Karla Verónica Montalvo Zúñiga
Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- Junta Especial número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Karla Verónica Montalvo Zúñiga
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue sobreseído el juicio de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado y vista. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual rinde su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe. Acuerdo. Ahora del análisis del informe justificado y de las constancias anexas y tomando en cuenta que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente, en el expediente laboral J/O/1423/2018, de su índice; por tanto, de las constancias de referencia se advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.". "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable señalada en párrafos que anteceden, consistentes en copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral J/O/1423/2018, específicamente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se advierte que la citada autoridad responsable dictó el laudo en el citado juicio laboral. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos de los actos reclamados; los que quedaron sin efectos al emitirse el laudo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral J/O/1423/2018, en el que la Junta responsable resolvió el juicio antes citado, por lo que la afectación que se dolía la peticionaria de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la quejosa en el goce de la garantía violada. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Época: Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página: 38). Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario José Luis Castro Coutiño, quien da fe y además certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes. Certifico y doy fe.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Informe justificado y vista. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual rinde su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe. Acuerdo. Ahora del análisis del informe justificado y de las constancias anexas y tomando en cuenta que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente, en el expediente laboral J/O/1423/2018, de su índice; por tanto, de las constancias de referencia se advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.". "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable señalada en párrafos que anteceden, consistentes en copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral J/O/1423/2018, específicamente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se advierte que la citada autoridad responsable dictó el laudo en el citado juicio laboral. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos de los actos reclamados; los que quedaron sin efectos al emitirse el laudo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral J/O/1423/2018, en el que la Junta responsable resolvió el juicio antes citado, por lo que la afectación que se dolía la peticionaria de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la quejosa en el goce de la garantía violada. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Época: Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página: 38). Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de febrero de dos mil veintidós. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo que promueve ***** ** *** *******, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 156/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Incidente de suspensión. En el presente caso la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado, razón por la que se tramitara sin incidente de suspensión. Domicilio par notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Calle Primavera número 139, Fraccionamiento La Alborada de esta ciudad. Autorizados. Téngase por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hebert Martín Espinosa Chanona, y en términos restringidos del citado numeral a Carlos Benjamín Espinosa Chanona y Lizeth Italhú González Constantino, por así manifestarlo la parte quejosa. Ministerio Público. En términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el arábigo 2o., párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de quince días, contado a partir del momento en que reciba la notificación del presente proveído y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia del acto que se les reclama. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que la peticionaria de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibida que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, exhórtese a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de doscientos días de salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. De igual manera, informe sí es procedente algún recurso o medio de impugnación en contra del acto reclamado. Requerimiento. Requiérase a la autoridad para que informe si la quejosa ha promovido diverso juicio contra el mismo acto reclamado, o bien, si dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se han promovido diversos juicios de amparo y en su caso, remita las constancias relativas; lo anterior, de acuerdo con la facultad de recabar oficiosamente las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Habilitación actuarial. En términos del precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Pruebas. La parte quejosa ofrece prueba documental. La Secretaría deberá hacer relación de la misma en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial. Copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la misma, expídase las copias que solicita, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. De igual forma, se le hace del conocimiento que a efecto de evitar cualquier tipo de contacto físico, en atención a los cuidados propios de la emergencia sanitaria actual, por lo que respecta a las copias simples que solicita, podrá proporcionar un correo electrónico donde le pueda ser enviado el archivo electrónico que las contenga. Ahora bien, dígase a la promovente que para acudir a este órgano jurisdiccional a recoger las copias simples que se ordenan, deberá atender a lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, pudiendo ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Una vez obtenida la cita, con la debida anticipación, deberá informarlo a este Juzgado de Distrito, a fin de que, previa razón que se asiente en autos, se le hagan entrega de las copias simples, a las personas que indica. Aunado a lo anterior, hágasele del conocimiento que en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, puede proporcionar su nombre de usuario, mismo que puede obtener en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para efecto de que pueda consultar el expediente electrónico y en su caso la notificación en el referido sistema. Una vez cumplido lo anterior, podrá descargar las copias simples que solicita directamente desde el portal respectivo, las cuales tienen validez oficial, pues cuentan con la firma electrónica de los servidores públicos correspondientes, como lo establece el Acuerdo 12/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 3, fracción VII. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de optar por la primera de ellas, deberá proporcionar el correo electrónico respectivo. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Terceros interesados. En cuanto a la manifestación de los terceros interesados se determina que no les recae tal carácter, porque el acto reclamado incide solamente en los derechos procesales de la parte quejosa; por consiguiente, no se tendrá en este juicio con tal calidad a los señalados. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Videoconferencia. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que señala como regla general para la práctica de audiencias, el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencias, se requiere a las partes para que manifiesten por escrito y dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, si es su deseo comparecer a la celebración de la audiencia a través de dicho sistema; lo anterior, a fin de que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de determinar la factibilidad de celebrar la audiencia en la fecha señalada, de acuerdo con la agenda del juzgado y la disponibilidad de los equipos de cómputo; en el entendido de que de no ser posible en ese momento, se deberá diferir la audiencia a fin de no vulnerar el derecho de partes a estar presentes en durante su celebración. Bajo el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna dentro del término indicado, se entenderá su conformidad con llevar a cabo la audiencia sin la asistencia de las partes. En la inteligencia, que en todo momento se pondrán formular alegatos, ya sea presentando el escrito de forma física o utilizando los medios electrónicos relativos a juicio en línea. De la misma forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lista. Finalmente, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Notifíquese en términos de ley.
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