Kathleen Lynn Carroll

Expediente 776/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
776/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Kathleen Lynn Carroll

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiuno de septiembre del presente año por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derecho, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 776/2018-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito afirma que en relación a los actos reclamados por la parte quejosa se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso o quejosos. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Por el criterio jurídico que contiene resulta ilustrativa la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 28, volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista como hecho notorio los autos el juicio de amparo 581/2013-IV del índice de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", del que se obtienen los siguientes datos: a) Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, **********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y el acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato. Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México. Dirección del Registro Público de Derechos de Agua, con residencia en Guadalajara, Jalisco. ACTO RECLAMADO "1. De la primera autoridad, señalo como acto reclamado la omisión en emitir el título de concesión de aguas nacionales del subsuelo debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua a mi nombre, que sería la respuesta definitiva a mi solicitud de transmisión de derechos parcial con relocalización respecto del título de concesión número 08GUA116509/12AMDL07 presentada ante dicha autoridad el día 5 de Enero de 2011 y recaída bajo el número de folio 0002 y expediente GUA-L-0002-05-01-11-S. 2. Del Gerente y Director del Registro Público de Derechos de Agua, señalo como acto reclamado la omisión en llevar a cabo la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua respecto del Título de Concesión número 08GUA116509/12AMDL07 a mi nombre, correspondiente a la solicitud número 0002 de fecha 5 de Enero de 2011 y expediente GUA-L-0002-05-01-11-S, se le reclama a las dos autoridades en el Registro Público de Derechos de Agua la inscripción del título de concesión sin tener conocimiento la cual de las dos corresponde inscribirla, ya que de manera indistinta la Dirección Local Guanajuato, envía a estas dos autoridades los títulos de concesión para su inscripción y en ocasiones intervienen estas dos autoridades." b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de tres de julio de dos mil trece, se admitió a trámite bajo el número 581/2013-IV. c) Seguidos los trámites, mediante sentencia de uno de agosto de dos mil trece, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, contra la omisión que reclamó del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad. d) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Titular de la Unidad Jurídica en representación del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio BOO.E.52.0.1/1628, al cual adjuntó copia certificada del diverso BOO.E.52.1.1/006082, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, mediante el cual informó a la quejosa la determinación del Registro Público de Derechos de Agua respecto a la negativa de la inscripción del título de concesión 08GUA123439/12AMDL13 (emitido con motivo de la resolución BOO.E.52.1.1/000441), así como la constancia de su notificación. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: - **********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades responsables y omisiones siguientes: Autoridades responsables: Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato. Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México. Director del Registro Público de Derechos de Agua del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Omisión reclamado: "A).Del Director Local Guanajuato, la omisión de notificar el título de concesión 08GUA123439/12AMDL13, derivada de mi solitud de Transmisión de Derechos Parcial y definitiva, con relocalización, ingresada bajo el expediente GUA-L-0002-05-01-11-S. B) Del Gerente del Registro Público de Derechos de Aguas de la Comisión Nacional del Agua y/o del Director del Registro Público de Derechos de Agua, del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, la omisión de registrar el título de concesión 08GUA123439/12AMDL13." Bajo esas premisas, los requisitos anteriormente precisados para que se actualice la causal de improcedencia de cosa juzgada se encuentran cubiertos, dado que: La demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fue promovida por la misma quejosa **********. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo. En ambas demandas reclamó la omisión de emitir el título de concesión que se declaró procedente mediante resolución contenida en el oficio BOO.E.52.1.1/000441, de veintiuno de enero de dos mil once, así como su inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua. La omisión que se reclama en el presente contradictorio ya fue materia del diverso juicio de amparo 581/2013-IV del índice de este Juzgado. Luego, si la solicitante del amparo ********** acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión de notificar el título de concesión que se declaró procedente mediante resolución contenida en el oficio BOO.E.52.1.1/000441, de veintiuno de enero de dos mil once, así como su inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 581/2013-IV del índice de este Juzgado, en el que se le otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal; es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinar la omisión que reclama, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad; de ahí que el acto reclamado que se analiza constituya cosa juzgada, al haberse declarado su firmeza. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 2000, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Claudia Cecilia Sotomayor, en virtud de que obra su cédula profesional 10166815, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a Claudia Cecilia Sotomayor, el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando su nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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