Karla Salazar Salgado

Expediente 1166/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1166/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Karla Salazar Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el toca relativo al recurso de queja civil 10/2023, interpuesto por Miguel Ángel García Torres, en su carácter de autorizado en términos amplios de la quejosa Karla Salazar Salgado, en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que desecho la demanda de amparo; por tanto, agréguese al expediente en que se actúa el oficio de cuenta y el testimonio de referencia. Acúsese recibo vía electrónica. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual transcribe el contenido del acuerdo de seis de enero actual, dictado en el recurso de queja 10/2023, por el que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa por conducto de su autorizado, en contra del auto que desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por Miguel Ángel García Torres, en su carácter de autorizado en términos amplios de la quejosa Karla Salazar Salgado, mediante el cual interpone recurso de queja que hace valer en contra del proveído de dieciséis de diciembre actual, que desecho la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la ley de la materia, agréguese una copia del escrito y anexo que se provee al juicio en que se actúa, y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, residente en Chilpancingo, Guerrero; el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias y actuaciones que integran el presente asunto, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el último arábigo citado, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la resolución que se reclama. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Karla Salazar Salgado, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1166/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la quejosa Karla Salazar Salgado, como parte demandada en el juicio de guardia y custodia 791-2/2021, esencialmente reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: a) El auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por el cual no se acordó favorable su solicitud de extinción del juicio, en razón de que será hasta la sentencia definitiva donde se analizara las pruebas presentadas por las partes, y se determinara lo conducente respecto de la guardia y custodia de los menores de identidad reservada E.O.H.S y C.U.H.S. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del citado numeral en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en todos aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de la Carta Magna o de la Ley de Amparo y, del segundo numeral se aprecia que una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto la constituye cuando se promueva contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose éstos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto al tema de imposible reparación, a la fecha se han emitido diversos criterios, en el sentido de que únicamente se deben considerar aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos, quedando excluidos los actos adjetivos, no obstante que los mismos afectaran a las partes en un grado predominante o superior o que constituyeran violaciones procesales exorbitantes. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), en la cual interpreta el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la que categóricamente establece que uno de los requisitos para que sea procedente la acción de amparo biinstancial, es que los actos irreparables deben tener una afectación a los derechos sustantivos de los gobernados. La Jurisprudencia en comento se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De lo anterior, la Corte Suprema determinó que no podía seguir siendo aplicable la Jurisprudencia P./J.4/2001 que en su momento emitió el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituía el motivo para estimar procedente el amparo indirecto que se promovía contra de la resolución que en el juicio laboral por la que se desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, a pesar de tratarse de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Luego, la comprensión y modificación de lo que se debe entender por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro de un juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte en la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto a los actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado consiste en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en el juicio de guardia y custodia 791-2/2021, por el cual no se acordó favorable su solicitud de extinción del juicio, es una actuación que no produce una afectación material, sino que solo un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos; aunado a que la violación de la que se duele puede ser reparada con la obtención de una sentencia favorable que se llegara a emitir en el juicio de guardia y custodia 791-2/2021. En esas condiciones, si la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Nacozari número 36, colonia Electricistas Código Postal 39710, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel García Torres y Mónica Calleja Mendoza, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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