Katyana Ruíz López
Expediente 264/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2018
Partes del expediente
- Katyana Ruíz López
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de abril de dos mil dieciocho. Visto, el oficio del Secretario General de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual acusa recibió del diverso 3594/2018, así como de la recepción del toca ********************. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante, Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto, el oficio de cuenta signado por la ********************, mediante el cual solicita copia simple del acuerdo dictado el veintidós de febrero del año en curso, en el presente juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídasele a su costa la reproducción que solicita, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para constancia.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:....Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite por legal incompetencia, el original del oficio Amp/284-A/2017 en el que el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad rinde su informe justificado, Toca 181-A-2C01/2017 que contiene anexas copias certificadas del expediente 903/2016, constancia de emplazamiento del tercero interesado y original y copias del escrito de demanda promovida por Katyana Ruíz López, contra actos de la Segunda Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Al efecto, se acuerda: De conormidad con los artículos 45, fracción II, 46, fracción II, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince y catorce de marzo de dos mil dieciséis, SE ACEPTA LA LEGAL COMPETENCIA declinada; fórmese el expediente respectivo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 264/2018-III; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acúsese recibo de estilo. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama de la Segunda Sala Regional Colegiado en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "La resolución de once de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca 181-A-2C01/2017, mediante la cual se declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada en el juicio ordinario mercantil número 903/2016.. En el contexto anterior, oficiosamente, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVlII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Correlativo a lo anterior, el artículo 6º de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6° de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, es quien se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. Por consiguiente, es evidente que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En el caso particular, la impetrante de amparo señaló como acto reclamado la resolución de once de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca 181-A-2C01/2017, mediante la cual se declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada en el juicio ordinario mercantil número 903/2016, sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, serán aquellos en los que el órgano a favor del cual se decline competencia y este la ACEPTE, será hasta en ese momento y no antes, cuando se produzca la afectación PERSONAL Y DIRECTA, lo que en el caso no acontece, pues la responsable, al emitir la sentencia impugnada en esta vía, declinó competencia al Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, para que remita los autos del juicio natural al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que este se sirva turnar los autos al Juez correspondiente y sea este quien continúe y concluya el juicio, dejando a salvo los derechos de las partes para la sustentación del mismo, bajo esa tesitura, es que este Órgano Jurisdiccional determina que a la fecha no se ve directamente afectada la esfera jurídica de la aquí quejosa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época, Registro: 2009721, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, al surgir a la vida jurídica de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Rolando Hernández Alegría, y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Roberto Carlos Avendaño Hernández, Jorge González Ocaña, Flor de Guadalupe Pérez Méndez, Valeria Guadalupe Cruz Castillo y Jorge González Ballinas, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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