Karol Ayexa Chávez Espinosa

Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
123/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Karol Ayexa Chávez Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio 1834 que remite el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del impedimento 2/2022 de su índice y al que acompaña el juicio de amparo indirecto 123/2022, así como el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte que el tribunal en cita calificó de legal el impedimento planteado por este Juzgado Federal. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Por otra parte, se ordena remitir el expediente original del presente juicio de amparo a la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, para que sea turnado al Juzgado de Distrito que corresponda. Notifíquese por lista, mediante oficio al Tribunal Colegiado correspondiente y a la Oficina de Correspondencia Común. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de catorce de los actuales, se admitió el impedimento planteado por el titular de este órgano jurisdiccional, el cual se registró con el número 2/2022. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo suscrita por Karol Ayexa Chávez Espinoza, por propio derecho, contra actos de la Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cuanto Presidenta del Consejo Técnico de dicha la Facultad, y de otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número II-123/2022-D. Ahora bien, de la demanda de cuenta se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: "La omisión de aplicar las medidas y estrategias sanitarias, así como de contención para evitar el contagio del virus cofid-19 en el regreso de clases de manera 100% presencial y obligatoria de los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al no proveer de espacios universitarios ni las condiciones médicas y económicas adecuadas para evitar la propagación de dicho virus o para sobrellevar el proceso de enfermedad, al contar con numerosos grupos de estudiantes por lo que las actividades en las aulas de la casa de estudios resultan de alto riesgo de contagio en plena cuarta ola de contagios, violentando de tal forma los derechos humanos y comprometiendo a su vez la salud y vida de los estudiantes por medio del decreto promulgado en el diario oficial del estado por titular del poder ejecutivo del estado con fecha veintitrés de enero del presente año que se pretende aplicar el día ocho de febrero del dos mil veintidós y ahí se nos pretende obligar a asistir a clases presenciales.". Por tanto, se estima que estoy legalmente impedido para conocer del presente asunto, pues en la actualidad soy integrante fundador del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de acuerdo al acta de instalación celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, cuyo propósito es proponer, analizar y opinar sobre distintos aspectos relacionados con las actividades que desarrolla dicha institución. Lo anterior, lo corroboro con la copia cotejada que anexó de la constancia emitida el ocho de febrero actual por la Directora de la Facultada de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consisten en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por dos aspectos: la competencia propia del órgano y la persona del juzgador, esto es, objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia la Ley de Amparo, establece que el juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva. En atención a lo anterior, el artículo 17 Constitucional, segundo párrafo, señala: "Artículo 17. (.). "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Ordinal del cual se desprende lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y, 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inapto para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una resolución justa. En efecto, sobre el tema el citado artículo 51 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." Por su parte, el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sobre el tópico de los impedimentos establece: "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguna o alguno de las y los interesados, sus representantes, patronas, patronos o personas defensoras; II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; IV. Haber presentado querella o denuncia la persona servidora pública, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguna de las personas interesadas; V. Tener pendiente la persona servidora pública, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto; VI. Haber sido procesada la persona servidora pública, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguna de las personas interesadas, sus representantes, patronos o personas defensoras; VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I; VIII. Tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona árbitro o arbitrador; IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguna de las personas interesadas, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguna de ellas; X. Aceptar presentes o servicios de alguna de las personas interesadas; XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las personas interesadas, sus representantes, patronos o personas defensoras, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos o ellas; XII. Ser persona acreedora, deudora, socia, arrendadora o arrendataria, dependiente o principal de alguna de las personas interesadas; XIII. Ser o haber sido tutora, tutor, curador o curadora de alguna de las personas interesadas o administradora de sus bienes por cualquier título; XIV. Ser persona heredera, legataria, donataria o fiadora de alguna de las personas interesadas, si la persona servidora pública ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido; XV. Ser cónyuge, hija o hijo de la persona servidora pública, acreedora, deudora o fiadora de alguna de las personas interesadas; XVI. Haber sido juez, jueza, magistrada o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia. No es motivo de impedimento para las y los magistrados de los tribunales colegiados de apelación el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto en contra de los autos a que se refieren las fracciones I a IX y XI del artículo 467, y fracción I del artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; XVII. Haber sido persona agente del Ministerio Público, integrante de jurado, perita, perito, testigo, apoderada, apoderado, patrona, patrono, defensora o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguna de las personas interesadas. Tratándose de juicios de amparo, se observará lo dispuesto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores." De lo antes transcrito, se puede advertir