Kaylles Izabel Machado Porto

Expediente 961/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
961/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Yuneidi Porto Céspedes
  • Kaylles Izabel Machado Porto
  • César Israel Bautista Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.********************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por ******************** ********************, en representación de ******************** ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. ********************Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. ********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. ********************Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 961/2022, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y recibido por el Secretario de guardia de este órgano jurisdiccional, César Israel Bautista Gómez, en representación d********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos que más adelante se precisaran, del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, Veracruz. SEGUNDO. Admisión. Mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se decretó la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que cesaran, o no se llevara a cabo actos que pudieran tener como resultado la deportación o expulsión del país del quejoso, y se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 12 a 20). TERCERO. Trámite. En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a los quejoso ratificando la demanda de amparo promovido a su favor; una vez agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 42 y 43); así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito vía oficio, cuyo acuse de recibo de dicha parte corre agregado a foja treinta y cuatro; consecuentemente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido por los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 33, 35, 36, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con punto cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mismo año. Por la vía, en virtud de que se reclaman actos que pueden afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de libertad del quejoso, así como la orden de deportación, expulsión o repatriación del país emitida por autoridad administrativa, impugnable en amparo indirecto; la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, y actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y, por territorio, atento a que los actos aquí reclamados conllevan ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama en esta instancia: a.- El aseguramiento, alojamiento, detención y privación ilegal de la libertad. b.- Deportación, expulsión o repatriación y su ejecución fuera de procedimiento. c.- La omisión de coadyuvar en la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los quejosos. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de los expedientes números ********************, que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado y en cumplimiento a la suspensión de plano decretado, de las cuales se advierte lo siguiente: Que mediante acuerdos de inicio de doce de octubre de dos mil veintidós, el Sub Representante Federal OR Veracruz en Representación Local del Instituto Nacional de Migración con adscripción a la oficina de representación de Veracruz, inicio los procedimientos administrativos de migración ******************** y ********************, a fin de resolver la situación migratoria d********************, respectivamente, con motivo de que el Titular de la Célula III-1 Córdoba del Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, los puso a disposición bajo custodia, resguardo y a disposición de esa representación social, y al no acreditar su estancia regular en el territorio nacional (fojas 45 a 48, 51 a 54, 79 a 82). En la misma fecha, en ambos procedimientos migratorios se levantó la comparecencia de los extranjeros quejosos, en la cual se les hizo del conocimiento que tienen derecho a comunicarse con su representación consular y ser asistido o representado por la persona que designen, a lo que en dicho acto ambos quejosos manifestaron su deseo de ser asistidos por persona de su confianza, sin nombrar alguna en ese acto; asimismo, se les notificó que tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados o la determinación de apátrida, el derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133, 134 de la Ley de Migración, solicitar el retorno asistido a su país de origen, interponer recurso en contra de las resoluciones que emita ese instituto, ofrecer las pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a lo que ambos manifestaron que quieren regresar a su país de origen y que no solicitan el trámite de solicitud de refugiados ante la COMAR. Consecuentemente, en los respectivos procedimientos administrativos, la autoridad migratoria mediante acuerdos de presentación de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, procedió a determinar el alojamiento temporal a los extranjeros de nacionalidad cubana, con el carácter de presentados, al encuadrar su conducta en lo establecido en los artículos 68, 79, 98, 99, 100 y 104 fracción I, de la Ley de Migración, al no acreditar con documento alguno su regular estancia. Por acuerdos de salida de fecha el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictados en los expedientes migratorios números ******************** y ********************, la autoridad responsable determinó en cumplimiento a la suspensión de plano decretado en el presente juicio de amparo, conceder a los quejosos de nacionalidad cubana la salida de la estancia provisional B de Veracruz, en la que se encuentran alojados, para que continúen con su procedimiento administrativo migratorio en libertad; por lo que dejó en suspenso el acuerdo de presentación dictado en dichos procesos migratorios; quedando en la misma fecha notificados los peticionarios de amparo del contenido de dicha resolución. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. De lo expuesto, y del contenido del informe se advierte que la autoridad administrativa refiere que los quejosos se encuentran dentro de un procedimiento administrativo migratorio sustanciado ante la misma, sin que haya emitido orden de aseguramiento, alojamiento, detención, privación ilegal de la libertad, deportación, expulsión repatriación o cualquier otro acto fuera del procedimiento administrativo migratorio. Además, señala que, por comparecencia de los quejosos en cada uno de los procedimientos administrativos, manifestaron su deseo de regresar a su país y que no deseaban solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, como se advierte de las constancias que obran a fojas cuarenta y seis, cuarenta y siete, cincuenta y dos y cincuenta y tres de autos. Entonces, previo a la presentación de la demanda de amparo indirecto (veinticinco de octubre de dos mil veintidós) en ningún momento la autoridad responsable había emitió acto de molestia fuera de procedimiento, en virtud de que ambos quejosos fueron puestos a disposición de esa autoridad migratoria, la cual ordenó el alojamiento temporal en calidad de presentados de ambos quejosos, e inicio un procedimiento administrativo para resolver su situación migratoria, al no acreditar con documentación alguna su regular estancia en el país. Es más, como se advierte de las constancias, el procedimiento administrativo aún no se ha resuelto, por lo que la autoridad responsable no ha emitido acto de deportación, expulsión o repatriación del país; pues lo cierto es que con fecha veinticinco de noviembre del año pasado, concedió a los quejosos de nacionalidad cubana la salida de la estancia provisional B de Veracruz, en la que se encuentran alojados, para que continuaran con su procedimiento administrativo migratorio en libertad, por lo que dicho procedimiento continúa vigente. De igual modo, la responsable no se ha abstenido de coadyuvar a los extranjeros quejosos en el reconocimiento de refugiados, no obstante, de hacerles del conocimiento de ese derecho, los mismos manifestaron no solicitar el trámite de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; por lo que dicha omisión es inexistente. Aunado a lo anterior, de autos se advierte que tanto el informe como las constancias que anexo al mismo, así como aquellas remitidas con posterioridad, las cuales se dejó a vista a la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna desvirtuara su negativa. De igual forma, no existe en el presente juicio constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dicho acto reclamado, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. De lo expuesto, y tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de la mencionada autoridad, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que le atribuye; lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************contra la autoridad precisada en el resultando primero, por el acto establecido en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la presente sentencia, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos "A" del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en Veracruz, Veracruz y en atención a su contenido, así como que el juicio de amparo 961/2022, se celebró la audiencia constitucional el siete de diciembre de dos mil veintidós, y a la fecha se encuentra en estudio a fin de dictar la sentencia correspondiente, se ordena formar cuaderno de antecedente; y por tal motivo, agréguese sin mayor trámite el oficio de cuenta, y una vez que se dicte dicho fallo, glósese a los autos del expediente original, sin necesidad de previo acuerdo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos se advierte que en el auto de admisión de veinticinco de octubre de la presente anualidad, se reservó de acordar sobre la admisión de las documentales en vía de informe ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado el presente juicio de amparo. En ese contexto, al haber acontecido lo anterior, el suscrito provee: Dígasele a la parte quejosa que se desechan dichos medios de prueba, ya que la probanza ofrecida consiste en "documentales en vía informe" a cargo de la autoridad responsable que plantea la parte quejosa vinculados con los actos reclamados, virtualmente se traducen en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "DOCUMENTAL VÍA INFORME DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA CONFESIONAL POR POSICIONES PROSCRITA POR LA LEY DE AMPARO. La nota distintiva entre las pruebas testimonial y confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece; si la ofrecida versa sobre la declaración de un tercero, a través de una serie de cuestionamientos sobre hechos que le constan, debatidos en el juicio, se estará ante la presencia de una prueba testimonial; por el contrario, la declaración de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una prueba confesional por posiciones. Por ende, la probanza ofrecida en el juicio de garantías, consistente en la "documental vía informe" a cargo de una autoridad responsable, mediante la respuesta a una serie de cuestionamientos que plantea la parte quejosa vinculados con los actos reclamados; virtualmente se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo." Además, procede el desechamiento de las pruebas documentales ofrecidas, relativas a que las mismas se recaben de la autoridad responsable, toda vez que no justifica haberlas solicitado de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley de Amparo. No es obstáculo a tal determinación el hecho de que la parte oferente aduzca que las documentales ofrecidas obran en el archivo de la autoridad responsable, pues la facultad de todo juzgador de recabar de oficio pruebas o las constancias del informe justificado, o de citar hechos notorios (para el suscrito) en modo alguno releva a las partes de sus cargas probatorias, y en ese sentido, si dichas documentales han estado a su entera disposición para pedir copias certificadas de las mismas, y la parte oferente no justifica haber solicitado su obtención, no existe razón alguna para que este juzgado obtenga de manera oficiosa constancias que las partes pretenden y deben aportar por ellas mismas como sustento a sus pretensiones; ello, al margen, de que tampoco se releva a la responsable de la necesidad de que respalde con constancias su informe justificado, o que, de estimarlo necesario, se lleguen a recabar mayores constancias de oficio. Notifíquese en términos de ley.

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