Karla Vannesa Serrano Guzmán
Expediente 289/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- Karla Vannesa Serrano Guzmán
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite fotocopia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 114/2021 de su índice, en el que resolvió: " [.] ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Karla Vanessa Serrano Guzmán, por conducto de su autorizado, contra del auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Baja California, con sede en Tijuana, dentro del juicio de amparo indirecto 289/2021. [.]" Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, recibido a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de tres de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este juzgado dictó la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, en la que se desechó de plano la demanda de amparo. Como sustento a lo anterior, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo, así como copia certificada de las constancias que integran el juicio que nos ocupa. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Radicación Vista la demanda de amparo que promueve Karla Vanessa Serrano Guzman, por propio derecho y en representación legal de sus menores hijas de nombre Natalia y Valeria ambas de apellido Plascencia Serrano, contra actos del Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 Constitucionales; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 289/2021-C. Análisis de la personería del promovente Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve; por ende, con base en las copias simples de las actas de nacimiento a nombre de Natalia y Valeria ambas de apellido Plascencia Serrano, expedidas por la Oficialía 01 del Registro Civil de Tijuana, Baja California, documentales de las cuales se aprecia que Karla Vanessa Serrano Guzman aparece como su madre; misma que se le otorga valor demostrativo de indicio en términos de los artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Karla Vanessa Serrano Guzman, dicho carácter. Desechamiento de la demanda Del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad señala como actos reclamados a las autoridades responsables lo siguiente: "A) Del Gobernador del Estado de Baja California, se reclama: La preparación, aprobación, emisión y publicación de la declaratoria de utilidad pública del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, AC, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California de Baja California, número 26, tomo CXXVIII de fecha 13 de abril de 2021, respecto del predio ubicado Boulevard Agua Caliente, número 11311, Fraccionamiento Agua Caliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California, clave catastral AC-017-000, para crear el "Complejo Interactivo Campestre" porque se realiza en una zona que no es asequible, accesible, funcional para las quejosas, que solo beneficiara a un pequeño sector de la población cercana a ese lugar, olvidando que la quejosa y sus hijas lo que necesitan es que el ejecutivo del Estado de Baja California invierta en los 30 parques que pertenecen a la Delegación Otay Centenario, que es donde la quejosa y mis hijas tenemos nuestro domicilio, pues son los únicos que repercutirían en un beneficio directo en nuestro entorno y producirían un medio ambiente sano, mejorarían la salud y el esparcimiento, cuando hoy están abandonados, llenos de tierra, deteriorados; sirven como basureros, constituyen nidos de delincuentes y no tienen mantenimiento, lo que implicaría que la expropiación no le repercutiría ningún beneficio por la distancia, el costo de transporte y tiempos de traslado, con costos millonarios de mantenimiento que mejor podrían canalizarse a los 30 parques de mi Delegación. A) Del Secretario General de Gobierno, se reclama: El refrendo y ejecución de de la declaratoria de utilidad pública del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, A.C, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California de Baja California, número 26, tomo CXXVIII de fecha 13 de abril de 2021, respecto del predio ubicado Boulevard Agua Caliente, número 11311, Fraccionamiento Agua Caliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California, clave catastral AC-017-000, para crear el "Complejo Interactivo Campestre" porque se realiza en una zona que no es asequible, accesible, funcional para las quejosas, que solo beneficiara a un pequeño sector de la población cercana a ese lugar, olvidando que la quejosa y sus hijas lo que necesitan es que el ejecutivo del Estado de Baja California invierta en los 30 parques que pertenecen a la Delegación Otay Centenario, que es donde la quejosa y mis hijas tenemos nuestro domicilio, pues son los únicos que repercutirían en un beneficio directo en nuestro entorno y producirían un medio ambiente sano, mejorarían la salud y el esparcimiento, cuando hoy están abandonados, llenos de tierra, deteriorados; sirven como basureros, constituyen nidos de delincuentes y no tienen mantenimiento, lo que implicaría que la expropiación no le repercutiría ningún beneficio por la distancia, el costo de transporte y tiempos de traslado, con costos millonarios de mantenimiento que mejor podrían canalizarse a los 30 parques de mi Delegación." Atento a lo anterior, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b), se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Karla Vanessa Serrano Guzman, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de nombre Natalia y Valeria ambas de apellido Plascencia Serrano, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimarse que la solicitante de amparo carece de interés legítimo para instar el juicio constitucional en contra de los actos que reclama. Para explicar lo anterior, resulta pertinente establecer el contenido de los numerales antes citados, los cuales indican: Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Todas las controversias de que habla en artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa En primer término, con relación a la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional no procederá contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico. Así, para explicar los alcances de dicha