Keila Berenice Palacios de la Cruz
Expediente 54/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Keila Berenice Palacios de la Cruz
- Keila Berenice Palacios de la Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
l. Estado procesal de los autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa y al tercero interesado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable sobre la ejecutoria de amparo. El cumplimiento de las sentencias es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, por lo que es procedente pronunciarse si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. ll. Efectos de la concesión del amparo. En principio, se tiene que los efectos para los cuales se concedió el amparo, fueron los siguientes: ".En ese contexto, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y la Actuaria adscrita a dicho juzgado: Emita un acuerdo en el que ordene notificar de manera personal a la demandada, aquí quejosa, para que intervenga, haciendo valer los derechos y defensas que estime convenientes a sus intereses, en las etapas del procedimiento subsecuentes al auto que disolvió el vínculo matrimonial, dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, respetando desde luego su garantía de audiencia. Amparo que se hace extensivo a los actos que se reclamaron de la Actuaria adscrita al órgano jurisdiccional responsable, de manera que dicha autoridad queda constreñida a ejecutar la orden de notificación e intervención del promovente del amparo, en las etapas del juicio posteriores al dictado del auto referido." III. Antecedentes. El veintisiete de mayo del año en curso (fojas 225 a 227), causó ejecutoria la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, por ende, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y la Actuaria adscrita a dicho juzgado. Mediante oficios 1029/2019 y 1032/2019 recibidos el treinta y uno de mayo de este año (fojas 230 a 241), el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande y la Actuario adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, comunicaron que el treinta de mayo del año que transcurre, se dictaron dos acuerdos dentro del procedimiento de divorcio 803/2018; en los que se ordenó lo siguiente: -Primer acuerdo: Se ordenó a la Actuaria que procediera a ejecutar la orden de notificación e intervención de la demandada Keila Berenice Palacios de la Cruz, en las etapas del juicio posteriores al auto del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, que disolvió el vínculo matrimonial. -Segundo acuerdo: Se ordenó a la Actuaria que con las copias simples exhibidas de la demanda de nueve de julio de dos mil dieciocho, signada por el ciudadano Heriberto Berrones Lozoya, previamente selladas y cotejadas, corriera traslado y emplazara a la ciudadana Keila Berenice Palacios de la Cruz. Además, se giró el exhorto 59/2019, al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza, a efecto de emplazar a la demandada aquí quejosa. De las invocadas constancias las autoridades responsables remitieron copia certificada. A lo anterior, recayó el proveído de tres de junio de la presente anualidad (foja 242), en el que se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; quedando notificada personalmente la quejosa por conducto de su autorizado el cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 243), y el tercero interesado el once de junio del año en curso, por medio de la lista de acuerdos (foja 245); sin que hubieren manifestado nada al respecto. IV. Se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el presente asunto, se encuentran cumplidos, ya que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande con sede en esta ciudad, dictó un proveído en el que ordenó a la Actuaria responsable ejecutar la orden de notificación e intervención de la demandada aquí quejosa Keila Berenice Palacios de la Cruz en las etapas posteriores al auto que disolvió el vínculo matrimonial en el juicio de origen. Además, ordenó su emplazamiento para que produzca su contestación si a sus intereses conviniera, respecto de las diversas pretensiones al divorcio hechas valer por la parte actora en su demanda. Por tal motivo, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, archívese este expediente y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. V. Valoración del expediente principal e incidente. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. VI. Devolución de tomo de pruebas. Devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y la Actuario de su adscripción, las documentales que anexaron al requerimiento que se les hizo el veintiséis de marzo de la presente anualidad (fojas 152 y 153), con las cuales se ordenó formar el tomo I de pruebas, tal como se advierte en proveído de dos de abril de ese año (foja 170). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Sáenz Cárdenas, Secretario encargado del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones concedidas a la Secretaria en funciones de Juez por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, autorizada mediante oficio CCJ/ST/3564/2019, de nueve de julio de dos mil diecinueve; asistido del licenciado Francisco Alejandro López Rodríguez, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.MASC/FALR/Jmcc "2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" Oficio Exp. Autoridad responsable: 16885/2019-Jmcc Juicio de amparo 54/2019 Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. 16886/2019-Jmm Juicio de amparo 54/2019 Actuaria Adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad. En los autos del juicio de amparo 54/2019, promovido por Keila Berenice Palacios de la Cruz, por sí y por la menor S.D.B.P, se dictó un auto que a la letra dice: "Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. l. Estado procesal de los autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa y al tercero interesado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable sobre la ejecutoria de amparo. El cumplimiento de las sentencias es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, por lo que es procedente pronunciarse si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. ll. Efectos de la concesión del amparo. En principio, se tiene que los efectos para los cuales se concedió el amparo, fueron los siguientes: ".En ese contexto, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y la Actuaria adscrita a dicho juzgado: Emita un acuerdo en el que ordene notificar de manera