KEILA IX-CHEL CEBALLOS ESPEJEL y Otros.
Expediente 120/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2023
Partes del expediente
- KEILA IX-CHEL CEBALLOS ESPEJEL y Otros.
- Keila Ix-Chel Ceballos Espejel
Actuaciones
- Principal
III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de revisión contra el auto de +++, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en el presente juicio, sin que dicha parte procesal, a quien pudiera causarle perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de mérito HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). +++ Archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a la circular 2/2020, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción. Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se prevé lo siguiente: +++. 1.- Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2. Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso a) del multicitado acuerdo que el expediente principal es destruible, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. 2.1 Plazo de tres años para destrucción del juicio principal. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del trece de marzo de dos mil veintitrés al ********************, y una vez, cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente y de los incidentes de suspensión la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en las actas de destrucción que se preparen y una vez trascurridos los plazos citados en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona a la Secretaria encargada del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente y sus incidentes de suspensión sean entregados físicamente al archivo y se realice el procedimiento de depuración y destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorpore a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.
- Principal
III. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y en representación de dicho tribunal, mediante el cual, rinde su informe justificado y ofrece como prueba documental copia certificada de: * Auto de ********************, emitido en el expediente ********************, de su índice. Por tanto, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos la comunicación oficial de mérito para los efectos legales conducentes y ténganse por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales de mérito para los efectos legales conducentes. Ahora bien, la quejosa en el apartado del acto reclamado en su demanda de amparo señaló lo siguiente: La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento, que establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ello, atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo que motivó el presente juicio, lo que amerita que se sobresea el presente asunto fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. (.) De lo anterior se razona que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos se advierte que no existe el acto reclamado en la forma planteada, o bien, cuando no se probare su existencia. Al respecto, debe decirse que esa circunstancia debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia se ocuparía de actos diversos a los que dieron origen al juicio; razón por la que en el caso que nos ocupa, la improcedencia del presente asunto no es la simple inexistencia del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que desde antes de acudir a la presente instancia, había dejado de surtir sus efectos, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser suprimida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, se tiene que la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra el acto consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Posteriormente, la demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional y mediante auto de treinta y uno de enero pasado, se radicó bajo el número estadístico 120/2023-III; y, se admitió a trámite y se requirió a la responsable para que rindiera su informe con justificación. Al respecto, la responsable al rendir su informe justificado anexó copia certificada de: * Auto de ********************, emitido en el expediente ********************, de su índice. Determinación en la que, la responsable señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, tal como se aprecia de las siguientes imágenes: Constancias a las cuales, se les concede pleno valor de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2° y la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI página 153, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que, de lo anterior se advierte que reclama la inconstitucionalidad de un acto que no existía al momento de la presentación del libelo constitucional, pues si la finalidad de la acción de amparo consistía en que la autoridad responsable señalara fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, tal evento no podía ser motivo de la protección constitucional, pues no habría materia sobre la cual versara el fallo correspondiente, toda vez que en auto de veinticinco de enero del año en curso, señaló tal fecha. En efecto, si a la presentación de la demanda, la autoridad responsable ya había señalado fecha y hora para la multicitada audiencia, el acto del que se duele la quejosa resulta inexistente, lo que implica que en la especie no tiene razón de ser el presente medio de control constitucional, pues sería ocioso examinar un acto de esa naturaleza. Por lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo ante la actualización manifiesta e indudable de una causa de sobreseimiento, lo que torna procedente decretarlo sin necesidad de esperarse a la celebración de la audiencia constitucional. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con cincuenta minutos del viernes veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Sin que pase inadvertido para este juzgador que, la responsable no remitió la constancia de notificación a las partes del auto de ********************, emitido en el expediente ********************, toda vez que la parte quejosa en caso de no haber sido notificada de tal determinación, se impondrá de su contenido con la emisión del presente proveído, a fin de comparecer a la audiencia de mérito, máxime que su notificación no lo precisó como acto reclamado. De igual forma, con la presente determinación no se deja a la parte quejosa en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de sobreseimiento, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