distinción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 111/2013, de la cual derivó la jurisprudencia P./J.50/2014, cuyo rubro dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)", determinó que desde mil novecientos diecisiete y durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, se había realizado una interpretación constante respecto del interés jurídico, al identificarlo con un perjuicio directo a la esfera jurídica del quejoso a partir de la titularidad de un derecho público subjetivo, lo que significaba que debía acreditarse una lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso. En la mencionada resolución se hizo referencia a las reformas constitucionales de dos mil once, relacionadas con los derechos humanos y el juicio de amparo, para concluir que a partir de su entrada en vigor, se adoptó un paradigma constitucional que obliga a todas las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, lo cual implica que la interpretación de las figuras jurídicas integrantes de nuestro sistema jurídico debe ser conforme al principio pro persona, que constituye la base de dicho paradigma. En razón de lo anterior, los ministros se dieron a la tarea de definir los alcances del interés legítimo como presupuesto procesal para instar al juicio de amparo, respecto del cual concluyeron que conforme a dicho supuesto, para acudir al juicio constitucional se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. De esa forma, el Pleno consideró como elementos para analizar si se actualiza el interés legítimo para ejercer la acción de amparo, los siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto al de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En esas condiciones, una vez precisados los parámetros fijados por la Suprema Corte para considerar que un sujeto cuenta con interés legítimo para ejercer la acción de amparo, conviene analizar, de manera específica, si en el caso en concreto, el aquí quejoso cuenta con dicho interés. Como se anticipó, la impetrante de amparo, señala como acto reclamado destacado de las autoridades señaladas como responsables la preparación, aprobación, emisión, publicación, refrendo y ejecución de la declaratoria de utilidad pública del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, AC, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California de Baja California, número 26, tomo CXXVIII de fecha 13 de abril de 2021, respecto del predio ubicado Boulevard Agua Caliente, número 11311, Fraccionamiento Agua Caliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California, clave catastral AC-017-000, para crear el "Complejo Interactivo Campestre". Con base en esa información, se estima que la parte quejosa carece de interés legítimo para promover el presente juicio, en la medida en que únicamente cuenta con un interés simple para reclamar a las autoridades responsables los actos precisados en el párrafo que antecede. Lo anterior es así, ya que no acredita que exista, por su situación particular frente al orden jurídico, un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, tal y como lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria a que se hizo alusión anteriormente, ya que de las manifestaciones vertidas por la aquí quejosa, en su demanda de amparo refiere bajo protesta de decir verdad que: "1.- El 26 de enero de 2021, se difundió un video en los medios de comunicación y redes sociales, que provenía de las conferencias mañaneras del Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, hacienda pública su intención por expropiar el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana. 2.- El 13 de abril de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, la declaratoria de utilidad a través de la cual el Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, pretende oficialmente expropiar el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana. 3.- Que la quejosa y mis hijas vivimos en Avenida Héroes 330, colonia Buena Vista, Código Postal 22415, Delegación Otay Centenario, Tijuana, Baja California y dicha delegación cuenta con 30 parques, los cuales con un mantenimiento de alrededor de $49,392.723.98 pesos, podría brindar salud, esparcimiento y un medio ambiente sano, sin embargo, el ejecutivo del Estado prefiere expropiar un predio que este fuera del perímetro donde la quejosa y sus hijas pudieran utilizarlo, disfrutarlo o aprovecharlo, con un costo injustificado que terminaría de absorber el deteriorado manejo de los 30 parques de la Delegación." Manifestaciones las anteriores, que constituyen una confesión expresa de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que, como residentes de la ciudad de Tijuana, su preocupación consiste en que la declaratoria de utilidad pública, visible en el periódico oficial del Estado de Baja California de Baja California, número 26, tomo CXXVIII de fecha 13 de abril de 2021, para crear el "Complejo Interactivo Campestre" se realiza en una zona que no es asequible, accesible y funcional para las quejosas, y que sólo un pequeño sector de la población cercana a ese lugar podría gozar de la misma, en lugar de invertir en los treinta parques que pertenecen a la delegación Otay Centenario, que es donde la quejosa y sus hijas tienen su domicilio y donde se debe premiar el medio ambiente, la salud, esparcimiento y cultura, no en un predio que por distancia, costo de transporte y tiempos de traslado no genera beneficios de ningún tipo a las quejosas. Sin embargo, el referido interés lo tiene cualquier otro de los ciudadanos que integran este país, puesto que es posible concluir que toda la comunidad tiene interés en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal; empero, tal circunstancia por sí sola, es insuficiente para acudir al juicio de amparo. Ello, en razón de que con base en dicho interés únicamente se reconoce legitimación a cualquier ciudadano por el mero hecho de ser miembro de una sociedad para interesarse en el quehacer de las autoridades con la finalidad de que cumplan con el orden jurídico objetivo, pero sin que con base en tal interés pueda instarse el juicio de amparo, ya que necesariamente se requiere que se acuda con un interés jurídico o