Karla Verónica Saldaña Vaca

Expediente 1007/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1007/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Karla Verónica Saldaña Vaca

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la certificación que antecede, se aprecia que transcurrió el término para recurrir el auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. Se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Finalmente, dese vista a la parte quejosa para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a recoger las documentales que aportó en el juicio en que se actúa, apercibida de que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción...."

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que transcurrió el término para recurrir el auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. Se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Finalmente, dese vista a la parte quejosa para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a recoger las documentales que aportó en el juicio en que se actúa, apercibida de que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN SÍNTESIS: Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, se desecha la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Se hace constar que en la publicación de este acuerdo no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo signada por Karla Verónica Saldaña Vaca, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido, con sede en Pénjamo, Guanajuato; en atención a su contenido, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1007/2018-V. Identificación de actos reclamados. La quejosa señala como acto reclamado el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el juicio M-46/2015 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en el cual se consideró improcedente su petición de que se le reconociera personalidad jurídica en el juicio para acceder al expediente y defender sus derechos sobre el inmueble ubicado en calle Galeana, número 9, antes calle Emiliano Zapata, número 10, en Huanímaro, Guanajuato. Lo anterior, en virtud de que aduce que adquirió el citado inmueble mediante contrato suscrito el dos de enero de dos mil quince por su madre Verónica Vaca Vaca, como su representante y José Saldaña Uribe, el cual, fue ratificado ante el Notario Público número 1 de Pénjamo, Guanajuato. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque acorde al principio de impartición de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia, ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En atención al acto reclamado precisado y al tener como hecho notorio el juicio de amparo indirecto 1055/2015-VIII del índice del índice de este juzgado, se aprecia que el juicio es improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] Esta causa de improcedencia se actualiza cuando el acto reclamado ya fue materia de una sentencia en un juicio de amparo, que ya causó ejecutoria. Para que se actualice, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, y por la referencia a la fracción que le precede, se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Además, se refiere a juicios terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. La improcedencia así considerada por el legislador se estableció para evitar la promoción de tantos juicios de amparo como lo desee la parte quejosa en contra de una ley específica o un concreto acto reclamado, dado que cuando ya fueron analizados en diversa ejecutoria pronunciada por el órgano de control constitucional, lo resuelto en dicha ejecutoria constituye cosa juzgada; es decir, la verdad legal que no admite ya ulterior recurso ni existe forma de modificarla ante la identidad de sujetos y de autoridades, así como del objeto que lo constituye en sí el acto concretamente reclamado. Sobre el particular, conviene citar el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 41, del Volumen XCIX, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se impugne el mismo acto; sin embargo, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado. Por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Lo cual se lee en la jurisprudencia publicada con el número 132, en la página 108, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor literal: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia en trato, pues el acto aquí reclamado por Karla Verónica Saldaña Vaca, consistente en el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el juicio M-46/2015 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, que consideró improcedente su petición de que se le reconociera personalidad jurídica en el juicio para acceder al expediente y defender sus derechos sobre el inmueble ubicado en calle Galeana, número 9, antes calle Emiliano Zapata, número 10, en Huanímaro, Guanajuato, fue materia de análisis en el juicio de amparo indirecto 1055/2015-VIII del índice de este juzgado. Pues, en el citado juicio, la aquí quejosa Karla Verónica Saldaña Vaca, por conducto de su madre Verónica Vaca Vaca, reclamó el embargo trabado sobre el citado inmueble, dentro del juicio ejecutivo mercantil M-46/2018 del Juzgado Segundo Civil de Partido en Pénjamo. De forma que se verifica que en ambos juicios de amparo la quejosa -Karla Verónica Saldaña Vaca- y la autoridad responsable es la misma -Juez Segundo Civil de Partido en Pénjamo- son las mismas. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado, aunque en el primer juicio reclamó el embargo y en éste se reclama el auto que considera improcedente dar intervención a la quejosa en juicio para que defienda sus intereses, ambos actos versan sobre el inmueble ubicado en calle Galeana, número 9, antes calle Emiliano Zapata, número 10, en Huanímaro, Guanajuato el citado inmueble, afectado dentro del juicio ejecutivo mercantil M-46/2018. En el juicio de amparo 1055/2015-VIII de este juzgado, se concluyó que la copia certificada del contrato privado de compraventa de dos de enero de dos mil quince, celebrado entre José Saldaña Uribe, en su carácter de vendedor, y Verónica Vaca Vaca, en ejercicio de la patria potestad de la menor Karla Verónica Saldaña Vaca -aquí quejosa-, como compradora, respecto del inmueble ubicado en calle Emiliano Zapata, número 10, en Huanímaro, Guanajuato, ratificado el ocho de septiembre de dos mil quince ante la Notario Público número 1 en Pénjamo, Guanajuato, en el cual la quejosa sustenta su petición para intervenir en el juicio mercantil, no acredita el derecho de propiedad a que alude, porque tanto la certificación del instrumento notarial como la ratificación notarial del contrato carecen de los requisitos legales, y ante ello, tampoco se acreditó que la compraventa se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad, que se haya ratificado ante la Notario Público número 1 con ejercicio en Pénjamo o haya fallecido cualquiera de los firmantes. Tal determinación adquirió firmeza al haberse confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, dentro del amparo en revisión civil 216/2016. En esas condiciones, si en el citado juicio de amparo 1055/2015-VIII se verificó que el documento en que la quejosa sustenta su derecho sobre el inmueble referido carece de validez, y en el presente juicio de amparo controvierte la negativa de la autoridad jurisdiccional a darle intervención en el juicio en el que el bien de mérito fue materia de ejecución y con motivo de esta ya se había examinado si tenía o no un derecho sobre el mismo, se actualiza la causa de improcedencia examinada. Es aplicable la tesis I.7º.A.132K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, se desecha la demanda de amparo promovida por Karla Verónica Saldaña Vaca, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se instruye a la secretaria del juzgado obtenga copia certificada de la demanda, auto admisorio y sentencia del juicio de amparo 1055/2015-VIII, así como del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión 216/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato; ello, a fin de sustentar la causa de improcedencia examinada. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad el ubicado en prolongación Avenida Españita, número 886, fraccionamiento El Cortijo, en esta ciudad. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Antonio Hernández Razo, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.". Por último, con apoyo en los artículos 6o, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de este acuerdo no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Karla María Macías Lovera, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Karla Isabel Castro Ortiz, secretaria que autoriza y da fe.

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