Kelvink David Triana Briceño y Otros.
Expediente 793/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Kelvink David Triana Briceño y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo en este juicio de amparo ha causado estado, considerando que la parte promovente no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal1 , dado que el dos de julio de este año, se decretó la suspensión de plano respecto a los actos reclamados. 2. Una vez concluido el proceso de depuración, transferir el original de este juicio de amparo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18, y 27 del mencionado Acuerdo General.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos en ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que está enterada de la medida decretada en el juicio en que se actúa. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala.
- Principal
MESA 6-B. Vista la demanda de amparo promovida por XXXXXX por propio derecho y en representación de los menores de identidad protegida con iniciales XXXXXX. y XXXXX., contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 793/2021-6-B. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "A) De la autoridad señalada como ordenadora, reclamamos la inminente orden de detención, aprehensión, aseguramiento en contra de los suscritos, dictada en contra de los suscritos, sin haber sido oídos y vencidos v en no contar con una defensa adecuada por ende la violación al debido proceso. B El impedimento a regularizarnos por cuestiones humanitarias o cualquier otra causal estipulada en la Ley de Migración y su Reglamento De la Autoridad señalada como ejecutora B) De la autoridad señalada como ejecutora, reclamamos la ejecución de la inminente orden de detención, aprehensión, aseguramiento en contra de los suscritos, y/o presentación en cualquier estación migratoria y/o estancias provisionales migratorias de la república mexicana y los actos de molestia consistentes en la detención o revisión en cualquier punto de revisión permanente o provisionales establecidos en cualquier punto de la república mexicana, por ende el impedimento al libre tránsito por territorio nacional." En primer lugar, cabe aclarar que la demanda de amparo fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pero de la simple lectura de la misma se aprecia que no se estampó la firma electrónica (FIREL), ya que el sistema no arrojó la constancia condigna. ***Por tanto, se advierte que las únicas autoridades que pueden tener participación en esos actos son las siguientes: 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. 2. Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Por consiguiente, son las únicas a las que se les dará el carácter de autoridades responsables en el presente juicio, ello a fin de evitar emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tienen ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas; ello, porque el Juez de Distrito, como tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez, prontitud y economía procesal que lo rigen.*** Aunado a lo anterior, se robustece el no tener por autoridades responsables a las ya mencionadas, porque la parte quejosa pretende obtener una suspensión a efecto de que no se le detenga en cualquiera de los puntos de migración durante el recorrido de la ciudad de Tapachula a cualquier punto del territorio nacional mexicano, con la finalidad de llegar a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, como se abundará en apartados siguientes, la tramitación del presente juicio de amparo o bien la suspensión que se llegase a conceder (de ser procedente) no tiene como efectos el tránsito libre de los quejosos por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Porque hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de los aquí quejosos, éstos deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la oficina de Tramites de Regulación Migratoria, donde podrán iniciar tramites de refugio o regularización, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo respectivo; y por lo tanto, no cuentan con el derecho de transitar libremente por el país, pues para tal extremo, primero deberán definirse por la autoridad competente su situación migratoria.*** OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que se ejecuten los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los directos quejosos Kelvink David Triana Briceño, Yisset Andreina Herrera Fernández por propio derecho y en representación de los menores de identidad protegida con iniciales K.D.T.H. y Y.S.T.H., no sean objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco sean deportados, expulsados, repatriados, detenidos y retenidos, fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal; en el entendido de que la parte quejosa deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde en su caso sean detenidos, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de las autoridades administrativas competentes para la continuación de un procedimiento administrativo o averiguación previa que en su caso se les instruya, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse.*** Asimismo, la suspensión de plano concedida implica, que de ser detenidos por autoridad migratoria competente, que de manera inmediata en términos del artículo 109 de la Ley de Migración les hagan saber a los quejosos sus derechos como presentados: Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojada, sus reglas y servicios a los que podrán tener acceso; Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desean, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; pueda solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándoles las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Informarle sus derechos a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarles la comunicación; Acceder a comunicación telefónica; Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y, es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto y/o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social,. No obstante lo anterior, y toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de la PROBABLE PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, que se traduce en una posible restricción de su libertad de tránsito, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, LA MEDIDA PRECAUTORIA NO SURTIRÁ EL EFECTO, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior, se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país. Sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. En ese sentido, si la posible detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refieren ser extranjeros, las autoridades responsables en caso de detener a la parte quejosa, deberán presentarlos ante la autoridad migratoria en la estación correspondiente a fin de que regularice su situación, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134, con relación a los numerales 99 y 106 de la Ley de Migración, los cuales establecen lo siguiente: (.).Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación y expulsión de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida del mismo, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegare a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior, tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. En el entendido que si alguno de los promoventes es menor de edad, las autoridades responsables deberán procurar en todo momento la protección del interés superior del menor, lo que implica garantizar su pleno acceso a los derechos humanos reconocidos en su favor y su permanencia en un entorno adecuado para su desarrollo bio-psico-social; así como minimizar el impacto que pudiera ocasionarse en su entorno con motivo de la ejecución del acto reclamado; en términos del artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.En la inteligencia, que deben de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.).En ese sentido, notifíquese inmediatamente esta determinación a las autoridades responsables, para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes, así como para que cumplan categóricamente con la suspensión de plano precisada anteriormente. PREVENCIÓN En otro orden de ideas, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracción IV, 113 y 114, fracción I y II de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.) "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;" II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley." Entonces, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción IV, 113 y 114, fracción I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. 2. Indique si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman.APERCIBIMIENTO Se apercibe a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". NOTIFICACION POR LISTA Ahora bien, de la lectura integra de la demanda no se advierte que la parte quejosa haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que, en consecuencia las notificaciones que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de cuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al conmutador 962 698 7434, extensiones 1001 y 1006. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello.***
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