Karla Xitlalli Sánchez Galvan
Expediente 1007/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2022
Partes del expediente
- Karla Xitlalli Sánchez Galvan
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido del oficio proveniente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual exhibe copia certificada de diversas actuaciones que integran el juicio laboral de origen; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requiérase. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas completas y legibles de la totalidad de las notificaciones ordenadas en proveído de siete de julio de dos mil veintidós (incluidos los acuses de los oficios respectivos), ello dentro del juicio laboral 827/2017-G1. En el entendido de que, de retrasar el cumplimiento al fallo protector por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte, se impondrá la multa correspondiente, aun cuando manifieste estar en vías de cumplimiento. Sustentan lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá al titular de dicha dependencia una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, el siguiente criterio: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de junio de dos mil veintidós. I. Autoridad remite constancia. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de Asuntos Jurídicos, por ausencia del Director de Administración del Agua, ambos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual remite copia certificada de la constancia requerida en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; con su contenido dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de junio de dos mil veintidós. Se ordena vincular acuse. se advierte que el oficio 12319/2022, que contiene el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, enviado a través de la empresa de mensajería acelerada "Estafeta", con código de rastreo 2157683087, fue entregado el seis de abril de dos mil veintidós, lo cual se advierte de la página de internet https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, por tanto, extráiganse dichos acuses de la citada página y previa certificación, vincúlense las mismas al expediente electrónico del presente sumario. Recurso integrado. Visto el estado de autos de los que se advierte que se encuentra integrado el recurso de revisión interpuesto por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, contra la resolución interlocutoria de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Solicítese turno. Remítase vía electrónica el oficio correspondiente que contenga los datos necesarios para el registro y turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, a fin de que lo turne conforme a la normativa vigente (de manera aleatoria o relacionada) y remita a este órgano jurisdiccional la boleta de turno por correo electrónico, para identificar el Órgano Colegiado al que le fue turnado el asunto. Y una vez que se cuente con la información respecto del Tribunal Colegiado que le tocara´ conocer del recurso, previo acuerdo se le dará acceso al presente juicio de amparo, a efecto de estar en posibilidad de resolver el recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada Secretaría, mediante el cual. informa el contenido del oficio PFE-DCHE-JA-16086-22 del que se advierten las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector; al respecto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad vinculada al cumplimiento, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, acredite haber dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector, es decir: (.) Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación, presente y futura, del párrafo primero del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, prevista en el inciso a), de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno y que asciende a cuatrocientos noventa y nueve pesos, moneda nacional. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampara el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas y la que corresponde a la cuota fija mínima (cuatrocientos noventa y nueve pesos, moneda nacional), por cada acto materia de registro. Concesión que se contrae a los efectos expuestos, ya que no se podría desincorporar totalmente la obligación de pagar la contribución prevista en el citado artículo 16, fracción I, inciso h), en virtud de que ello implicaría eximir a la parte quejosa de cumplir con su obligación de contribuir al gasto público, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, de forma proporcional y equitativa. En el entendido de que la devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; teniendo como parámetro la cantidad materia de devolución -porque ésta fue pagada indebidamente-. (.) Autoridad vinculada al cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Director de Operación y de Obra, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe la contestación realizada al oficio PFE-DCHE-JA-16086-22, o en su defecto, informe el impedimento legal que tenga para ello, remitiéndole copia simple del oficio y anexo de cuenta para mayo claridad. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el párrafo segundo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.
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