Kathya de la Fuente López
Expediente 237/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Kathya de la Fuente López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de marzo de este año, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin embargo fue omisa en manifestar respecto de los diversos quejosos .... Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente que sea notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE. Téngase por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, del que se advierte que el seis de marzo del año en curso, se pronunció respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los autos del juicio laboral de origen 636/2018. Lo que se corrobora con las documentales que anexó como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada del proveído de seis de marzo del año en curso, emitido dentro de los autos del expediente 636/2018 del índice de la responsable; mismas que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°. En tales condiciones, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- La omisión de la autoridad responsable de pronunciarse en la audiencia celebrada en esta propia fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y la fecha para su desahogo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 879 fracción IV y 883 de la Ley Federal; omisión que resulta violatoria de los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, pro persona y de acceso a la justicia pronta y expedita". En efecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; ello, porque el seis de marzo del año en curso, dentro de los autos del expediente laboral 636/2018, se advierte que la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente, en el que admitió las pruebas ofrecidas por las partes señalando fecha para su desahogo, determinación que constituye el acto reclamado en el presente sumario. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto en atención a lo siguiente: Establecen los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la literalidad de los preceptos reproducidos se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Pues el sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así las cosas, conviene precisar que la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, debe decirse que si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la omisión de proveer respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en los autos del expediente laboral 636/2018, de ahí que se considere la cesación del acto; lo anterior, se patenta en el comunicado de cuenta los que contiene la transcripción del proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve, documental a la cual se concede pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Por tanto, es indudable que han cesado sus efectos el auto de autoridad demandado en este asunto, por haber sido destruida en forma total la afectación que se podría generar a la parte quejosa, de modo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes del acto autoritario, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada por el peticionario del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada número CL/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la adscripción y terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Por recibido el escrito de... mediante el cual contesta el requerimiento formulado mediante proveído de veintisiete de febrero del año en curso; ahora bien, advirtiéndose que la firma que aparece al calce del mismo, resulta notoriamente distinta a la que obra en el escrito inicial de demanda; en tales condiciones, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, requiérase a la parte quejosa en comento, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado de distrito, con documento oficial que lo identifique, a ratificar la firma que calza en el ocurso de cuenta. Asimismo, advertido de las penas en que incurre, en términos del artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal y del numeral 261, fracción I, de la Ley de Amparo, a quien faltare a la verdad, a ser interrogado por autoridad judicial. Bajo el apercibimiento de que en caso de no comparecer en término concedido, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución emitida por Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, con motivo del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables en contra de la sentencia dictada en autos y, los autos originales del juicio; acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes, así como a las autoridades responsables por medio de oficio, que al substanciar dicho recurso, la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo número 993/2017, por la Juez Primera de Distrito en la Laguna. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO para los efectos precisados en el último considerando de este fallo". En tales condiciones y como lo ordena la superioridad, se repone el procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 115 de la ley de la materia, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario, el resto destrúyanse por ser copias simples. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la citada superioridad, se deja insubsistente la audiencia constitucional y se repone el procedimiento en el juicio de amparo. Por lo que, pídanse a las responsables rindan sus informes justificados dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dichos informes, se harán acreedoras a una multa equivalente a... esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con la prevención de que en caso de ser omisas al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad y autoridades responsables.
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