KATYA PAMELA RIVERA SANCHEZ y Otros.

Expediente 249/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
249/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Katya Pamela Rivera Sanchez
  • KATYA PAMELA RIVERA SANCHEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...Se advierte que las partes legítimas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    ... TERCERO. Certeza del acto reclamado identificado. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, manifestaron que es cierto el acto que se le reclama. Asimismo, la existencia de tal acto se corrobora con las copias certificadas allegas por estas en apoyo a su informe justificado, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, deben ser analizadas de oficio, o bien, las que hagan valer las partes, al tratarse de cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Jurisprudencia del Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 153, tomo VI, primera parte, materia común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995 Lo anterior con apoyo además en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, número 1a./J. 3/99, impresa en la página trece, del Tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por identidad, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso en estudio, y atendiendo de igual manera las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa mediante escrito recibido el pasado diecinueve de los actuales, se advierte de oficio la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción XXI, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al solicitante de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado amparo y protección de la Justicia de la Unión; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular 2 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, registro electrónico 193758. que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la responsable de dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el pasado veintiocho de agosto del año en curso. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante determinación de veintiuno de septiembre del año en curso, la autoridad responsable acordó lo conducente en relación al escrito presentado por la quejosa. En ese contexto, es inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar lo correspondiente en relación a su escrito presentado ante su potestad el veintiocho de agosto de la presente anualidad, han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO. Corolario a lo anterior, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. 3 Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos ochenta y siete, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, cuyo rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." QUINTO. Transparencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Katya Pamela ***** por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales ******. y ******., respecto del acto y autoridades que se precisan en el resultando primero de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el decisorio cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública sin supresión de los datos personales de la parte quejosa, en términos del considerando último del presente fallo.

  3. Principal

    ...Se advierte que el plazo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, aún no fenece. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional de hoy; y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Finalmente, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, el cual será relacionado en la audiencia constitucional en la que se determinará lo conducente en torno a las mismas al dictar resolución en el presente juicio.

  4. Principal

    SE agrega a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, con residencia en esta Ciudad, en el sentido de que es cierto el acto que de ella se reclama. Con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas las documentales públicas ofertadas por la autoridad oficiante como complemento a su informe justificado; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional en términos del artículo 124 del ordenamiento legal en cita.

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