Karla Zamaria Sandoval González

Expediente 1611/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1611/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Karla Zamaria Sandoval González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las diez horas con trece minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo indirecto 593/2022. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de IVAR LANGLE GÓMEZ, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido de la Secretaria Rosa María Campos Macías quien autoriza y da fe, procedió a declarar abierta la audiencia constitucional, sin la comparecencia personal de las partes, ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: oficio 13235/2022, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 150/2022 de su índice, promovido por ÁLVARO PADILLA HERNÁNDEZ, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Administración Laboral y Poder Cambiario de MARTHA ELENA ECHEVARRÍA GARCÍA, con motivo de la separación de autos del citado juicio de amparo, y los informes justificados rendido por la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación legal del 1.- Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por la 2.-Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, y por la Encargada de la Unidad Jurídica y representante jurídico del 3.- Congreso del Estado de Nayarit, todos con sede en esta Ciudad. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede y por rendidos los informes justificados de referencia para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace relación de las pruebas documentales que la parte quejosa ofreció en su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas, y sin existir pruebas pendientes de recibir y desahogar, se da por concluido el período probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar las manifestaciones formuladas por el representante legal de la parte quejosa, en su escrito recibido en la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós. A lo que el Juez, acuerda: se tienen por relacionadas las manifestaciones en forma de alegatos realizó el representante legal de la parte quejosa; por lo que, al no haber más alegatos que relacionar, se cierra dicho período. El Juez, acuerda: túrnense los autos a la vista para dictar la sentencia respectiva. DOY FE. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 593/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Álvaro Padilla Hernández, en su carácter de Apoderado Legal de Martha Elena Echevarría García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 2.- Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. 3.- Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Todos con sede en Tepic, Nayarit. ACTOS RECLAMADOS "1.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, SE RECLAMAN: La discusión, aprobación y expedición del Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de diciembre de 2021, que entró en vigor el 1°. de enero de 2022 de acuerdo con su Artículo Único Transitorio, donde se establece en su Título Segundo titulado 'Impuestos', Capítulo Primero, una contribución denominada 'Impuesto Predial', dentro del cual encuentra el artículo 9, cuyo número dispone, entre otras cosas, que dicho impuesto se causará anualmente y se pagará de acuerdo a lo que resulte aplicar al valor asignado a la propiedad inmobiliaria las tasas que se refiere el presente capítulo, lo cual viola diversos dispositivos constitucionales en perjuicio de esta peticionaria, como se muestra más adelante. 2.- DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, se reclama: La expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto que contiene Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de diciembre de 2021, que entró en vigor el 1°. de enero de 2022 de acuerdo con su Artículo Único Transitorio, donde se establece en su Título Segundo titulado 'Impuestos´, Capítulo Primero, una contribución denominada 'Impuesto Predial', dentro del cual encuentra el artículo 9, cuyo número dispone, entre otras cosas, que dicho impuesto se causará anualmente y se pagará de acuerdo a lo que resulte aplicar al valor asignado a la propiedad inmobiliaria las tasas que se refiere el presente capítulo, lo cual viola diversos dispositivos constitucionales en perjuicio de esta peticionaria, como se muestra más adelante. 3.- DEL TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL TEPIC, NAYARIT, se reclama: La aplicación y ejecución del artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, a través dela expedición de recibos oficiales de ingreso por el pago del impuesto, con número de folio, periodo y domicilio que aparecen en cada uno de los recibos de fechas 14 y 26 de enero de 2022 a nombre de este peticionario, donde determinó la causación del referido impuesto predial sobre los bienes inmuebles del quejoso, realizó su cálculo e hizo constar su recaudación con la recepción del pago de los mismos, en relación con los predios con claves catastrales y cantidades totales siguientes: 1.-1-59-05-345-004 $3,715.44 2.-1-59-01-041-004 $16,642.07 3.-1-59-05-084-137 $6,380.69 4.-1-59-05-084-138 $3,786.63 5.-1-59-05-084-139 $3,859.54 6.-1-59-09-016-001 $2,748.11 7.-1-59-09-016-009 $9,649.57 8.-1-59-09-016-021 $13,822.30 9.-1-59-09-073-001 $32,970.47 10.- 1-59-09-073-024 $2,023.45 11.- 1-59-09-073-031 $3,288.49 12.- 1-59-09-073-049 $2,005.53 13.- 1-59-09-088-006 $812.97 14.- 1-59-09-095-036 $845.29 15.- 1-59-09-099-003 $1,047.16 16.- 1-59-09-101-029 $1,020.43 17.- 1-59-09-101-030 $755.07 18.- 1-59-09-101-031 $763.50 19.- 1-59-09-101-038 $760.21 20.- 1-59-09-101-039 $844.14 21.- 1-59-10-105-014 $6,810.57 SEGUNDO. Admisión. Por auto de quince de febrero de dos mil veintidós el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, admitió a trámite la demanda de amparo, que registró en el Libro de Gobierno con el número 150/2022, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Separación de autos. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, emitido por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados a contrario sensu y de manera supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su precepto 2º, ordenó de oficio la separación de autos, pues estimó que se reclamaron actos con total independencia entre sí, los cuales no debían analizarse en un solo juicio constitucional, por lo que determinó que en el juicio de amparo 150/2022 se conocería únicamente del acto reclamado a las autoridades responsables, señalado como 1.- consistente en la clave predial 01-59-05-345-004, referente al pago de $3,715.44 (tres mil setecientos quince pesos 44/100 moneda nacional), ello de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y ordenó separar la demanda respecto de las demás claves catastrales, entre ellas la 1-59-09-101-031, referente al pago $763.50 (setecientos sesenta y tres pesos 50/100 moneda nacional). Asimismo en ese proveído se ordenó remitir al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, copias certificadas de la demanda de amparo, sus anexos y de la citada determinación, a efecto de que realizara el turno correspondiente. CUARTO. Se recibe demanda. Por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, éste órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio 13235/2022 suscrito por el Secretario adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por lo que se ordenó formar el juicio de amparo 593/2022, a fin de conocer exclusivamente respecto al acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, a través del cobro contenido en el recibo de pago de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós por la cantidad de $763.50 (setecientos sesenta y tres pesos 50/100 moneda nacional), respecto al pago del impuesto predial relativo a la clave catastral 1-59-09-101-031; asimismo, al estar integrado el expediente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Recurso de queja. Mediante auto de dos de mayo de dos mil veintidós se dio trámite al recurso de queja que la Tesorera del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, interpuso en contra del proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, a través del cual este juzgado admitió a trámite el presente juicio de amparo. Recurso que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, quien lo declaró infundado; por consiguiente, una vez integrado el presente juicio de amparo, tuvo verificativo la audiencia constitucional conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la fracción XXIV del Apartado Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: ? La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Municipalidad de Tepic. ? La aplicación del precepto reclamado contenida en el recibo de pago de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, por la cantidad de $763.50 (setecientos sesenta y tres pesos 50/100 moneda nacional), respecto al impuesto predial de la clave catastral 1-59- 09-101-031. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Encargada de la Unidad Jurídica y representante legal del Congreso del Estado de Nayarit y la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Gobernador del Estado, al rendir su informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos que la parte quejosa les reclama, esto es, su intervención en el proceso legislativo de creación de la norma legal tildada de inconstitucional y su aplicación. Aunado a que la existencia de la citada Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles y en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, Tomo XII, Agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por su parte, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, realizan manifestaciones relacionadas con éste de las que se infiere su existencia, lo cual desvirtúa su negativa y, por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado a esas autoridades. Apoya la anterior consideración la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, página 391, que señala: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Certeza que se corrobora con la copia certificada del recibo de pago de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós por la cantidad de $763.50 (setecientos sesenta y tres pesos 50/100 moneda nacional), por el pago del impuesto predial relativo a la clave catastral 1-59-09-101- 031, expedido por la Tesorería Municipal de Tepic, Nayarit a nombre de la aquí quejosa, documental que posee valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio relativo a las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia que se advierten ya sea que las hagan valer las partes o de oficio por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello con apoyo en lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En la especie, este órgano jurisdiccional considera que el presente juicio deviene improcedente, cuenta habida que existe cosa juzgada sobre la cuestión que se litiga, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, las cuales dicen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)" La fracción X del artículo aludido, plantea el caso de litispendencia, y para que se actualice, se requiere que exista otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto; en tanto que, la fracción XI señala el caso en que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. En ambos casos, para que se actualicen los supuestos de improcedencia es necesario que exista identidad en los amparos respecto de:  Los quejosos;  Las autoridades responsables; y,  El acto reclamado. En esas condiciones, la causa de improcedencia en estudio, además requiere que el acto haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, esto es, se actualiza cuando se ha producido la cosa juzgada por la ejecutoria dictada en el anterior juicio, respecto del cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. Por lo que existe la imposibilidad jurídica de realizar un nuevo estudio