III. En cumplimiento al aviso de 20/02/2023, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de 17/02/2023 que en sintesis dice: Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y en representación de dicho tribunal, mediante el cual, rinde su informe justificado y ofrece como prueba documental copia certificada de: * Auto de ********************, emitido en el expediente ********************, de su índice. Por tanto, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos la comunicación oficial de mérito para los efectos legales conducentes y ténganse por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales de mérito para los efectos legales conducentes. Ahora bien, la quejosa en el apartado del acto reclamado en su demanda de amparo señaló lo siguiente: La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Así, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento, que establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ello, atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo que motivó el presente juicio, lo que amerita que se sobresea el presente asunto fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. (.) De lo anterior se razona que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos se advierte que no existe el acto reclamado en la forma planteada, o bien, cuando no se probare su existencia. Al respecto, debe decirse que esa circunstancia debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia se ocuparía de actos diversos a los que dieron origen al juicio; razón por la que en el caso que nos ocupa, la improcedencia del presente asunto no es la simple inexistencia del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que desde antes de acudir a la presente instancia, había dejado de surtir sus efectos, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser suprimida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, se tiene que la parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra el acto consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Posteriormente, la demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional y mediante auto de treinta y uno de enero pasado, se radicó bajo el número estadístico 120/2023-III; y, se admitió a trámite y se requirió a la responsable para que rindiera su informe con justificación. Al respecto, la responsable al rendir su informe justificado anexó copia certificada de: * Auto de ********************, emitido en el expediente ********************, de su índice. Determinación en la que, la responsable señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, tal como se aprecia de las siguientes imágenes: Constancias a las cuales, se les concede pleno valor de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2° y la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI página 153, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que, de lo anterior se advierte que reclama la inconstitucionalidad de un acto que no existía al momento de la presentación del libelo constitucional, pues si la finalidad de la acción de amparo consistía en que la autoridad responsable señalara fecha y hora para la audiencia de conciliación, depuración procesal y ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente ********************, tal evento no podía ser motivo de la protección constitucional, pues no habría materia sobre la cual versara el fallo correspondiente, toda vez que en auto de veinticinco de enero del año en curso, señaló tal fecha. En efecto, si a la presentación de la demanda, la autoridad responsable ya había señalado fecha y hora para la multicitada audiencia, el acto del que se duele la quejosa resulta inexistente, lo que implica que en la especie no tiene razón de ser el presente medio de control constitucional, pues sería ocioso examinar un acto de esa naturaleza. Por lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo ante la actualización manifiesta e indudable de una causa de sobreseimiento, lo que torna procedente decretarlo sin necesidad de esperarse a la celebración de la audiencia constitucional. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con cincuenta minutos del viernes veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Sin que pase inadvertido para este juzgador que, la responsable no remitió la constancia de notificación a las partes del auto de ********************, emitido en el expediente ********************, toda vez que la parte quejosa en caso de no haber sido notificada de tal determinación, se impondrá de su contenido con la emisión del presente proveído, a fin de comparecer a la audiencia de mérito, máxime que su notificación no lo precisó como acto reclamado. De igual forma, con la presente determinación no se deja a la parte quejosa en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de sobreseimiento, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México y otras autoridades; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 120/2023-III. Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: La omisión de proveer sobre la radiación y procedencia de la demanda laboral registrada con número de expediente +++, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. DESECHAMIENTO PARCIAL DE AUTORIDADES Respecto al acto reclamado al Auxiliar de la Sala y a la Secretaria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, señalados como autoridades responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. El Reglamento Interior del Reglamento Interior del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en su capito V, establece lo siguiente; "CAPÍTULO V DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y DE LA SECRETARIA AUXILIAR DE ACUERDOS Artículo 10. Sin perjuicio de las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y demás disposiciones aplicables, la Secretaría General de Acuerdos y la Secretaria Auxiliar de Acuerdos serán representadas cada una con una persona con título profesional en derecho y tendrán atribuciones siguientes: I. Coordinar el correcto desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos de que conozca el Tribunal, a través de dos salas de audiencia, siendo responsables cada Secretario de las mismas; II. Dar fe de las actuaciones y diligencias en que intervengan; III. Certificar documentos y constancias; IV. Proponer las acciones que tengan por objeto el mejor desempeño de las actividades a su cargo; V. Supervisar el desahogo de las audiencias a su cargo e informar al Presidente de las incidencias que se susciten; VI. Informar al superior jerárquico, según corresponda, respecto del desempeño de las actividades a su cargo; VII. Recibir los fondos y valores que se consignen