Karla Pedroza Molina

Expediente 1229/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1229/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Karla Pedroza Molina
  • Karla Pedroza Molina y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de siete de julio de dos mil veintidós, que desechó su demanda de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta del quejoso, por el cual, realiza diversas manifestaciones respecto de los alcances de la concesión de amparo, por tanto, sus manifestaciones serán tomadas en consideración en párrafos siguientes. . . . este juzgado ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora; dado que como se adelantó la concesión de amparo fue para el efecto de que la responsable de inmediato exhibiera las constancias con las que acreditara haber girado los oficios a las dependencias (Agua de Puebla para todos, Comisión Federal de Electricidad y Secretaria de Economía del Estado de Puebla) ordenados en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral * lo cual ya aconteció, por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsables haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones del quejoso respecto de que la moral demandada en el juicio de origen se niega en su totalidad a dar cumplimiento a lo resuelto dentro del laudo de fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, principalmente en su fracción tercera, ante tal circunstancia con fecha veintitrés de febrero del dos mil veintidós el apoderado legal del aquí quejoso se sirvió interponer escrito al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, haciendo de su conocimiento sobre lo acontecido en fecha veintisiete de junio de la presente anualidad, solicitando declare la ilegalidad de reinstalación del hoy quejoso y por lo tanto se condene a la demandada en el expediente de origen a las indemnizaciones y prestaciones correspondientes; luego entonces, en atención a los efectos del amparo otorgado en este sumario, la autoridad responsable exhibió las constancias con las que acreditó haber girado los oficios a las dependencias (Agua de Puebla para todos, Comisión Federal de Electricidad y Secretaria de Economía del Estado de Puebla) ordenados en auto de tres de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral * aunado a que como se hizo mención en la sentencia, la concesión de amparo no tiene alcances sobre las subsecuentes omisiones o dilaciones en que pudiera incurrir la responsable, dado que la protección constitucional se limita en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el quince de marzo de dos mil veintidós, en que se recibieron los oficios girados por la autoridad responsable; lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el veintiuno de junio siguiente; fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  3. Principal

    ...dese trámite a la suspensión. De conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables su informe previo, que deberá rendir por duplicado y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia fotostática de la demanda y anexos. Se le apercibe que, aludir hechos falsos en su informe previo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientos días de salario que corresponda, según la Unidad de Medida y actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. En términos del artículo 138, fracción II, de la ley en mención, se señalan las NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Para resolver sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, es conveniente precisar que del escrito inicial, se tiene que la parte quejosa reclama, lo siguiente: "Del Honorable Congreso del Estado, RECLAMAMOS: -La iniciativa de ley, discusión y aprobación de los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2022, artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán en su carácter de normas autoaplicativas en detrimento de la Ciudad de Indios de Tehuacán y del pueblo indígena náhuatl, mazateco, mixteco y popoloca de Tehuacán, generando nuevos cobros de derechos y/o impuestos por servicios de alumbrado público de manera desproporcional y discriminatoria en perjuicio del pueblo náhuatl de Tehuacán." "El Decreto por el que se establecen los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022, y artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán." "El establecimiento de una tarifa mensual de $**** (**** MXN), por concepto de "Derecho de Alumbrado Público", en el artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2022, con ausencia de motivación específica para su determinación. Del Gobierno del Estado de Puebla, RECLAMAMOS: -La promulgación y publicación de los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2022, artículos 58,59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán. El Decreto por el que se establecen los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022, y artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán." De la Secretaría de Gobernación, RECLAMAMOS: -El proceso de promulgación y publicación de los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2022, artículos 58,59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán. -El Decreto por el que se establecen los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2022, y artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán." Del Ayuntamiento de Tehuacán y Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, RECLAMAMOS: -Los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2022, y artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán. -La