legítimo; lo que en la especie no se acredita. Aunado a lo anterior, se estima que la parte quejosa no acredita su interés legítimo en la medida en que la eventual concesión del amparo, no se traduciría en un beneficio jurídico en su favor, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como fue precisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, en todo caso, ello será lejanamente derivado e indirectamente, pues en caso de que se declare la inconstitucionalidad de los actos que reclama consistentes en la preparación, aprobación, emisión, publicación, refrendo y ejecución de la declaratoria de utilidad pública del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, AC, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California de Baja California, número 26, tomo CXXVIII de fecha 13 de abril de 2021, respecto del predio ubicado Boulevard Agua Caliente, número 11311, Fraccionamiento Agua Caliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California, clave catastral AC-017-000, para crear el "Complejo Interactivo Campestre", las cosas volverían al estado en que actualmente se encuentran, es decir, a que no exista dicha declaratoria de utilidad pública, sin que ello conlleve a que se invierta dinero en otra parte de la ciudad. Pues no se considera que exista una vinculación directa entre la omisión de que se duele en el presente asunto, con una afectación futura y cierta en la salud de la parte quejosa, y por tanto, en su esfera jurídica. Por tal motivo, como la parte quejosa no se encuentra en una situación jurídica cierta, concreta y directa en la que se pueda ver afectada, es inconcuso que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo, pues si bien todos los individuos tienen interés en que sean legales los actos de las autoridades, ese objetivo o intención no basta para acudir al juicio de amparo, ya que incluso tratándose del interés legítimo, la parte quejosa debe resentir una afectación real, objetiva y concreta en su esfera jurídica. De tal suerte que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá en el goce de ningún derecho concreto a la parte quejosa, es claro que la promoción de este asunto no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues este está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la inconstitucionalidad del acto que se reclame. En efecto, el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de una garantía individual violada -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. De modo que si la pretensión de la aquí quejosa, no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad que aducen de los actos reclamados se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señalan un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional, ni en lo individual, ni en representación de una colectividad. Por tanto, como la promovente sólo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para solicitar la legalidad de los actos de las autoridades, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J.38/2016 (con número de registro electrónico 2012364) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 690 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, que dice: Razonamientos, que son acordes, aplicados en sentido contrario, con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 323/2014, del cual derivó, entre otras, la tesis 1a. CLXVII/2015 con rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL DERECHO CUESTIONADO A LA LUZ DE LA AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO", ya que en la ejecutoria de la que derivó la referida tesis, los ministros establecieron puntualmente que tratándose del interés legítimo el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho y la afectación que se alega. De ahí que se considere que los actos reclamados no afecten de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, la esfera de derechos de la promovente, para considerar que acredita un interés jurídico para instar el juicio constitucional, teniendo únicamente un interés simple como cualquier otro ciudadano. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Karla Vanessa Serrano Guzman, por propio derecho y también en representación legal de sus menores hijas de nombre Natalia y Valeria ambas de apellido Plascencia Serrano. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página 325, Materia Constitucional, Registro 2005917, Décima Época, de rubro y texto siguientes: Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1078, libro 43, Junio de 2017, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., con registro digital 2014433, cuyo rubro y texto son: Autorizados y domicilio Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en los términos amplios que establece dicha disposición a los profesionistas Adolfo Cuauhtémoc Solís Farías, Iván Argote Castañeda, María Isabel Rodríguez Farías, Victoria América Velázquez Gutiérrez, Aldo Solís Hernández, Estela de León Hernández, Adriana Valentina Monjarás Ruiz, Víctor Francisco López González, Yéssica Angulo Delgado y José Sánchez Roldán, dado que tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente que lo acredita como licenciado en Derecho en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jaime Flores Dávalos, Arnoldo Ozono Peinado, Luis Fernando Palomares Martínez, Alexa Bernal Martínez y Klinsman Elier Gutiérrez Álvarez, por así haberlo solicitado. Acceso y notificaciones vía electrónica De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto. En ese tenor, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "adolfos", "monjarasa", "deleone", "argotei" y "sanchezj" únicamente por lo que hace a este juicio. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 79 y 96 del citado acuerdo general, y a fin de evitar duplicidad de actuaciones, se tiene a la promovente señalando la vía electrónica, para oír y recibir notificaciones, por lo que le surge la obligación a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. Asimismo, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico a fin de establecer contacto en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente.
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