Katia Carolina Monroy Heredia
Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Katia Carolina Monroy Heredia
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del indicado numeral, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito de María del Carmen Prado Lemus, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, recibido ayer, con el que pretende dar cumplimiento a la prevención hecha a su representada en auto de diecisiete de abril del año en curso. Se dice lo anterior, toda vez que la ocursante únicamente es autorizada de la nombrada peticionaria del amparo; por lo que, al no desahogar dicha prevención la directa quejosa, no es jurídicamente posible tenerla por cumplida, pues es a la impetrante del amparo a quien en forma personal le corresponde desahogarla, al habérsele exigido que fuera "bajo protesta de decir verdad". Esto es, incumbe actos personalísimos de la directa quejosa, siendo, por tanto, ésta la única que puede realizarlo. Aunado a que, los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial ni contar con las facultades de un apoderado, lo que en el caso no se actualiza. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10a.), Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 210 y Registro: 2007285, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". En consecuencia, se tiene por aún no cumplido el requerimiento realizado, por lo que deberá estarse a lo acordado en el referido auto de diecisiete de los corrientes. Sin que sea el caso hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término que se le concedió para que cumpla debidamente con la prevención de que se habla, el cual comenzó a computarse legalmente el día de hoy y fenecerá el veintiséis siguiente. Mismo plazo que ni siquiera se suspendió con la presentación del escrito de cuenta, ya que esto aconteció un día anterior al inicio del primer día del cómputo legal, según el sello estampado por la oficialía de partes común a los Juzgados de Distrito, quedándole por tanto, los cinco días hábiles para dar debido acatamiento a lo aquí ordenado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182,896, del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el sobre que contiene el oficio 5478/2023-V-B, dirigido a la autoridad responsable Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con sede en la Ciudad de México, que devuelve el Servicio Postal Mexicano, por "cambio de domicilio". Por tanto, se ordena a la Oficialía de Partes de este Juzgado reenviar el aludido oficio al domicilio actual de la mencionada responsable, para los efectos legales precisados en los mismos. Notifíquese y cúmplase.
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