Kellogg Servicios, S.C.

Expediente 426/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
426/2014
Año
2014
Actuaciones
7
Última actuación
06/07/2015

Partes del expediente

  • Kellogg Servicios, S.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. . . ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO ENTERAMENTE CONCLUIDO. . .ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN POR NO CONSIDERARSE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. . .VI

  2. Principal

    V I S T O, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Procuradora Fiscal del Estado en representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, envía el cheque número 0325784, por la cantidad de $412,272.00 (CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), expedido a nombre de la parte quejosa Kellogg Servicios, S.C.; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa, debiéndole correr traslado con una copia del oficio que se provee, para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que esta conforme y este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término concedido, comparezca ante éste Juzgado, con documento idóneo que la identifique y copia de éste, a solicitar la entrega del cheque aludido, el cual queda a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, previa razón que de su recibo se asiente en autos. Hágase del conocimiento del promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bajo apercibimiento que de no ocurrir a recogerlo en el término aludido de un mes, este órgano jurisdiccional de oficio devolverá dicho documento a la autoridad remisora. Igualmente infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. . .VI

  3. Principal

    V I S T O; agréguese a los autos, para que obre como corresponde el escrito de cuenta, signado por el representante de la moral quejosa KELLOGG SERVICIOS, SOCIEDAD CIVIL, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable la ampliación de la sentencia, en el sentido de que se dejen insubsistentes los diversos actos de aplicación de las porciones normativas declaradas inconstitucionales, a saber de los artículos 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" el veintiuno de julio de dos mil catorce, para lo cual anexa seis recibos, de los que se advierte, que le fue aplicado el impuesto previsto en dichos preceptos legales (Fomento de la Educación Pública, para Caminos y Servicios Sociales). Ahora bien, al respecto debe decirse que el principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 73 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no puede válidamente ser aplicada al peticionario del amparo que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 79 fracción I, y 118, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 17, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Por lo tanto todo acto de aplicación de las leyes declaradas inconstitucionales, en contra del quejoso, debe verse afectado con la protección constitucional que le fue otorgada, de forma tal que la autoridad administrativa está obligada a declarar la insubsistencia de los siguientes actos: a) Del primer acto de aplicación reclamado en la demanda; b) De los actos generados con posterioridad al primer acto de aplicación de la norma contra la cual se pidió el amparo, emitidos hasta antes de la emisión de la sentencia definitiva; c) De los actos dictados con posterioridad a la concesión firme del amparo. La insubsistencia de todos estos actos deberá garantizarse porque, una vez que adquirió firmeza la sentencia protectora contra una ley, los efectos de la misma deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada con motivo de la cual se hubiese pedido el amparo, y de paso, irradiar esa protección otorgada en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a la primera aplicación, que se hubiera suscitado durante el curso del juicio. De esta manera, este órgano jurisdiccional tienen la obligación de garantizar que los efectos de los sentencia concesoria dictada en el presente juicio de amparo, no solamente se limiten al primer acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, (artículos 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro) sino que se debe asegurar que esa protección también tenga la eficacia suficiente para dejar insubsistente toda aplicación futura que se haga de los citados preceptos legales. Por lo tanto se debe hacer extensiva la protección constitucional respecto de todos los actos ulteriores a la fecha del primer acto de aplicación, suscitados durante el curso del juicio, esto es, del periodo que va de la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación, (doce de agosto de dos mil catorce hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva (catorce de mayo de dos mil quince, fecha que en el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa). Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P/J. 73/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 64, Tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL /EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero. En consecuencia, requiérase al DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, y a su superior jerárquico SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; para que, dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir del en que reciba la presente notificación, cumpla a cabalidad con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos; esto es, verifique la autenticidad de los recibos que exhibe la parte quejosa y de ser originales, proceda a realizar la devolución de las cantidades enteradas que haya pagado la moral quejosa con motivo del Impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, para Caminos y Servicios Sociales, previsto en los artículos 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el veintiuno de julio de dos mil catorce, a saber de las cantidades que se especifican en los siguientes recibos: NÚMERO FOJA RECIBO NÚMERO DE OPERACIÓN FECHA DEL RECIBO DERIVADO DEL IMPUESTO IMPORTE PAGADO FOMENTO EDUCACIÓN PÚBLICA 1 844 2014/1281356 12 DE AGOSTO DE 2014 IMPUESTO SOBRE NÓMINA $61,058.00 2 845 2014/1370159 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 IMPUESTO SOBRE NÓMINA $77,506.00 3 846 2014/1461357 09 DE OCTUBRE DE 2014 IMPUESTO SOBRE NÓMINA $59,556.00 4 847 2014/1551845 06 DE NOVIEMBRE DE 2014 IMPUESTO SOBRE NOMINA $59,159.00 5 848 2014/1648969 08 DE DICIEMBRE DE 2014 IMPUESTO SOBRE NÓMINA $74,268.00 6 849 2015/54502 07 DE ENERO DE 2015 IMPUESTO SOBRE NÓMINA $141,783.00 Finalmente, apercíbase a las autoridades responsables de no dar cumplimiento a lo solicitado, se les impondrá una multa de forma individual, de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en la zona del Distrito Federal, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se le requerirá directamente a su superior jerárquico para el efecto de que éste lo obligue a cumplir sin demora en la ejecutoria de amparo.. A menos que, tal y como lo previene el párrafo tercero del artículo 193 del ordenamiento jurídico invocado, se demuestre que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o se justifique la causa del retraso, en cuyo caso SE PODRÁ AMPLIAR EL PLAZO POR UNA SOLA VEZ, subsistiendo los apercibimientos efectuados. . .VI

  4. Principal

    V I S T O, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Procuradora Fiscal del Estado en representación del Secretario y del Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Querétaro, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, envía el cheque número 0325363, por la cantidad de $61,058.00 (SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), expedido a nombre de la parte quejosa Kellogg Servicios, S.C.; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa, debiéndole correr traslado con una copia del oficio que se provee, para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que esta conforme y este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término concedido, comparezca ante éste Juzgado, con documento idóneo que la identifique y copia de éste, a solicitar la entrega del cheque aludido, el cual queda a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, previa razón que de su recibo se asiente en autos. Hágase del conocimiento del promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bajo apercibimiento que de no ocurrir a recogerlo en el término aludido de un mes, este órgano jurisdiccional de oficio devolverá dicho documento a la autoridad remisora. Igualmente infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. . .VI

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