Katia Mariana Gutiérrez Herrera
Expediente 167/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Katia Mariana Gutiérrez Herrera
- Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental; sin embargo, por lo que respecta a los actos que consistieron en la incomunicación, malos tratos y detención que se adujo sufría la directa quejosa, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las trece horas con diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 167/2019-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. El Secretario en funciones de Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta con el escrito inicial de demanda, con el informe justificado rendido en representación de las autoridades responsables, y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Secretario en funciones de Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y del Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, adjuntó a su informe justificado. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan por su propia naturaleza; con lo anterior se cierra este período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con el alegato ministerial 129/2019 de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone solicita se niegue o se sobresea el presente asunto. En atención a lo cual el Secretario en funciones de Juez acuerda: se tienen por formulados los citados alegatos, para ser tomados en consideración en su oportunidad, con lo cual se concluye la fase de referencia. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 167/2019-II promovido Ángel Iván Novelo Solís a favor de Katia Mariana Gutiérrez Herrera (nombre correcto y completo), contra de actos del Secretario y Subsecretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por violación a los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Ángel Iván Novelo Solís solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Katia Mariana Gutiérrez Herrera en contra de los actos que reclamó del Secretario y Subsecretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que hizo consistir en: la detención, malos tratos e incomunicación. Segundo. Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano por lo que refiere a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, consistentes en la detención, malos tratos e incomunicación. Tercero. Admisión de la Demanda. Por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó sus correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, previos diferimientos, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se realizó al tenor del acta que antecede. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, por acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado advirtió la participación de una diversa autoridad responsable, siendo ésta el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado, corresponde a dicha autoridad calificar el arresto que motivo la detención, por tanto, se le requirió a la parte quejosa para que dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, manifestara si señalaba como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el siete de febrero de dos mil diecinueve por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se resolvería únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas en la demanda de amparo como responsables. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte quejosa en acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, por lo que no se tiene por ampliada la demanda de amparo por la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el siete de febrero de dos mil diecinueve por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al no hacer manifestación alguna la parte quejosa en el presente asunto, por lo que se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas en la demanda de amparo como responsables. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la detención, malos tratos e incomunicación. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Respecto de los actos reclamados a las autoridades Secretario y Subsecretario ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, el Director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de dichas autoridades, al rendir el informe justificado negó la existencia de los actos que se les reclaman consistentes en los malos tratos e incomunicación de la directa quejosa. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, Respecto a la detención reclamada, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que la parte quejosa fue omisa en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió en contra de la directo quejoja la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado consistente en la detención de la directo quejosa, la cual se derivó de una sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas que le fue impuesta por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior es así, en razón de que de las constancias que adjunto a su informe justificado la autoridad referida en el párrafo que antecede en representación del Secretario y Subsecretario, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el que le impuso a la directa quejosa una sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas; sin embargo, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de seis de marzo del año en curso, dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda de amparo, ésta se abstuvo de realizar manifestación alguna al respecto, por lo que se tuvo por precluido su derecho para hacerlo en la presente resolución, por lo que se resuelve el presente juicio de amparo únicamente por las autoridades y por los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Consecuentemente, tal actuación no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputada a la autoridad que realmente la emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe la detención reclamada derivada de una sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, también lo es, que no es procedente analizar su legalidad al no haber sido señalada como autoridad responsable la autoridad que la emitió. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Iván Novelo Solís a favor de Katia Mariana Gutiérrez Herrera, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término que se dio a la directa quejosa por acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, para que precise si es su deseo señalar como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el siete de febrero de dos mil diecinueve, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las trece horas con diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial número 129/2019 signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza los alegatos correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en este asunto. En atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el pedimento de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
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