Karla Verónica Becerra Lugo
Expediente 851/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/06/2022
Partes del expediente
- Karla Verónica Becerra Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse dictado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, es susceptible de destrucción, acorde con la hipótesis que establece el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que, una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto deberá ser destruido. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la constancia de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial asignado para practicar las notificaciones del presente expediente, de notificar personalmente a la tercera interesada Grupo Telvista, Sociedad Anónima de Capital Variable, el contenido del proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, por las razones que ahí expone. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena notificar a la referida tercera interesada por medio de lista en los estrados de este Juzgado, el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL AUTO DICTADO EN VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS: Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Presidente por ministerio de ley de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, con sede en esta ciudad; mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, remite copias certificadas de las constancias relativas al juicio laboral 2114/2021-4, de su índice; de los que se advierte que el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se emplazó al citado juicio laboral, al codemandado "quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo" ubicada en boulevard Agua Caliente, número 11066, colonia Aviación, de esta ciudad; con lo anteriormente relatado, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados. Para demostrar lo anterior, en principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, del escrito inicial de demanda se advierte que en el presente juicio el acto reclamado, consiste en la omisión de practicar el emplazamiento a juicio de "quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo", ubicada enboulevard Agua Caliente, número 11066, colonia Aviación, de esta ciudad; dentro del juicio laboral 2114/2021-4, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, con sede en esta ciudad. En consecuencia, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo - cuatro de febrero de dos mil veintidós - la autoridad responsable por conducto del Actuario de la adscripción, emplazó al citado juicio laboral -2114/2021-4-, al codemandado "quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo" ubicada en boulevard Agua Caliente, número 11066, colonia Aviación, de esta ciudad; es claro que para los efectos del amparo la dilación del procedimiento reclamada ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos fundamentales alegados, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo tanto, queda sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las once horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, debiéndose hacer la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos} Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, toda vez que el acto reclamado por el quejoso en el presente medio de control constitucional es la dilación procesal en el juicio laboral 5559/20-4B, específicamente en lo relativo al emplazamiento del codemandado quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo", ubicada en boulevard Agua Caliente, número 11066, colonia Aviación, por tanto no resulta jurídicamente factible examinar si el procedimiento de origen se ha desahogado conforme a los plazos y términos previstos en la legislación laboral, puesto que el acto reclamado debe delimitarse tomando en consideración la etapa procedimental en la que se sitúa dicha actuación dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad. De ahí que, si la parte quejosa expresamente reclamó la dilación procesal en que incurrió la junta laboral a fin de practicar el emplazamiento a juicio de "quien resulte responsable o propietario de la fuente de trabajo", ubicada en boulevard Agua Caliente, número 11066, colonia Aviación, de esta ciudad; dentro del juicio laboral 2114/2021-4, de su índice, es inconcuso que sólo dicho acto puede ser examinado por este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos treinta y dos, tomo I, libro 1 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de diciembre de dos mil trece, Décima Época, registro 2005150, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado."Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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