personal a la demandada, aquí quejosa, para que intervenga, haciendo valer los derechos y defensas que estime convenientes a sus intereses, en las etapas del procedimiento subsecuentes al auto que disolvió el vínculo matrimonial, dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, respetando desde luego su garantía de audiencia. Amparo que se hace extensivo a los actos que se reclamaron de la Actuaria adscrita al órgano jurisdiccional responsable, de manera que dicha autoridad queda constreñida a ejecutar la orden de notificación e intervención del promovente del amparo, en las etapas del juicio posteriores al dictado del auto referido." III. Antecedentes. El veintisiete de mayo del año en curso (fojas 225 a 227), causó ejecutoria la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, por ende, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y la Actuaria adscrita a dicho juzgado. Mediante oficios 1029/2019 y 1032/2019 recibidos el treinta y uno de mayo de este año (fojas 230 a 241), el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande y la Actuario adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, comunicaron que el treinta de mayo del año que transcurre, se dictaron dos acuerdos dentro del procedimiento de divorcio 803/2018; en los que se ordenó lo siguiente: -Primer acuerdo: Se ordenó a la Actuaria que procediera a ejecutar la orden de notificación e intervención de la demandada Keila Berenice Palacios de la Cruz, en las etapas del juicio posteriores al auto del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, que disolvió el vínculo matrimonial. -Segundo acuerdo: Se ordenó a la Actuaria que con las copias simples exhibidas de la demanda de nueve de julio de dos mil dieciocho, signada por el ciudadano Heriberto Berrones Lozoya, previamente selladas y cotejadas, corriera traslado y emplazara a la ciudadana Keila Berenice Palacios de la Cruz. Además, se giró el exhorto 59/2019, al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza, a efecto de emplazar a la demandada aquí quejosa. De las invocadas constancias las autoridades responsables remitieron copia certificada. A lo anterior, recayó el proveído de tres de junio de la presente anualidad (foja 242), en el que se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; quedando notificada personalmente la quejosa por conducto de su autorizado el cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 243), y el tercero interesado el once de junio del año en curso, por medio de la lista de acuerdos (foja 245); sin que hubieren manifestado nada al respecto. IV. Se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el presente asunto, se encuentran cumplidos, ya que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande con sede en esta ciudad, dictó un proveído en el que ordenó a la Actuaria responsable ejecutar la orden de notificación e intervención de la demandada aquí quejosa Keila Berenice Palacios de la Cruz en las etapas posteriores al auto que disolvió el vínculo matrimonial en el juicio de origen. Además, ordenó su emplazamiento para que produzca su contestación si a sus intereses conviniera, respecto de las diversas pretensiones al divorcio hechas valer por la parte actora en su demanda. Por tal motivo, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, archívese este expediente y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. V. Valoración del expediente principal e incidente. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. VI. Devolución de tomo de pruebas. Devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y la Actuario de su adscripción, las documentales que anexaron al requerimiento que se les hizo el veintiséis de marzo de la presente anualidad (fojas 152 y 153), con las cuales se ordenó formar el tomo I de pruebas, tal como se advierte en proveído de dos de abril de ese año (foja 170). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Marco Antonio Sáenz Cárdenas, Secretario encargado del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones concedidas a la Secretaria en funciones de Juez por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, autorizada mediante oficio CCJ/ST/3564/2019, de nueve de julio de dos mil diecinueve; asistido del licenciado Francisco Alejandro López Rodríguez, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe." (DOS RÚBRICAS ILEGIBLES). Lo que transcribo a Usted para su conocimiento y efectos legales conducentes. Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a 29 de agosto de 2019. A t e n t a m e n t e Lic. Francisco Alejandro López Rodríguez. Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza. "Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. l. Estado procesal de los autos. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa y al tercero interesado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable sobre la ejecutoria de amparo. El cumplimiento de las sentencias es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, por lo que es procedente pronunciarse si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. ll. Efectos de la concesión del amparo. En principio, se tiene que los efectos para los cuales se concedió el amparo, fueron los siguientes: ".En ese contexto, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y la Actuaria adscrita a dicho juzgado: Emita un acuerdo en el que ordene notificar de manera personal a la demandada, aquí quejosa, para que intervenga, haciendo valer los derechos y defensas que estime convenientes a sus intereses, en las etapas del procedimiento subsecuentes al auto que disolvió el vínculo matrimonial, dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, respetando desde luego su garantía de audiencia. Amparo que se hace extensivo a los actos que se reclamaron de la Actuaria adscrita al órgano jurisdiccional responsable, de manera que dicha autoridad queda constreñida a ejecutar la orden de notificación e intervención del promovente del amparo, en las etapas del juicio posteriores al dictado del auto referido." III. Antecedentes. El veintisiete de mayo del año en curso (fojas 225 a 227), causó ejecutoria la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, por ende, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y la Actuaria adscrita a dicho juzgado. Mediante oficios 1029/2019 y 1032/2019 recibidos el treinta y uno de mayo de este año (fojas 230 a 241), el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande y la Actuario adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, comunicaron que el treinta de mayo del año que transcurre, se dictaron dos acuerdos dentro del procedimiento de divorcio 803/2018; en los que se ordenó lo siguiente: -Primer acuerdo: Se ordenó a la Actuaria que procediera a ejecutar la orden de notificación e intervención de la demandada Keila Berenice Palacios de la Cruz, en las etapas del juicio posteriores al auto del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, que disolvió el vínculo matrimonial. -Segundo acuerdo: Se ordenó a la Actuaria que con las copias simples exhibidas de la demanda de nueve de julio de dos mil dieciocho, signada por el ciudadano Heriberto Berrones Lozoya, previamente selladas y cotejadas, corriera traslado y emplazara a la ciudadana Keila Berenice Palacios de la Cruz. Además, se giró el exhorto 59/2019, al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar con residencia en Acuña, Coahuila de Zaragoza, a efecto de emplazar a la demandada aquí quejosa. De las invocadas constancias las autoridades responsables remitieron copia certificada. A lo anterior, recayó el proveído de tres de junio de la presente anualidad (foja 242), en el que se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; quedando notificada personalmente la quejosa por conducto de su autorizado el cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 243), y el tercero interesado el once de junio del año en curso, por medio de la lista de acuerdos (foja 245); sin que hubieren manifestado nada al respecto. IV. Se estima cumplida la ejecutoria de amparo. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo en el presente asunto, se encuentran cumplidos, ya que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande con sede en esta ciudad, dictó un proveído en el que ordenó a la Actuaria responsable ejecutar la orden de notificación e intervención de la demandada aquí quejosa Keila Berenice Palacios de la Cruz en las etapas posteriores al auto que disolvió el vínculo matrimonial en el juicio de origen. Además, ordenó su emplazamiento para que produzca su contestación si a sus intereses conviniera, respecto de las diversas pretensiones al divorcio hechas valer por la parte actora en su demanda. Por tal motivo, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, archívese este expediente y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. V. Valoración del expediente principal e incidente. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. VI. Devolución de tomo de pruebas. Devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y la Actuario de su adscripción, las documentales que anexaron al requerimiento que se les hizo el veintiséis de marzo de la presente anualidad (fojas 152 y 153), con las cuales se ordenó formar el tomo I de pruebas, tal como se advierte en proveído de dos de abril de ese año (foja 170).
- Principal
Queda notificado el tercero interesado por medio de lista del auto de tres de junio de dos mil diecinueve, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto 03/06/2019 Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos los oficios 1029/2019 y 1032/2019, suscritos por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, a través de los cuales informan el cumplimiento dado al fallo protector. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado con los comunicados de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia que se terminó de engrosar el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 178 a 207), en la que se resolvió lo siguiente: ".ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** y a su menor hija S.D.B.P., por las razones expuestas en el sexto considerando y para los efectos señalados en el último de esta sentencia constitucional. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81 fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. II. Se requiere cumplimiento. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento al amparo otorgado. En el entendido que la concesión del amparo fue para los efectos siguientes: ".En ese contexto, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad y la Actuaria adscrita a dicho juzgado: ? Emita un acuerdo en el que ordene notificar de manera personal a la demandada, aquí quejosa, para que intervenga, haciendo valer los derechos y defensas que estime convenientes a sus intereses, en las etapas del procedimiento subsecuentes al auto que disolvió el vínculo matrimonial, dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, respetando desde luego su garantía de audiencia. Amparo que se hace extensivo a los actos que se reclamaron de la Actuaria adscrita al órgano jurisdiccional responsable, de manera que dicha autoridad queda constreñida a ejecutar la orden de notificación e intervención del promovente del amparo, en las etapas del juicio posteriores al dictado del auto referido." III. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dieron cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 , de la Ley de Amparo. En el entendido que la multa especificada en párrafo que antecede, es la cantidad mínima prevista en el citado artículo 258 de la ley de la materia; sin que obste a lo anterior que dicho numeral haga referencia a días de salario mínimo, y la multa se imponga en medidas de actualización, pues tal circunstancia obedece precisamente a la entrada en vigor del Decreto mencionado en el párrafo que antecede, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición jurídica que emane de ellas, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización; sin que pueda el salario mínimo ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Asimismo, se les informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberán realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. En apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), visible en la página diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, Registro: 2007918, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Así como la jurisprudencia 2ª./J.9/2016(10ª), visible en la página ochocientos treinta y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Décima Época, Registro 2010987, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Lo anterior, para que este Órgano de Control Constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento al fallo protector.
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