Karla Xiomara Acosta Valladarez
Expediente 382/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/07/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Karla Xiomara Acosta Valladarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veinte. Queda firme desechamiento Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo a la promovente para que recurriera el auto de seis de julio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), pues se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 del Acuerdo General invocado. Se deja sin efectos la suspensión de plano de amparo Finalmente, en atención a lo anterior, se deja sin efectos la suspensión de plano decretada en los presentes autos; lo que se hace del conocimiento de las autoridades para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, seis de julio de dos mil veinte. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veinte, se reservó emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo promovida por ****, en nombre y representación de *****, E.J.A.V. y J.Y.A.V., contra actos de la Directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México y otras autoridades; así como del oficio registrado con el folio número 5421, a través del cual el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México informó el contenido del auto de catorce de abril de este año, dictado en el juicio de amparo 194/2020, de su índice, por el que determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por las razones que expuso. En ese sentido, en atención a lo dispuesto por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional se encuentra en aptitud de proveer en los siguientes términos: Al respecto, no se insiste en declinar la competencia en favor del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; y por ende este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; lo anterior, hágase del conocimiento del referido órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes. Precisado lo anterior, es necesario destacar que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Por ende, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México a) El aseguramiento, alojamiento, y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas". b) La negativa de Acceso al Procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. c) La omisión de tomar medidas urgentes para la protección de la salud y la vida de los quejosos en la estación migratoria en la que se encuentran, con motivo de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), dado el hacinamiento en la estación migratoria donde se encuentran alojados, detenidos. 2. Subdirectora de Operación, Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria de la Ciudad de México 3. Director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. Es aplicable la tesis aislada XXIV.2o.11 K (10a.) (registro 2021089), que establece: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Para resolver lo que se propone, es necesario imponerse de lo que dispone el precepto legal invocado, que es del contenido literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral en cita, establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo; o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) Así, conforme a la doctrina y a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro Máximo Tribunal, se entiende que han cesado los actos y sus efectos cuando éstos son suspendidos o acabados, esto es, cuando se revocan o derogan los actos combatidos de manera que no producen efecto alguno en la esfera de derechos del gobernado, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, sobreviene la causa de improcedencia en estudio cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que el gobernado considera que le causa perjuicio, o bien, cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado, lo anterior, en atención a la imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo. En el presente asunto, como ya se precisó, los actos reclamados se hacen consistir en el aseguramiento, alojamiento, y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, conocida como "Las Agujas"; la negativa de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; y, la omisión de llevar a cabo medidas urgentes para la protección de la salud y la vida de los quejosos en la estación migratoria en la que se encuentran, con motivo de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Al respecto, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario destacar que de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que mediante oficio registrado con el folio número 5364 (fojas 58 a 68), la Directora de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración informó que la quejosa Karla Xiomara Acosta Valladares, acompañada de sus hijos de iniciales E.J.A.V y J.Y.A.V, egresaron de esa estación migratoria el catorce de abril de dos mil veinte, en virtud de que manifestaron su interés de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados en México; y al efecto, remitió vía electrónica los documentos digitalizados consistentes en el escrito signado por la quejosa a través del cual elevó dicha solicitud de refugio en el país; de la ampliación de comparecencia de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, levantada ante el Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante del referido instituto, en la que la referida quejosa entregó y ratificó el libelo de mérito, solicitando además que se informara dicha circunstancia ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; asimismo, la autoridad oficiante remitió las constancias digitalizadas relativas a los acuerdos de egreso de la Estación Migratoria, de catorce de abril de dos mil veinte, de los que esencialmente se advierte que se dejaron sin efectos las órdenes de presentación a nombre de los amparistas y se permitió su egreso de dicha estación, a fin de no someterlos a un alojamiento innecesario, exhortándolos a continuar con el trámite correspondiente ante la comisión aludida; así como de los certificados médicos que les fueron realizados. Documentales que al ser adminiculadas con las manifestaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado vía electrónica y registrado con folio 5963 (foja 80), por el que informó la salida de los quejosos de la estación migratoria, merecen eficacia probatoria plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De lo expuesto, se desprende que los actos reclamados precisados con antelación, han quedado sin efectos, pues con motivo de la solicitud de acceso al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiados, las autoridades responsables dejaron insubsistente la orden de presentación y consecuentemente ordenaron el egreso de los quejosos de la estación migratoria en que se encontraban alojados, para que estén en aptitud de continuar con el procedimiento respectivo, sin que hayan quedado los quejosos sujetos a condición alguna a cumplimentar ante la autoridad responsable, habida cuenta de que sólo se reservó la facultad de dictar