Katya Guadalupe Núñez Garzón
Expediente 3398/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3398/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/02/2019
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público adscrito
- Katya Guadalupe Núñez Garzón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, se provee: téngase por recibido el oficio enviado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Jalisco "2", del Servicio de Administración Tributaria, y en atención a lo que solicita, se provee: remítasele copia simple de las constancias que indica, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el domicilio que refiere.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos; de los que se advierte que en proveído de cuatro de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsables, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copia certificada de un recibo de pago y de la credencial de elector del quejoso, y solicitó se tuviera por cumplida la sentencia ejecutoria de amparo. Con el citado oficio y anexos, se ordenó correr traslado a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de acuerdo con las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. Dicha determinación se ordenó que se notificara personalmente a la parte quejosa; sin embargo, en atención a la razón actuarial de quince de octubre siguiente, en el sentido de que no fue posible notificar al quejoso el diverso acuerdo de veinticinco de septiembre último, porque al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, entendió la diligencia con una persona del sexo masculino, quien dijo responder al nombre de Carlos Cárdenas Torres y ser encargado de recibir las notificaciones de los despachos 1006 y 1007, del que describió su media filiación e informó: "que efectivamente es el domicilio que busco, que no conoce al quejoso, ni autorizados, que los abogados que antes rentaban dichos despachos, se cambiaron, que ellos tienen aproximadamente tres meses que rentan dichos despachos, y que no me puede recibir ningún documento oficial que vaya dirigido a dichas personas." Ante esa circunstancia, por acuerdo de dieciséis de octubre del año en curso, se ordenó que tanto el auto de veinticinco de septiembre, del presente año, como los subsecuentes, se notificaran por medio de lista, hasta en tanto se señalara domicilio procesal, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. De esa forma se notificaron a la parte quejosa los acuerdos de cuatro y diecinueve de octubre último, según se advierte de la constancia agregada en la foja 399 del expediente de amparo. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó la vista, que se la dio con las constancias remitidas por la autoridad responsable y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que: por sentencia de once de octubre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Guillermo Rentería Gil, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, cuyos efectos consistieron, esencialmente, en que realizara las gestiones necesarias y en forma inmediata le pagara $1,338,914.82 (un millón trescientos treinta y ocho mil novecientos catorce pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional), por concepto de haber de retiro. Inconformes con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en sesión de veintitrés de marzo del año en curso, dictó sentencia, de cuyos resolutivos se observa que, en la materia de la revisión, confirmó la resolución recurrida y otorgó al quejoso el amparo solicitado, contra los actos y para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Por auto de dos de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el testimonio de referencia y se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. Por auto de veinticinco de septiembre del presente año, se tuvo a la Delegada de las autoridades responsables del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, exhibiendo copia simple de un recibo de pago y, por ende, se estableció que carecía de eficacia probatoria para demostrar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y por ello, se volvió a requerir a las autoridades responsables para que exhibieran dichas constancias en copia certificada. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a la citada Delegada de las autoridades responsables exhibiendo copia certificada de las referidas constancias, sin embargo, con las cuales se ordenó correr traslado a la parte quejosa; ante la imposibilidad asentada por el Actuario de la adscripción en la diligencia de quince de octubre siguiente, tales determinaciones se notificaron, por medio de lista, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Luego, del citado recibo de pago exhibido en copia certificada por la Delegada de las autoridades responsables, se puede observar que el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa recibió por parte de dicho ente jurídico la cantidad de $1,338,914.82 (un millón trescientos treinta y ocho mil novecientos catorce pesos con ochenta y dos centavos, moneda nacional), por concepto de pago total del haber de retiro. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto y que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resuelva el recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables contra el acuerdo de trece de septiembre del presente año, que hizo efectivo el apercibimiento de veintidós de agosto pasado e impuso a cada una de las autoridades responsables sendas multas por su desacato en el cumplimiento del fallo protector, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Por otra parte, ténganse por recibidos y agréguense a sus autos, para los efectos legales a que haya lugar, los oficios signados por el Administrador y Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Jalisco "3" y "1", ambos del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales remiten copia certificada de las constancias con las que justifican que las autoridades responsables, Ricardo Suro Esteves e Irma Leticia Leal Moya, cubrieron el importe de las multas que se les impusieron por la demora en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento del órgano colegiado que conoce del aludido recurso de queja, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.
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