Katia Jazmin Pacheco Castro
Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Katia Jazmin Pacheco Castro
- Gobernador del Estado de Nuevo Leon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este asunto; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda de amparo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito y anexo con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica de **********, asesor jurídico de la quejosa ******; en el que da contestación a la vista otorgada en auto de dieciséis de febrero del año en curso. Causa de improcedencia. En tal virtud, se levanta la reserva decretada en auto de dieciséis de febrero del año en curso, y al efecto se provee: En seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia 2. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. En efecto, como se aprecia de la demanda de garantías y escrito aclaratorio la parte inconforme acude a reclamar la orden de traslado del Centro de reclusión del Centro de Reinserción Social Femenil Escobedo en Nuevo León en que se encontraba recluida al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, con sede en Coatlán del Río; sin embargo, no agotó el principio de definitividad antes de acudir a la vía constitucional, pues tal acto es susceptible de resolverse ante el Juez de Ejecución Penal, como se explicará a continuación. La quejosa se encuentra recluida actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos. Por lo que en observancia al principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto donde pretendan reclamarse actos relacionados con las condiciones de internamiento, la promovente soporta la carga procesal de agotar los mecanismos de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, por considerar que bajo el actual marco constitucional, corresponde a los jueces especializados en esa materia, el conocimiento primordial de este tipo de cuestiones. Además, que de conformidad con los artículos 51, 52, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado de una persona privada de libertad se considera, en dicha legislación, como una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal. En ese sentido, cuando el acto reclamado se trata del traslado de un centro de reclusión en el que la quejosa se encontraba privada de su libertad a otro donde actualmente ya se encuentra, dicho traslado se debe de considerar como una condición de internamiento susceptible de control por parte del juez de ejecución penal. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ha emitido jurisprudencia 1ª./J. 79/2018 (10ª.), que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." De lo que se sigue que la persona privada de su libertad debe agotar previamente la instancia correspondiente ante el juez de Ejecución Penal, sin lo cual sería improcedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece los procedimientos a observar en tratándose de traslados y diversas inconformidades de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Al respecto, en lo que interesa, se establece: "Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I.- En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II.- En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III.- En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. En el caso de traslados internacionales, será competente el Juez de Ejecución con jurisdicción en los Centros Penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o, en su caso, el de la jurisdicción donde se hubiere dictado la sentencia correspondiente, a elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se establezca en el tratado aplicable. Las mismas reglas de competencia se observarán en relación con las personas inimputables sujetas a medidas de seguridad en los establecimientos previstos en la ley". Esto es, le corresponde al Juez de Ejecución de Penas autorizar el traslado de los internos a diverso centro penitenciario; por tanto, es inconcuso que la controversia respecto a dicho traslado debe plantearla ante tal autoridad, en la jurisdicción en que se encuentra recluida. Por lo que hace al trámite de las controversias, la referida ley de ejecución penal establece los mecanismos para que los internos las formulen, a saber: "Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales (.)". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. (.) Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada". Así, de una interpretación literal de los citados preceptos legales, se evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, puede ser modificado, revocado o nulificado, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente. En el caso, los artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen un medio de control sobre las decisiones que tome el personal que labora en los centros penitenciarios o, inclusive, sobre los traslados, al poder ser revisados en controversia por el Juez de Ejecución que resulte competente. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que la justiciable se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante Juez de Ejecución Penal, puede subsanarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía. Asimismo, se considera que la quejosa debía acudir en controversia ante el Juez de ejecución, porque no existe alguna excepción legal que lo exima de tal obligación, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula el citado medio de impugnación en contra del acto aquí reclamado no exige mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, así se aprecia de lo dispuesto por los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: "Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto". Como se puede ver, la ley de ejecución invocada establece la suspensión del acto reclamado, la cual no requiere mayor trámite que el establecido en la Ley de amparo, la cual se puede conceder de oficio o a petición de parte, sin importar si se trata de un caso urgente o no. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de amparo, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, máxime que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. En relación a ello, el transcrito artículo 116 de la invocada ley de ejecución, establece que la controversia ante juez de ejecución es procedente, entre otros casos, respecto al plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo (como lo sería el lugar en que compurgue su sanción), que impliquen violación de derechos fundamentales; por tanto, aún en el supuesto de que el acto que reclama la quejosa implicara afectación de derechos primarios, es procedente la controversia ante el referido funcionario judicial, pues la celeridad de su tramitación (setenta y dos horas) resulta más benéfica para la peticionaria. Atendiendo a lo anterior, es indudable que, aún de admitir la demanda y solicitar informes a las autoridades señaladas como responsables, se llegaría a la misma determinación de improcedencia del juicio de amparo, al no agotarse el medio de defensa ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene apoyo lo anterior, la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos y contenido siguiente: "Registro digital: 2023736 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513 Tipo: Jurisprudencia "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Así como la tesis emitida por el propio cuerpo colegiado del máximo Tribunal del país, que se cita: "Registro digital: 2023190 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506 Tipo: Aislada ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS DE QUE SE TRATA. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), visible en página 1241, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de localización electrónica (antes IUS) 2002861, de rubro: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES". Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a su asesor jurídico.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda la cédula de notificación personal practicada a la quejosa ********************, el veintiuno de los actuales, en la que asentó: "solicito una llamada telefónica con el acesor (sic) para poder hablar (sic) con el sobre el proceso de Amparo". Al respecto, dése vista al licenciado ******************** asesor jurídico oficial designado, quien aceptó y protestó el cargo el catorce de los corrientes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente al Asesor Jurídico de la quejosa.
- Principal
CITATORIO. Por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, se notifica al asesor juridico de la parte quejosa el auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que en su síntesis dice: Cuernavaca, Morelos; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda la cédula de notificación personal practicada a la quejosa ********************, el veintiuno de los actuales, en la que asentó: "solicito una llamada telefónica con el acesor (sic) para poder hablar (sic) con el sobre el proceso de Amparo". Al respecto, dése vista al licenciado ******************** asesor jurídico oficial designado, quien aceptó y protestó el cargo el catorce de los corrientes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente al Asesor Jurídico de la quejosa.
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