por las partes para su depósito y consignación correspondiente; VIII. Acordar con ayuda de sus auxiliares, todo tipo de escritos o promociones que presenten las partes; IX. Turnar oportunamente a través del Área de Archivos los expedientes a las áreas correspondientes; X. Controlar y actualizar la agenda para programaciones de audiencias; y, XI. Las demás que le señale el Presidente y otras disposiciones normativas aplicables" Luego, si bien es cierto que entre las facultades de las citas autoridades se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Presidente del Tribunal; no menos verídico lo es que, dicha función asignada no implica que resuelva de manera conjunta con el titular, quien es el único responsable de su fallo, por lo que, están sin imperio ni facultad decisoria; luego, esas autoridades, en forma autónoma, no pueden adquirir la jerarquía de responsables para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, el Auxiliar de la Sala y a la Secretaria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, carecen de facultades decisorias y ejecutoras pues, sus funciones se constriñen a autorizar y dar fe de los autos del Presidente del Tribunal, sin poder actuar con imperio y, por ende, su conducta no se puede tomar como acto de autoridad. Resulta aplicable el criterio expuesto, en la Jurisprudencia III.2o.C. J/21, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, a página 2292, que a la letra dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional.". CONCLUSIÓN En tales condiciones, al estar materializada la hipótesis de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5° fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda de amparo, por lo que respecta al acto reclamado al Auxiliar de la Sala y a la Secretaria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo únicamente respecto a las autoridades responsables Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México y por su Presidente; por lo que, se ordena dar la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se ordene formar incidente de suspensión, al no solicitarse su apertura en términos del ordinal 125 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable que realice lo siguiente: Rinda su informe justificado, dentro del plazo de quince días. En el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo. Las cuales deberán remitirse preferentemente de manera digitalizada para integrar e expediente electrónico y, en su defecto, de forma física. Si advierte la actualización de alguna hipótesis de improcedencia del presente juicio o que ocurra causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo a este Juzgado, en términos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no cumplir con lo requerido en los numerales 1 y 2, en el término concedido, se le podrá imponer una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo y, de no cumplir con lo establecido en el diverso 3, se harán acreedoras a una diversa multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del propio ordenamiento legal, así como con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. FORMAS DE REMITIR INFORME JUSTIFICADO Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de considerarlo necesario, podrán remitir el informe justificado a través del correo electrónico pjvega@cjf.gob.mx. En este caso, las comunicaciones deberán contar con firma electrónica. En caso de que se reciban documentos sin firma electrónica, se faculta al secretario judicial para que proceda en términos de la fracción III, artículo 52 BIS, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo. Asimismo, caso de que se informe la imposibilidad para plasmar la firma electrónica, se deberá dar cuenta a este juzgador para proveer lo conducente. Asimismo, se requiere a la responsable para que al momento de remitir el informe justificado proporcionen su correo oficial en el cual sea factible remitirles comunicaciones posteriores. Por otra parte, desde este momento se faculta proceder en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, en casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, este órgano jurisdiccional podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II del propio artículo. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. En caso de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Asimismo, en caso de que consideren que existen datos personales o sensibles que no deban conocerse por las partes en este juicio, deberán ser testados por la propia autoridad responsable AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del viernes veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, como se aprecia de la siguiente imagen: TERCERO INTERESADO No obstante que el acto reclamado tiene su origen en un juicio laboral, en la especie no le reviste el carácter de tercero interesado a la parte demandada, en virtud de que no se ha llevado a cabo su emplazamiento, esto es, no se ha constituido relación procesal con el mismo, y por tanto, no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.67/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, con registro digital 167160, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). NOTIFICACIÓN A LA(S) AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S) Las notificaciones a las autoridades responsables se practicarán por lista, incluyendo los diferimientos, que puede ser consultada en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp. Lo anterior, con excepción de aquéllas que, por su trascendencia, se le(s) deba(n) notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la ley en cita, esto es, mediante oficio. PRUEBAS La parte quejosa ofreció medios de convicción: 1. La instrumental de actuaciones consistente en todo en el juicio de origen; y, 2. La presuncional en su doble aspecto legal y humano. Se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la prueba señalada en el numeral dos, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 119 de la ley de la materia. En cuanto a la señalada en el numeral uno, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del ordinal 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa. Se tienen por autorizados en los términos que precisa el promovente a las personas que refiere en el proemio de la demanda de amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral en el que comparece la parte trabajadora. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a +++. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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