Kelly Domninguez Reyna

Expediente 564/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
564/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Kelly Domninguez Reyna

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto con el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de amparo origen de este juicio fue desechada, el expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV-B ". . .San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo promovida por Cristy Reyna Álvarez, a favor de su menor hija KELLY DOMÍNGUEZ REYNA, contra actos del Director de la Escuela Primaria Leona Vicario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otras autoridades educativas; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 564/2018. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como autoridades responsables al Director de la Escuela Primaria Leona Vicario con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y a María Magdalena Cortés Pacheco y Yolanda E. García Reyes, quienes se desempeñan como profesores del citado centro de educación primaria. De quienes reclama, la determinación de ocho de mayo de dos mil dieciocho, respecto a la ubicación que ocuparía su hija en la escolta de esa escuela; respuesta que fuera reiterada al día siguiente al platicar la promovente con las que señala como responsables. Ello lo hace depender, de que su menor hija aprobó un examen realizado en esa institución el veintidós de marzo del año en curso, el cual, asegura, aprobó obteniendo el primer lugar; y que siempre, al mejor promedio, se le otorga el lugar de abanderada; no obstante, las autoridades educativas decidieron, según lo afirma la quejosa, colocar a la menor en la parte de atrás de la escolta, por su baja estatura, sin considerar su promedio, dado que no existe lineamiento para ello. Determinación que la promovente del amparo estima es discriminatorio y que afectó psicológicamente a su hija, pues el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en que se citó a los alumnos de la escolta para ensayo, llegó a su casa descontenta, desmoralizada y sin ganas de acudir a la escuela. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como autoridades por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados; numerales que, en lo que interesa, se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..." Como puede verse, para que el acto que se reclame, pueda ser materia del juicio de amparo, es menester que sea resultado del ejercicio de facultades decisorias o, de ejecución de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, las notas que distinguen a una autoridad son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Encuentra aplicación para la anterior determinación la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de gobierno del Estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del ciudadano, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el Estado y sus ciudadanos es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el Estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el ciudadano, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. De ahí que en torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación. Por ello, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados reguladas por el derecho público, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio aquél. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución y ahora los tratados internacionales, establecen una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Lo que tiene sustento en la tesis 2a. XXXVI/99; emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, que expresa. "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así, el destacado acto reclamado, no conlleva a considerar que el director y profesoras de la escuela Leona Vicario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, sean autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no ejercen un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de quien solicita el amparo, sobretodo, porque la posición de la parte quejosa frente a la institución educativa, no es la de un gobernado para efectos del juicio de amparo, pues la forma de elección de los integrantes de la escolta de esa escuela solo tiene consecuencia a su interior, por lo que no se está en presencia de un acto de autoridad que pueda ser combatible en amparo. Esto es, la relación que existe entre la promovente y la autoridad académica, es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no surgió en ejercicio de una potestad pública para los efectos del juicio de amparo, sino que deriva de una relación educativa; esto es, la inconformidad de la quejosa no deriva de una actuación que tenga su origen en un mandato legal, o en ejercicio de una potestad para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; de lo que se deduce que, en la situación particular, no se colman los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que en su caso los conflictos que se susciten entre las partes involucradas en esa relación, deben ventilarse ante las autoridades educativas competentes y no ante este órgano de control constitucional No obsta, que la quejosa sostenga que el actuar de los profesores e integrantes del Comité de Escolta, discriminó a su menor hija y le afectó sicológicamente; pues ese hecho no hace procedente el amparo; porque de ser así, se concluiría que todo acto de discriminación cometido por un particular, puede ser reclamable a través del juicio de amparo, lo cual es jurídicamente inaceptable, porque uno de los principios que rige este medio extraordinario de defensa, es que el acto provenga de una autoridad con las características que señala el artículo 5o, fracción II de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa que desde ahora es manifiesta e indudable de improcedencia; pues no resulta necesario contar con el informe justificado y demás constancias para advertirlo de esta manera, al no poder llegar a conclusión diversa. Téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal los estrados de éste Juzgado y por autorizado para tales efectos a la persona que menciona. En relación a la petición que se le notifique por el correo electrónico que señala; dígasele que las notificaciones en el juicio de amparo únicamente se llevan a cabo en forma personal, por oficio, por lista y por vía electrónica, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo; sin que los correos electrónicos se equiparen a estas últimas, pues para ello es menester que el interesado tramite y obtenga la firma electrónica a que se refiere el artículo 3o. de la propia Ley. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por último, con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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