de aquellos actos que por virtud de diversa ejecutoria de amparo alcanzaron el rango de cosa juzgada, lo cual implica que cuando el quejoso hubiere promovido juicio de amparo contra un acto determinado de autoridad, por regla general, no puede ejercer la acción constitucional en un ulterior procedimiento donde reclame la misma actuación de la propia autoridad responsable, en atención a que, como se dijo, la sentencia dictada en el anterior juicio al haber causado ejecutoria adquiere el rango de sentencia firme y de cosa juzgada para todos los efectos legales consiguientes, por lo mismo, no puede ser desconocida en el diverso procedimiento constitucional, pues ello atentaría frontalmente contra el principio de seguridad jurídica rector del juicio de amparo, lo anterior con el que matiz que más adelante se explicará. En el caso, de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se tiene como hecho notorio1 que el juicio de amparo 559/2022, del índice del 1 Encuentra apoyo lo anterior, la tesis (V Región) 3o.2 K (10a.), pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 2181, Libro 21, Tomo III, Agosto de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009758, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, derivó de la separación de autos realizada en el diverso juicio de amparo 150/2022 del índice del referido juzgado, en el cual como se señaló en párrafos que anteceden el catorce de febrero de dos mil veintidós, la aquí quejosa por conducto de su apoderado legal presentó demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." de Nayarit, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y del Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, que los hizo consistir en: "1.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, SE RECLAMAN: La discusión, aprobación y expedición del Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de diciembre de 2021, que entró en vigor el 1°. de enero de 2022 de acuerdo con su Artículo Único Transitorio, donde se establece en su Título Segundo titulado 'Impuestos´, Capítulo Primero, una contribución denominada 'Impuesto Predial', dentro del cual encuentra el artículo 9, cuyo número dispone, entre otras cosas, que dicho impuesto se causará anualmente y se pagará de acuerdo a lo que resulte aplicar al valor asignado a la propiedad inmobiliaria las tasas que se refiere el presente capítulo, lo cual viola diversos dispositivos constitucionales en perjuicio de esta peticionaria, como se muestra más adelante. 2.- DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, se reclama: La expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto que contiene Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit el 30 de diciembre de 2021, que entró en vigor el 1°. de enero de 2022 de acuerdo con su Artículo Único Transitorio, donde se establece en su Título Segundo titulado 'Impuestos´, Capítulo Primero, una contribución denominada 'Impuesto Predial', dentro del cual encuentra el artículo 9, cuyo número dispone, entre otras cosas, que dicho impuesto se causará anualmente y se pagará de acuerdo a lo que resulte aplicar al valor asignado a la propiedad inmobiliaria las tasas que se refiere el presente capítulo, lo cual viola diversos dispositivos constitucionales en perjuicio de esta peticionaria, como se muestra más adelante. 3.- DEL TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL TEPIC, NAYARIT, se reclama: La aplicación y ejecución del artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, a través dela expedición de recibos oficiales de ingreso por el pago del impuesto, con número de folio, periodo y domicilio que aparecen en cada uno de los recibos todos de fechas 14 y 26 de enero de 2022 a nombre de este peticionario, donde determinó la causación del referido impuesto predial sobre los bienes inmuebles de la quejoso, realizó su cálculo e hizo constar su recaudación con la recepción del pago de los mismos, en relación con los predios con claves catastrales y cantidades totales siguientes: 1.-1-59-05-345-004 $3,715.44 2.-1-59-01-041-004 $16,642.07 3.-1-59-05-084-137 $6,380.69 4.-1-59-05-084-138 $3,786.63 5.-1-59-05-084-139 $3,859.54 6.-1-59-09-016-001 $2,748.11 7.-1-59-09-016-009 $9,649.57 8.-1-59-09-016-021 $13,822.30 9.-1-59-09-073-001 $32,970.47 10.- 1-59-09-073-024 $2,023.45 11.- 1-59-09-073-031 $3,288.49 12.- 1-59-09-073-049 $2,005.53 13.- 1-59-09-088-006 $812.97 14.- 1-59-09-095-036 $845.29 15.- 1-59-09-099-003 $1,047.16 16.- 1-59-09-101-029 $1,020.43 17.- 1-59-09-101-030 $755.07 18.- 1-59-09-101-031 $763.50 19.- 1-59-09-101-038 $760.21 20.- 1-59-09-101-039 $844.14 21.- 1-59-10-105-014 $6,810.57 Sin embargo, en auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, el juzgado se distrito de referencia, formó el expediente 559/2022 y se avocó al conocimiento del asunto respecto del acto de aplicación consistente en el pago de $6,380.69 (seis mil trescientos ochenta pesos 69/100 moneda nacional) respecto de la clave catastral "3.-1-59-05- 084-137" y lo admitió a trámite y seguido el juicio en sus etapas el trece de junio de dos mil veintidós dictó la resolución correspondiente en la cual resolvió: ".PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Martha Elena Echevarría García, respecto de los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Elena Echevarría García, respecto de las autoridades precisadas en el considerando cuarto, por las razones y actos expuestos en el diverso sexto y para los efectos señalados en el séptimo considerando, de esta resolución. (.)". Resolución que quedó firme, pues en ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, en el amparo en revisión 797/2022, interpuesto por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, determinó confirmar la sentencia recurrida. En mérito de lo anterior, se advierte que tanto en la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, como en la relativa al juicio de amparo 559/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, figura