que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 del citado ordenamiento legal, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. En la especie, el suscrito considero que me encuentro en un supuesto análogo los previstos en ambos catálogos, esto es, formo actualmente parte del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, institución educativa que fue señalada como autoridad responsable. Por tanto, se considera que se configura una circunstancia objetiva de que puede ponerse en entredicho mi imparcialidad como juzgador. Por todo lo anterior, el suscrito estimo encontrarme legalmente impedido en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo para conocer del presente asunto. Consecuentemente, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, lo que además le dará certeza a las partes, con fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, remitiéndole al efecto el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y fórmese cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO: No obstante, el impedimento planteado, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Amparo, se estima necesario proveer sobre la medida cautelar solicitada. Así, analizada íntegramente la demanda, se advierte que la parte quejosa solicita la medida cautelar en relación con los actos reclamados que hace consistir en la omisión de aplicar las medidas y estrategias sanitarias, así como de contención para evitar el contagio del virus covid-19 en el regreso de clases de manera 100% presencial y obligatoria de los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al no proveer de espacios universitarios ni las condiciones médicas y económicas adecuadas para evitar la propagación de dicho virus o para sobrellevar el proceso de enfermedad; por ende la omisión de garantizar el derecho humano a la salud en su espectro más amplio. La medida cautelar la solicitan en los siguientes términos: "Solicitó me sea garantizado el derecho a la salud en los términos más amplios y se requiera a las autoridades responsables para que a la brevedad posible realicen las gestiones necesarias para APLICAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES SANITARIAS; APLICAR MEDIDAS DE CONTENCIÓN; APLICAR MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO, ASÍ COMO EL RETORNO A CLASES Y ACTIVIDADES EN LÍNEA MIENTRAS SE CUENTA CON INSTALACIONES Y ESTRATEGIAS PROPICIAS PARA UN RETORNO SEGURO A ACTIVIDADES PRESENCIALES O DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE CONTAGIOS EN EL ESTADO." Pues bien, con relación a la medida cautelar -suspensión de plano-, los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Asimismo, a efecto de determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, es menester traer a cuenta lo dispuesto en el diverso numeral 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." A juicio de quien resuelve, no procede conceder la suspensión de plano de las omisiones reclamadas en virtud de que la parte quejosa no está solicitando una medida cautelar con efectos conservativos como los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, donde el legislador ya hizo implícitamente el análisis de la apariencia del buen derecho, pues tratándose de tales actos, el legislador estima de inicio, que son inconstitucionales, por ende, deben cesar de inmediato; si no que pide una medida cautelar con efectos anticipados y en esos casos es indispensable hacer pretorianamente el análisis de la apariencia del buen derecho y en caso de actualizarse ésta, seguir con estudio del peligro en la demora y de forma simultanea la ponderación entre estos elementos y el interés social y el orden público. Apariencia del buen derecho y peligro en la demora. De acuerdo a la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que el juzgador de amparo realice la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la parte quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Por ello, atendiendo al contenido de la demanda se puede concluir que en este momento procesal no se puede tener por acreditada la apariencia del buen derecho, pues tanto las cuestiones fácticas como jurídicas que plantea son muy limitadas, pero además los aspectos fácticos son materia de prueba y ello sólo puede ocurrir una vez desahogado todo el proceso constitucional y será en la sentencia definitiva dado se pueda determinar si existen las omisiones aducidas y si estas son inconstitucionales; por ende, por el momento no se cuenta con elementos para determinar si es o no inconstitucional el acto reclamado. Sin que se estime con lo anterior que se va en contra de la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA", pues lo que este juzgador sostiene es que de momento no se cuenta con los elementos suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y por ende la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Expuestos los razonamientos por los cuales no se actualiza la apariencia del buen derecho, resta mencionar que se estima innecesario realizar un análisis del peligro en la demora y por lo que ve a la ponderación simultanea de estos frente al orden público e interés social, resulta imposible al no tener uno de los elementos de la fórmula de ponderación. Es aplicable, la tesis jurisprudencial 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, bajo el registro 165659, publicada en diciembre de 2009, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, visible en el tomo XXX, página: 315, de rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 16 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, Novena época, materia común, registro 200136, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Por las razones expuestas con antelación se determina negar la suspensión solicitada por la parte quejosa. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala, quien podrá gozar de dichas facultades siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente con documento idóneo estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho; ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; asimismo, se tiene a la persona que indica únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos. Asimismo, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el diverso 4, fracción V, del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se autoriza practicarle las notificaciones de carácter personal mediante el correo electrónico que proporciona para tal efecto, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado; lo anterior, de manera excepcional y durante todo el plazo que continúe vigente la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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