Keiri Yamel Rojas Santos
Expediente 1771/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Keiri Yamel Rojas Santos
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso d), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, dado que carece de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Keiri Yamel Rojas Santos, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1771/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C", encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En consecuencia, es de señalar, que de una lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: "La Resolución Interlocutoria dictada por la Autoridad Responsable de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintidós, en el expediente laboral número 450/2021". Dicho lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada de acuerdo a su naturaleza no es de aquellos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación por afectar derechos sustantivos tal y como se aprecia de su contenido que es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En ese orden de ideas, es claro que en el acto que se reclama en este asunto, no se actualizan los supuestos para considerarlo como de imposible reparación, pues por un lado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación del derecho humano. Sino que al tratarse de un presupuesto procesal únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales que no necesariamente va a ocasionar que la sentencia definitiva que deba dictar la responsable sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos humanos del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Caso contrario, si la resolución reclamada trasciende al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte promovente, la violación procesal que aduce podrá reclamarla junto con la resolución definitiva que se dicte en el juicio de origen. En efecto, el acto reclamado no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común Décima Época, con registro 2006589; cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Criterio en el cual se determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, porque de la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se desprende que por actos de imposible reparación, se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se señaló que la jurisprudencia P./J. 4/2001, del Pleno del Alto Tribunal, que sí estatuía la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que dirimía el incidente de falta de personalidad, ya no era aplicable en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo. La jurisprudencia P./J. 4/2001, registro 190368, se publicó en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, página 11 y es de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." En el caso, la resolución reclamada versa sustancialmente sobre el reconocimiento de personalidad de la parte demandada, Elia Jiménez Figueroa, en su carácter de apoderada legal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, toda vez que el acto reclamado lo constituye la interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en el incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 450/2021, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Luego, es patente que la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por su contraparte en el juicio de origen, no afecta materialmente derechos sustantivos, sino que, en su caso, ello se producirá al dictarse el laudo. Y aun cuando el laudo le sea adverso, los aspectos de que ahora se duele, el quejoso los puede hacer valer como violación procesal en el amparo directo que, en su caso, promueva contra el laudo respectivo, por tratarse de violaciones al procedimiento análogas a las establecidas en el artículo 172, de la Ley de Amparo. De esa manera, al tratarse de violaciones procesales análogas a las previstas en el numeral citado, la interlocutoria reclamada, así como sus consecuencias, no implica actos de imposible reparación, sino que sólo incide en la afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene un laudo favorable; así, el reconocimiento de la personalidad solo tiene efectos procesales y no implica la afectación irreparable de un derecho sustantivo, puesto que existe la posibilidad de que se dicte un laudo absolutorio. Por ende, se insiste, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación por tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable. Aunado a lo anterior, como se señaló, en el evento de que el laudo sea adverso, las violaciones respectivas pueden reclamarse en amparo directo, por lo cual no se deja al promovente en estado de indefensión. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113, de dicho cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda planteada por su notoria improcedencia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y dado que quien promueve es la parte trabajadora, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a las personas que para tal efecto menciona. A fin de dar mayor agilidad al trámite del presente juicio, se tiene como punto de contacto el número telefónico 7441852848, que la parte quejosa proporcionó en su escrito de demanda. Se hace de su conocimiento que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.
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