que correspondan a las promociones que presentaron el siete de octubre, el cinco y el nueve, las dos últimas datas de diciembre, todas esas fechas de dos mil veintidós, en el juicio de controversias del orden familiar ***. El desechamiento de las pruebas ofrecidas en ese contradictorio para obtener un aumento en la pensión alimenticia fijada a su favor. Las resoluciones judiciales dictadas en ese asunto relacionadas con la fijación del pago de alimentos decretado a su favor. La dilación procesal. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS COMBATIDOS El Juzgado Segundo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca, omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue emplazado a este juicio constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presumen ciertas las actuaciones que le fueron atribuidas. VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con los actos impugnados a la autoridad judicial responsable se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque las inconformes no demostraron que tiene interés jurídico para combatir esas actuaciones, en la medida en la que no acreditaron que figuran como parte actora en el juicio de origen. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los arábigos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional inserta establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, señala que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, dicho normativo estatuye que tratándose de actos o resoluciones que provengan de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otro punto, es preciso destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el Órgano Reformador de la Carta Magna en el referido dispositivo constitucional, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamado viola los derechos previstos por el artículo 1 de la ley de la materia y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el legislador federal dispuso en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Finalmente, el numeral transcrito en último orden precisa que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación. Además, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Acorde con lo expuesto es factible sostener que los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo atribuyen consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente del amparo indirecto tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, dado que a quien se ubique dentro de esos supuestos se le otorga legitimación para instar la acción constitucional, en los términos que precisa el diverso 6 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa. De lo anterior se advierte que las normas examinadas prescriben para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Bajo esa óptica, por interés jurídico debe entenderse cualquier hecho o situación que además de ser benéfico para un gobernado requiere estar debidamente tutelado por el orden jurídico; esto es así, porque si bien pueden existir diversos intereses en la esfera vital de un individuo con contenido variado e índole distinta pero para que puedan ser tutelados es necesario que una disposición normativa lo regule, ya que de lo contrario no se poseería un derecho y, en consecuencia, tampoco existiría un interés por reclamar. Esos conceptos se vinculan con uno de los principios rectores del juicio de amparo, el relativo a un agravio personal y directo, el cual indica que la acción constitucional sólo podrá ser ejercida por aquella persona física o moral afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Conforme a lo expuesto debe destacarse que para estar en aptitud de promover un juicio de amparo es necesario que el gobernado demuestre la existencia de un derecho subjetivo en su haber patrimonial o jurídico, así como que ese derecho ha sido afectado o vulnerado por un acto de autoridad, lo cual lo legitima para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar la protección de la Justicia de la Unión. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia VI. 2o. J/87 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por otra parte, debe señalarse que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho subjetivo público que dice le fue vulnerado por la autoridad emisora del acto impugnado; es decir, mediante el ejercicio de la acción de amparo se demanda el respeto a ese derecho y la restitución en su goce. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo la parte agraviada debe demostrar la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado; es decir, el quejoso tiene la obligación de acreditar el interés jurídico en sí y el perjuicio padecido por el acto impugnado, el cual debe ser real, actual, directo y objetivo; además, esos aspectos deben demostrarse en forma plena, innegable y fehaciente porque no pueden inferirse con base en presunciones. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con base en lo anterior es factible sostener que las disidentes no tienen un interés jurídico para impugnar del Juzgado Segundo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca, la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a las promociones que presentaron el siete de octubre, el cinco y el nueve, las dos últimas datas de diciembre, todas esas fechas de dos mil veintidós, en el juicio de controversias del orden familiar ***; el desechamiento de las pruebas ofrecidas en ese contradictorio para obtener un aumento en la pensión alimenticia fijada a su favor; las resoluciones judiciales dictadas en ese asunto relacionadas con la fijación del pago de alimentos decretado a su favor; y, la dilación procesal, porque no acreditaron que esas actuaciones tengan impacto en sentido negativo en su esfera normativa, en la medida en la que no aportaron alguna prueba para demostrar que figuran como parte actora en el referido contradictorio. Ahora, se afirma que las disidentes no probaron el presupuesto procesal indicado, porque no ofertó algún medio de convicción para evidenciar que tiene la calidad de parte actora en el contradictorio de origen y, por ende, no acreditaron su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. Por otra parte, si bien en el caso se presumieron ciertos los actos reclamados, dado que el órgano jurisdiccional responsable omitió rendir su informe justificado, lo cierto es que tal presunción se refiere únicamente a la certeza de esas actuaciones, pero no a la de los actos o hechos diversos en los que la quejosa basa su acción de amparo. Por tanto, si las disconformes no ofrecieron medios de convicción alguno con los que demostraran que efectivamente tiene el carácter de demandantes en el juicio de controversias del orden familiar 188/2017 de la estadística del Juzgado Segundo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca y que forman parte de la relación jurídica procesal entablada en ese contradictorio, entonces es factible concluir que la falta de prueba que corrobore el dicho de las justiciables de que son parte actora en el procedimiento del cual derivan los actos reclamados lleva a determinar su falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio constitucional. No escapa que las disidente aportaron copias certificadas de sus actas de nacimiento y copias fotostáticas simples de diversos instrumentos, pero con la documentación señalada en primer orden se acredita la personalidad de la promovente que es un presupuesto procesal diverso al que se examina y en cuanto al resto de los documentos que aportaron, al tratarse de copias fotostáticas simples, por su naturaleza, carecen de valor probatorio alguno, dado que no fueron perfeccionadas. En ese orden de ideas, dado que el interés jurídico para impugnar los actos precisados necesita ser demostrado fehaciente, para lo cual no debe existir duda de que las solicitantes del amparo sufrieron un agravio en su espacio mínimo de derechos que el Pacto Federal le reconoce; esto es, debe ser evidente que las actuaciones atacadas en esta instancia constitucional les irroga un perjuicio a las disconformes en su esfera jurídica; y, toda vez que en la especie no existe sustento alguno para considerar que esos actos causan algún detrimento en su universo de derechos, es decir, no se cuenta con elemento objetivo alguno que pudiera llevar al convencimiento de que la quejosas hayan resentido un agravio o perjuicio en sus derechos fundamentales a través de los actos combatidos es inconcuso que no se puede considerar que la infantes disidentes cuenten con interés jurídico para combatirlos. Entonces, si el interés simple no da facultad para acudir a esta instancia constitucional, sino que es ineludible la existencia de una afectación a un interés jurídico que dé a quien se alza en amparo la facultad de exigir el respeto al derecho conculcado, así como la restitución en su goce; entonces se debe concluir que en el presente asunto no le asiste interés jurídico a la parte quejosa. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que expone: "INTERÉS JURÍDICO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE. CORRESPONDE A LA PARTE QUEJOSA. La carga de la prueba de la existencia del interés jurídico corresponde a la parte quejosa, en cuanto es suya la intención de poner en actividad al órgano jurisdiccional. Para ello se deben reunir dos requisitos básicos que, en este orden, son: El primero, bajo la hipótesis de que el acto reclamado existe, consiste en saber cuál es su contenido, del cual se pueda conocer quiénes son los sujetos a los que está dirigido y a quiénes, ese acto, pueda afectar en su esfera jurídica; y, el segundo, las cualidades jurídicas de quien promueve y que permitan determinar que se trata de uno de los sujetos a quien el acto reclamado afectan en su esfera jurídica. Ahora bien, la regla general para conocer el contenido y alcances de un determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste en conocer su contenido. La excepción, claro está, la constituyen aquellos actos, cuya existencia probada, no requieren prueba de su contenido porque resultan inconstitucionales en sí mismos, como por ejemplo aquellos que importan actos prohibidos por la constitución o que no constan por escrito. Por tanto, para conocer el contenido de un acto determinado de autoridad, en cumplimiento de la carga probatoria que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, es menester que el promovente de la acción constitucional aporte el documento que lo contiene ofreciéndolo como prueba en el procedimiento de amparo, conforme a las reglas establecidas para ello. Una excepción a dicha carga probatoria se establece en función de las disposiciones de carácter general y abstracto que constan en las publicaciones oficiales de divulgación, tales como el Diario Oficial de la Federación. Consecuentemente, si la parte quejosa no prueba durante el procedimiento del juicio de amparo los elementos que integran el primero de los requisitos señalados, no es posible que el juzgador de amparo determine cuáles son las características jurídicas que debe reunir quien se diga afectado. Comprobando su interés jurídico como destinatario del acto reclamado. Es decir, no se puede establecer el interés jurídico de quien se siente agraviado por ese acto, porque no se sabe a quienes puede afectar. Y no conociéndose quien puede ser el afectado por el acto reclamado resulta irrelevante examinar las cualidades jurídicas del promovente." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza el supuesto de inejercicio de la acción constitucional establecido por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; de ahí que este medio extraordinario de defensa sea improcedente. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos que las justiciables reclamaron al Juzgado Segundo Familiar del Distrito del Centro, Oaxaca, consistentes en: a) la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a las promociones que presentaron el siete de octubre, el cinco y el nueve, las dos últimas datas de diciembre, todas esas fechas de dos mil veintidós, en el juicio de controversias del orden familiar ***; b) el desechamiento de las pruebas ofrecidas en ese contradictorio para obtener un aumento en la pensión alimenticia fijada a su favor; c) las resoluciones judiciales dictadas en ese asunto relacionadas con la fijación del pago de alimentos decretado a su favor; y, d) la dilación procesal. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por las niñas identificadas con las iniciales *** y *** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurre el plazo de quince días previsto por el numeral 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca rinda su informe justificado, por lo que esa situación impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, a las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en la diligencia de cinco de enero del año en curso, *** reconoció como suya la firma que calza el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, se tiene por atendido el requerimiento de treinta de diciembre del año próximo pasado, por lo que se provee en cuanto a la aclaración de la demanda lo siguiente: Del citado ocurso se desprende que ***, en atención a la prevención contenida en el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, exhibe copias certificadas de las actas de nacimiento de sus hijas menores de edad identificadas con las iniciales ***, con el propósito de acreditar la personalidad con la que comparece en representación de sus descendientes para ejercer la acción de amparo en su nombre. Al respecto, con fundamento en lo previsto por los ordinales 6 y 11 de la Ley de Amparo se reconoce a la citada *** la personalidad con la promueve este juicio constitucional a nombre de las niñas identificadas con las iniciales ***; en ese contexto, se tiene por cumplida la prevención formulada en el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, por lo que se dicta la determinación que corresponde en cuanto al libelo inicial. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones IV y V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda de amparo presentada por *** representante legal de sus hijas menores de edad identificadas con las iniciales ***, en contra de los actos reclamados al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Solicitud del informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido por el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad del acto reclamado y acompañará en su caso copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; con el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con esa actuación. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para la autoridad responsable el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud del informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de la autoridad responsable, el cual deberá ser corroborado por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación a la autoridad responsable de cuáles resoluciones judiciales se notificarán a través oficio. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que con fundamento en lo previsto por los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo en el presente asunto únicamente le serán notificadas, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su trascendencia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser de carácter personal (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se publicará en el portal de internet por este órgano jurisdiccional conforme a lo estatuido por el arábigo 29 de la ley de materia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causal de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se le impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda de amparo y de los instrumentos con los que la promovente acreditó su personalidad, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Reconocimiento de terceros interesados. De momento este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo relativo al reconocimiento de terceros interesados en este juicio de amparo, hasta en tanto obren las constancias del procedimiento de origen y esté en posibilidad de determinar a quién le reviste esa calidad. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciadas las documentales que exhibe con la demanda de amparo y su aclaración, las cuales serán relacionadas, admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, se ordena dar vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese.
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