Karla Yanari Guerrero Guadarrama
Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2021
Partes del expediente
- Karla Yanari Guerrero Guadarrama
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual informa que el veintiocho de junio del año en curso causó estado el auto de dieciocho de dicho mes y año, por el que desechó el recurso de revisión registrado con el número 121/2021, intentado por la parte quejosa en contra de la determinación que desechó la demanda de amparo promovida. Acúsese recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el proveído de ocho de junio de la anualidad que transcurre, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual informa que recibió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, en contra del auto de ocho de junio del año en curso; mismo que se registró con el número 121/2021, el cual desechó por improcedente.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la constancia de notificación, de la que se advierte que la quejosa interpone recurso de revisión en contra del auto emitido el veinticuatro de ocho de los cursantes. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 81 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer en contra del auto de ocho de junio del año en curso, que desechó la demanda en el presente juicio; atendiendo a que no existen más partes en el presente juicio, envíese el original y copia de la constancia en cita, así como copia certificada del presente sumario al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que esté en aptitud de resolver el medio de impugnación que nos ocupa. Se requiere al Secretario y oficial administrativo encargado del expediente para que previo a la remisión del oficio respectivo, verifiquen que las constancias remitidas van debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas, así como con los documentos y anexos necesarios para resolver.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por **************, en representación de **********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 499/2021-IA. DESECHAMIENTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la promovente señala como autoridades responsables las siguientes: En su carácter de ordenadoras: Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría Pública del Distrito Federal Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación Jefe del Departamento de la Secretaría de Gobernación Comisionado del Órgano Administrativo Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Ciudad de México Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México Secretaría General de Gobierno del Estado de México Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México Subdirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de México Secretaria de Gobierno del Estado de México En su carácter de ejecutoras: Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Almoloya de Juárez De quienes reclama: "La orden dada por las responsables ordenadoras en el sentido de pretender trasladarme del penal en el que actualmente me encuentro recluida que lo es el Centro Preventivo y Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso centro preventivo sin existir causa legal fundamentada y motivada que justifique el citado mandato, así como la ejecución que pretende dar la responsable como lo he citado, acto del cual reclamo su cumplimiento y su posible ejecución." En ese orden, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación, se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se establece: ... Conforme a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva. Al respecto conviene puntualizar que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos, en lo que interesa, de los indiciados cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Por lo anterior, y a fin de demostrar la actualización del motivo de inejercitabilidad en examen, es de considerarse que el citado numeral 61, facción XX, de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben satisfacerse para determinar si en el caso se surte la causal de improcedencia de mérito, mismos que a consideración del suscrito se encuentran colmados, a saber: A) El acto de autoridad, se encuentra satisfecho, ya que el acto según aduce la quejosa fue emitido por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaria Pública del Distrito Federal, Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, Titular de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, Jefe del Departamento de la Secretaria de Gobernación, Comisionado del Órgano Administrativo, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Secretaría General de Gobierno del Estado de México, Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, Subdirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y la Secretaría de Gobierno del Estado de México, de quienes sus funciones son de carácter administrativo, por no formar parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito. B) La procedencia de un medio ordinario de defensa, previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, también se encuentra satisfecho, toda vez que, como se indicó el líneas anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un mecanismo de control -medio de defensa- ante el Juez de Control que, incluso, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación si así lo desea la promovente o bien, existiendo la determinación judicial puede, ahora sí, acudir al amparo. C) La igualdad de requisitos para conceder la suspensión, la cual se colma, porque el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez presentado el escrito ante la administración del juzgado de ejecución con el relato de inconformidad, a petición de parte o incluso de oficio si se trata de un caso urgente -como en el caso-, el Juez de Ejecución de acuerdo con la naturaleza de la pretensión de inmediato ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Por tanto, a consideración del suscrito, resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, ya que -como se vio- se encuentran facultados para conocer de las órdenes de traslado, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese tenor, conforme a las consideraciones jurídicas, expuestas anteriormente, es factible arribar a la conclusión que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió agotar primero el mecanismo de control -medio de defensa- que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el juez de control o ejecución, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado, situación que la amparista omitió realizar; ya que incluso, si lo considera y de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, puede combatir mediante recurso de apelación el traslado involuntario en su carácter de procesada o sentenciada, ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. En efecto, ante la latente orden de traslado involuntario que por esta vía reclama la peticionaria del amparo, cuenta con un medio de defensa, mediante la incitación de una controversia ante el juez de control o de ejecución, por la que puede hacer patente que está a punto de cambiar sus condiciones de internamiento, entre éstas, el lugar de su reclusión. No se soslaya la existencia de los criterios jurisprudenciales de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA" y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA."; sin embargo, dichos criterios han sido abandonados en términos de la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el cuatro de junio de dos mil veintiuno, registro 2023190, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ... Asimismo, la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación número de registro 2023063; cuyo rubro y texto a continuación se citan: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. .. En similares términos se ha pronunciado la Primera Sala del Tribunal más alto de este país, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la que determinó que los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente a la parte quejosa, en el centro de reclusión en el que se encuentra privada de su libertad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. NORMATIVIDAD APLICABLE. En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020.
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