nuevamente la presentación de dichos quejosos por cuestiones supervenientes. En efecto, los acuerdos de egreso aludidos necesariamente implican la insubsistencia de los actos que se reclaman en esta vía, en tanto que los promoventes de amparo fueron puestos en libertad, sin que se haya ordenado que quedaran a disposición de las autoridades responsables. De igual forma, en relación con la negativa de acceso al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiados, debe decirse que dicho acto dejó de surtir sus efectos toda vez que con motivo de la solicitud referida, se permitió el egreso de los quejosos de la estación migratoria en que se encontraban alojados, a fin de que estén en posibilidad de continuar con el trámite de refugio respectivo, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Asimismo, por lo que hace a la omisión de las responsables en tomar las medidas sanitarias en relación con el virus referido, para la protección de la salud y vida de los quejosos, importa destacar que, en todo caso, la hacen depender de la condición de hacinamiento en la que refirieron encontrarse en la estación migratoria aludida; por ende, si les fue permitido el egreso de esta última, es evidente que no subsiste dicha abstención, pues incluso, de los acuerdos de egreso aludidos, se desprende que se emitieron como medida de protección a la salud de los quejosos a fin de no someterlos a un alojamiento innecesario, evitando con ello hacinamientos o posibles violaciones a sus derechos humanos; además, de las constancias descritas con antelación, se advierte que se efectuó la valoración médica de su estado de salud, con base en la que se expidieron los certificados aludidos. En relatadas consideraciones, si lo que esencialmente reclaman los quejosos es la privación de su libertad, así como la negativa de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y derivado de ello la posible afectación a su salud con motivo de la omisión de llevar a cabo las medidas sanitarias para mitigar el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad denominada COVID-19 dentro de la estación migratoria en que se encontraban alojados; y, de los acuerdos de egreso descritos previamente se advierte que se dejaron sin efectos las órdenes de presentación y se permitió el egreso de los quejosos como medida para evitar posibles hacinamientos ante la situación que impera en el país derivado de la propagación del virus SARS-COv2 (COVID 19), así como para que se encuentren en posibilidad de continuar con el procedimiento respectivo, bajo ese contexto, los efectos de los actos reclamados se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos en comento no hubieren invadido la esfera jurídica del particular. Esto es, en el asunto que nos ocupa, se realizó la acción que se reclama de forma ya no agravia a los quejosos, pues en todo caso, con la emisión de los acuerdos de egreso se constituyó una situación jurídica que dejó sin efectos la diversa que dio motivo al presente juicio de amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que se encuentra pendiente que se resuelva lo relacionado con la situación migratoria de los quejosos en el procedimiento administrativo correspondiente, que a su vez, está sujeto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados; sin embargo, dicho aspecto es independiente al alojamiento que reclaman, toda vez que este último derivó de la orden de presentación dictada en su contra, la cual se dejó sin efectos en los acuerdos de egreso de la estación migratoria de catorce de abril de dos mil veinte. Por tanto, quedó acreditada la satisfacción de los supuestos indicados, por lo que es dable estimar que han cesado los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por los principios que la rigen, a continuación se invoca: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38). Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina desechar la demanda de amparo, pues a ningún fin práctico conduciría la tramitación del presente asunto, toda vez que el hecho de que se permitiera el egreso de los quejosos de la estación migratoria aludida, con motivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, es un aspecto que no va a variar durante el eventual desarrollo del presente sumario constitucional respecto de los actos reclamados que se precisaron. Es necesario destacar que de los acuerdos a través de los cuales se dejó sin efectos la orden de presentación de los quejosos y se permitió su egreso de la estación migratoria en comento; como ya se dijo, se advierte que fueron emitidos con motivo de la solicitud que presentaron para acceder al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiados en el país, y con el objeto de evitar el posible hacinamiento que pudiera representar un riesgo para la salud de los quejosos derivado de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país; sin que de su contenido se desprenda que hayan sido consecuencia directa del cumplimiento a la medida cautelar otorgada en el presente asunto, de ahí que no se considere aplicable en la especie el criterio de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO". Finalmente, en razón de la determinación alcanzada, no se considera necesario realizar mayor pronunciamiento en relación con la reserva decretada por auto de catorce de abril de dos mil veinte, respecto de las razones signadas por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, a través de las cuales manifestó la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios 12965/2020 y 12967/2020, respectivamente dirigidos a las autoridades Subdirectora de Operación, Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria de la Ciudad de México y Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridad responsable Oficio Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México Oficio vía interconexión
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, seis de mayo de dos mil veinte. Desahoga requerimiento Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, por el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiocho del mes y año en curso, sin que sea necesario pronunciarse al respecto, toda vez que mediante acuerdo de treinta de abril de dos mil veinte se proveyó lo conducente. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: ParteTipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista
- Principal
ACUERDO Ciudad de México, treinta de abril de dos mil veinte. Desahoga requerimiento Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, por el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintiocho del mes y año en curso (foja 81). En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento aludido y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley sobre la materia; dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga. Domicilio de la autoridad Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se hubiere señalado en el ocurso de cuenta. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista
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