Keila Elizabeth Meneses Hernández

Expediente 275/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
275/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Keila Elizabeth Meneses Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese el escrito de la quejosa ********************, en atención a su contenido, se acuerda: Como lo solicita se ordena devolver a la parte quejosa el documento que acompañó a su escrito inicial de demanda******************** por tanto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlos, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos correrán la suerte de del presente sumario cuando se efectué la destrucción del mismo. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."

  2. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el acuerdo donde se desechó la demanda de amparo..."

  3. Principal

    "... Visto el escrito de demanda presentada por *****, contra actos del Presidente Municipal de Castillo de Teayo, Veracruz y otra, por violación al derecho fundamental previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 275/2022-V-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo impone el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. De lo anterior se aprecia que en el Estado de Veracruz, las autoridades están obligadas en dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. Sentado lo anterior, si en la especie la parte quejosa reclamó la negativa de dar contestación a su escrito presentado ante las responsables el treinta de marzo de dos mil veintidós, la acción de amparo deviene improcedente, ya que la supuesta omisión atribuida a la autoridad responsable ni siquiera se ha materializado. Lo anterior es así, ya que a la fecha de la presentación de la demanda -diecisiete de mayo de dos mil veintidós (en el buzón judicial)-, no ha fenecido el término de cuarenta y cinco días a que se ha hecho referencia, pues precisamente ese es el día veintinueve de dicho plazo para que la autoridad responsable pudiera dar contestación a su petición; por lo que, es inconcuso que se encontraba transcurriendo el término de cuarenta y cinco días con que cuenta la autoridad para dar respuesta a la petición formulada, aunado a que al ser un procedimiento judicial, no se puede reclamar de manera autónoma el derecho de petición..."

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