Kelvis José Gallardo Jaguardo
Expediente 296/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Kelvis José Gallardo Jaguardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
se ordena notificar por lista a la pare quejosa el presente proveido que en sintesis dice: Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejosos. Juan Diego Contreras Grau (SÍ RATIFICÓ); Kelvis José Gallardo Jaguardo (SÍ RATIFICÓ); Julián Calderón Solamone (SÍ RATIFICÓ); Elkins Alfonso Ospina (SÍ RATIFICÓ); Bayardo Ponce (SÍ RATIFICÓ); Autoridades responsables. Titular de las Oficinas de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California. Subdirector de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tijuana, Baja California. Acto(s) reclamado(s). La orden de la deportación, aseguramiento y alojamiento dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. La omisión de regularizar la situación migratoria de los quejosos. La omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas. El regreso asistido de los quejosos. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vistas las razones actuariales de cuenta, se advierte que los directos quejosos Juan Diego Contreras Grau, Kelvis José Gallardo Jaguardo, Julián Calderón Solamone, Elkins Alfonso Ospina y Bayardo Ponce, ya no se encuentran alojados y/o detenidos administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la orden de la deportación, aseguramiento y alojamiento dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, la omisión de regularizar la situación migratoria de los quejosos, la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas, el regreso asistido de los quejosos., a las autoridades del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de la razón actuarial de veinte de abril de dos mil veintitrés, se desprende que los referidos quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dichas personas -quejosos- fueron puestos en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente respecto a los quejosos Juan Diego Contreras Grau, Kelvis José Gallardo Jaguardo, Julián Calderón Solamone, Elkins Alfonso Ospina y Bayardo Ponce, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, agréguese sin mayor pronunciamiento el informe justificado rendido por la autoridad responsable; lo anterior dada la conclusión arribada en los párrafos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que mencionan y por señalado el domicilio procesal que indican. Finalmente, debido a que todos los directos quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de la razón actuarial de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído.
- Principal
Visto el estado de los autos de los que se advierte que se programó esta data para llevar a cabo la audiencia constitucional; sin embrago, a la fecha se desconoce la situación migratoria de los quejosos; en consecuencia, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a efecto de que verifique si los quejosos Juan Diego Contreras Grau, Kelvis José Gallardo Jaguardo, Julián Calderón Solamone, Elkins Alfonso Ospina y Bayardo Ponce.aún se encuentran recluidos en dicha estación migratoria o en su defecto, si fueron deportados, puestos en libertad o trasladados a diverso centro de detención en otra ciudad. Para dar margen a lo anterior, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
- Principal
Agréguense a los autos, los oficios firmados por las autoridades responsables, mediante el cual informan el cumplimiento dado a la suspensión de plano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo; de lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para recibir notificaciones el indican. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que solicita la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tijuana, Baja California de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Suprema Corte de Justicia de la Nación
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