Karla Viridiana Santos Mar

Expediente 1721/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1721/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Karla Viridiana Santos Mar

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Armando Martin Millán Cruz, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al presente juicio de amparo. Al respecto, y en atención a las manifestaciones de la parte quejosa, infórmese a la nueva administración de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, Ayuntamiento, Presidente, Tesorería y Dirección de Administración, todos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, lo siguiente: Se hace del conocimiento a las citadas autoridades responsables que existe un juicio de amparo indirecto número 1853/2018 radicado en este Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, promovido por Armando Martín Millán Cruz, contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en el que se concedió el amparo mediante sentencia ejecutoria dictada el veintidós de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 24/2020. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente, Tesorería y Dirección de Administración, todos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informen cuáles han sido las gestiones realizadas para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para acreditar dicha situación, deberá remitir copia certificada de las constancias de las cuales se advierta dicho cumplimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa en lo individual por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por el Jefe de Departamento, en suplencia por vacaciones del Titular de la Delegación Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, a través del cual acusa de recibo del oficio 33565/2021, e informa que designa al Licenciado Miguel Ángel Hernández, como asesor de la quejosa Karla Viridiana Mar Santos. Por tanto, se tiene por designado como asesor jurídico a dicho profesionista; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por cuanto al teléfono y correo electrónico, que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy feBAHENA

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido la demanda de amparo suscrita por Karla Viridiana Mar Santos, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Morelos", con sede en Coatlán del Río, y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1721/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Sin proveer sobre su admisión, se desecha la presente demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previamente a su análisis, este Juzgado Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En efecto, el quejoso señala en esencia como acto reclamado la falta de atención médica en las áreas de otorrinolaringología y oftalmología. En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación, las cuales son expuestas tomando como referente una nueva reflexión que sobre el tema realiza este tribunal federal. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. Conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Ello tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. ...Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. ...Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Lo anterior, sin soslayar que si bien las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, también es verdad que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución de las penas impuestas o que se estén compurgando de manera preventiva. ..En el caso, el acto combatido por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya, Morelos, se encuentra vinculado con la vida penitenciaria en dicho centro, por lo que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que por ello deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del Pacto Federal. Como se dijo anteriormente, la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, establece en sus artículos 1 y 2, que tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, tal como se transcribe a continuación: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." También, como se mencionó con anterioridad, el artículo 24 de la referida ley, estableció que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los jueces de ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Entonces, para efectos de la causa de improcedencia en estudio, la parte quejosa está en aptitud de realizar lo siguiente: 1. Dirigir su petición al Director del Centro de Reclusión en el que se encuentra, quien es el órgano competente para satisfacer las necesidades del interno, entre las que se halla la atención médica que solicita. En caso de no ser atendida la petición referida dentro del término de cinco días, esta cuestión se puede formular ante el juez de ejecución, quien resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo descrito anteriormente, de lo cual dará cuenta al inmediato superior jerárquico. Si la petición a la que se aludió anteriormente es resuelta por la autoridad penitenciaria de forma negativa, el interno podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. 2. En casos urgentes, es decir, cuando las peticiones recaigan sobre hechos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, puede acudirse directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición, quien de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva o, si considera que no es urgente, la turnará al centro para su tramitación. 3. Las personas que se encuentran internas en un centro reclusión, también pueden judicializar sus peticiones administrativas ante el juez de control o ejecución, según corresponda, una vez que se haya agotado la petición administrativa, con el objeto de resolver, en lo que interesa, controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. ... Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XVIII, en concordancia con la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Karla Viridiana Mar Santos. Designación de asesor jurídico federal a la quejosa. Gírese oficio al Delegado en Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que sea notificado del presente auto, designe un profesional que asesore a la quejosa en el presente asunto. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento o de no informar la imposibilidad que tuviere para ello, se le impondrá, como medida de apremio, una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 237, fracción I, y 259 de la ley en comento, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, en específico lo relativo al fenómeno de salud pública, derivado del virus Covid-19, se solicita al Delegado en Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que sea a través del correo institucional 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx o del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que informe la designación del profesionista que asesorará a la quejosa Leticia Rodríguez Lara. Sin que sea necesario que éste acuda al Juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido, sino únicamente deberá informar la fecha en que se entrevistó con la aludida quejosa, para lo cual se acompaña versión digitalizada del escrito presentado por la misma. Además, se pone a disposición de la autoridad para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo, el teléfono celular 7773890206. Domicilio procesal. En términos del artículo 26, fracción I, de la ley reglamentaria, notifíquese a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Transparencia y acceso a la información pública. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber al promoverte que puede consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar en que se encuentra recluida. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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