Karlos Alberto Estrada Álvarez

Expediente 1285/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1285/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Karlos Alberto Estrada Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Firmeza de auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************, presentada la demanda en estudio por conducto de ********************; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Por analogía, este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 fracción III y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo signada por ********************, en primer término es importante establecer que dicho quejoso presentó la demanda en estudio por conducto de ********************, ya que de la misma se advierte que éste también la firmó, además se advierte claramente que ha asesorado al primero en mención dentro de la causa penal ********************, tan es así que en el capítulo de suspensión del escrito de demandada solicita dicha suspensión para que éste siga siendo su Asesor Jurídico, dentro de la causa penal en cuestión, lo anterior de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Amparo, demanda que combate un acto realizado por la Jueza de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; admítase la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1285/2023. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda y las constancias remitidas, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del acto reclamado por la parte quejosa se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El citado precepto establece: En efecto, del texto de la referida fracción se desprende el reconocimiento de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tal motivo, previo a su promoción, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la actuación que le causa perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente, por no acatar el principio de definitividad que lo rige, ello se insiste, salvo los casos que se establecen en esa misma fracción. Acota que lo anterior, conlleva como excepción la prevista en el último párrafo del artículo citado, pues señala que cuando la determinación sobre la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa requiere la interpretación adicional de una norma, o su fundamento legal sea insuficiente, el gobernado podrá decidir libremente entre interponer tal medio de defensa o acudir directamente al amparo. Destaca que, en los juicios de amparo, que dieron origen a la contradicción, se combatió como acto reclamado la decisión de no admitir un recurso de apelación, el cual encuentra su procedencia en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de las resoluciones del juez de control; el artículo 468 se refiere a la procedencia de las emitidas por el tribunal de enjuiciamiento y el diverso 470 se refieren los supuestos de inadmisibilidad del recurso. Ahora, en cuanto a lo tocante al recurso de revocación, se reproduce el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual invoca: Lo anterior implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales. De manera que la afectación irreparable o sus efectos se verifican cuando se constata hipotéticamente si se destruyen o no con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural favorable a sus pretensiones. Por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En ese contexto, este Juzgado considera que la acción de amparo es improcedente, pues el acto reclamado por la parte quejosa no puede considerarse como de imposible reparación; y para justificar lo anterior conviene establecer que el acto reclamado por la parte gestora del amparo a la Jueza de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, no es de aquellos que transgreda derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues como puede advertirse, reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva (intraprocesal). Lo anterior es así, toda vez que si la Jueza señalada como responsable determinó que ********************, no debía de representar al ahora quejoso ********************, en su carácter de Asesor Jurídico en la audiencia inicial la cual comenzó el cinco de octubre de dos mil veintitrés, la cual continuara hasta el diez de ese mismo mes y año, ello no atenta contra el derecho humano que tiene el quejoso a una debida representación, pues no afecta un derecho sustantivó; bien porque será cuando se decida si se vincula a proceso o no a la parte imputada cuando pudiera resentir un perjuicio y no antes. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto por el artículo 307 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que la audiencia inicial puede ser celebrada sin la asistencia de la víctima u ofendido o su asesor jurídico, por lo que la determinación de la Jueza de Control, en el sentido que ********************, no debía de representar al ahora quejoso ********************, en su carácter de Asesor Jurídico en la audiencia inicial, en nada le perjudica a la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia aludidas, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a la licenciada ********************, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es conveniente aclarar que al licenciado ********************, se le tuvo como promovente del presente juicio de amparo, al signar la demanda origen del presente contradictorio federal. Consulta electrónica. Con fundamento en el artículo 29, del "Acuerdo General 21/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19" de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a ********************, con usuario de nombre "********************". Números telefónicos y correo electrónico. En aras de lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedida, ténganse por señalados los números telefónicos y correo electrónico proporcionados por la parte quejosa en la demanda de cuenta, únicamente para efectos de entablar contacto y comunicación con la misma, no así para recibir notificaciones. Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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