como quejosa Martha Elena Echevarría García y como actos, la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit. En esas condiciones, es de concluirse que en ambos juicios se reclaman los mismos actos, contra las mismas autoridades responsables y por la misma parte quejosa, y que en el juicio de amparo indirecto 559/2022, del índice Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mediante resolución de trece de junio de dos mil veintidós, se analizó el fondo del acto reclamado, determinación que causó ejecutoria al emitirse la resolución en el recurso de revisión 797/2022 -veintinueve de septiembre de dos mil veintidós- del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic. Sin que pase desapercibido para quien aquí resuelve que la impugnación tiene como causa de pedir el pago del impuesto predial en relación a diferentes bienes inmuebles, esto es, en cada sumario la parte quejosa señaló individualmente bienes de su propiedad ubicados en el Municipio de Tepic, Nayarit, empero, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, con base en esos inmuebles, por lo que atendiendo a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación de una ley, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. 30, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada 'SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO', donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Por lo que ante lo anteriormente expuesto, es evidente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XI, en relación con la X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.2o.P.T.3 K visible a foja 2734 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo, el cual fue resuelto en su oportunidad, y posteriormente inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados que el anterior, a efecto de determinar si se actualiza la indicada causa de improcedencia, debe dilucidarse si en el caso se trata de una ampliación de la demanda o de una diversa. Así, debe decirse que para la doctrina la "demanda" es el primer acto que abre o inicia un juicio, es decir, la primera petición con la que el actor formula sus pretensiones, y que dependiendo de la actitud de la parte demandada, si es que suscita controversia sobre ellas, constituirán la materia de la litis; de ahí que sea tan importante lo que se diga en esta etapa procesal, ya que ello será lo que conformará la materia del debate, pues por regla general lo que no se exponga en ella no debe considerarse por el juzgador en su sentencia. En cambio, en cuanto a la "ampliación", en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, define al verbo ampliar de la siguiente manera: "(Del lat. ampliare). 1. tr. Extender, dilatar. 2. Reproducir fotografías, planos, textos, etc., en tamaño mayor que el del original."; de donde se colige que la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando la ley de la materia no la contemple expresamente, implica la adición o modificación de lo expuesto por parte del quejoso en su escrito inicial, a efecto de que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal que conozca del asunto. En esa tesitura, si de la demanda de amparo presentada en segundo término, se advierte que no se trata de una ampliación o modificación de la primer demanda, independientemente de que de su texto se advierta que el quejoso cumplió con los requisitos que sobre la formulación de una demanda establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, y existe coincidencia en lo referente al acto reclamado, autoridad responsable y quejoso, se actualiza la referida causa de improcedencia de cosa juzgada." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Martha Elena Echevarría García, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, precisados en el resultando primero de esta sentencia, por los razonamientos jurídicos expuestos en su último considerando. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguense a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes los oficios de cuenta, signados por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, en representación del Presidente de la Sala de Jurisdicción Mixta, dependiente de dicho Instituto Laboral, con sede en Tepic, y anexos que acompaña, a través del cual se le tiene dando cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en auto de veinticinco de julio del año en curso, dado que remite copias certificadas de las constancias que integran el tomo ll y III emitido en el expediente laboral 94/2015 de su índice. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que la citada autoridad adjunta a su informe de cuenta. Luego, dado el volumen de las constancias que en copia certificada acompaña la responsable, fórmese el tomo II de pruebas, para el mejor manejo del presente expediente. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Sala de Jurisdicción Mixta del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, remita copia certificada del acta de diligencia de tres de abril del año en curso; pues esta no obra en las constancias que remitió. Para el caso de no contar con la misma, deberá, realizar el requerimiento correspondiente a las partes para que estas se la remitan; pues al tratarse de una diligencia de ejecución de laudo es evidente que dichas partes intervinieron en la misma, apercibida la autoridad que de no hacerlo en su oportunidad se le aplicará multa de CIEN Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO: Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por David Guillermo González Gorjón, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en los términos y para los efectos precisados en el considerando primero de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa KARLA ZAMARIA SANDOVAL GONZÁLEZ, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando quinto y para los efectos señalados en el último considerando. NOTIFÍQUESE.

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