omisión a consultar y obtener el consentimiento del pueblo indígena náhuatl de Tehuacán al definir la política de ingresos y egresos del municipio que afecta directamente el desarrollo de la comunidad o barrio indígena quejoso, retirando en la Ley de Egresos 2022." "-El establecimiento de una tarifa mensual de $**** (***** MXN) por concepto de "Derechos de Alumbrado Público", en el artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2022." Ahora bien, previo a verificar la procedencia de la medida cautelar, se considera necesario puntualizar que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y con ello, no se aplique las obligaciones fiscales contenidas en los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Ingresos del municipio de Tehuacán, para el Ejercicio Fiscal 2022, y los artículos 57,58, 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 58, 59, 60, y 62 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán; así como el cobro de alumbrado público. Por tanto, sólo se hará pronunciamiento respecto de lo solicitado por la parte quejosa en su demanda de amparo en relación a la suspensión de los actos reclamados y en los términos citados. Ahora bien, previo a verificar la procedencia de la medida cautelar es menester precisar que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados para el efecto que mientras se resuelve el juicio de amparo no le sea aplicada la norma tachada de inconstitucional. Es preciso mencionar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevé que en el juicio de amparo los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, por lo que el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. Conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo referida exige dos requisitos para conceder la suspensión: I.- Que la solicite el quejoso, y, II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, el numeral 148 de la Ley de la Materia, dispone: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación." Por lo que ve a los efectos de las normas, consistentes en el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público a través de la Comisión Federal de Electricidad, que se carga en el recibo de energía eléctrica, procede conceder la suspensión provisional, por lo siguiente. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Por ende, aplicando el primer principio a la suspensión, es factible que el juzgador, sin dejar de tomar en cuenta los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución. En el caso, procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables, a través del órgano municipal encargado del cobro del recibo mensual por su consumo bajo el concepto del derecho por servicio de alumbrado público, se abstenga de hacer cualquier gestión a fin de obtener su pago por parte de la quejosa, sólo por cuanto ve al concepto de Derecho de Alumbrado Público; asimismo, las responsables no realicen gestiones ante Comisión Federal de Electricidad, para ese efecto, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva; sin que ello implique que el usuario del servicio de energía eléctrica deje de cubrir el monto por el consumo respecto del contrato que tiene celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, por no ser esto último materia del juicio de garantías. Lo anterior se apoya en que, al hacer un análisis del acto reclamado, que lo es, en esencia, el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, tomando como referencia la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica, es aparentemente inconstitucional, pues invade la esfera de atribuciones de la Federación, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." Así como la diversa jurisprudencia del rubro siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LOS ARTÍCULOS 49 Y 51 DE LA LEY NÚMERO 122 DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE ESTABLECEN PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, que en la práctica, se ha dificultado el cumplimiento de las ejecutorias de amparo por parte de las responsables para devolver el total del monto por concepto de cobro de derecho por servicio de alumbrado público, dado que, en algunos casos, es un monto muy considerable, en virtud de que a pesar de la presentación de la demanda de amparo, se sigue cobrando el derecho, con notorios perjuicios para la parte quejosa porque no se le retribuyen los daños y perjuicios ocasionados con motivo de no hacer uso de la cantidad retenida, y que sólo se ha dado cumplimiento como consecuencia de una serie de requerimientos, incluso al superior jerárquico a fin de obtener el cumplimiento total de la ejecutoria. Todo lo cual hace patente que, al hacer un cálculo de probabilidades, es factible que en el caso el acto reclamado sea inconstitucional y como consecuencia se concederá la protección constitucional a la parte quejosa, de manera que se hace necesario adoptar medidas que eviten las consecuencias antes referidas. Por lo tanto, sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, al existir solicitud expresa, sin que con la concesión de la medida se siga perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y por el contrario, con la ejecución se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, lo que procede entonces, es conceder la medida cautelar para los efectos precisados. Por lo que se refiere a lo previsto en el artículo 136 de la Ley de la Materia, como requisito para que surta efectos la suspensión otorgada, por el momento no es factible obligar a que cubra una cantidad que se desconoce si ya ha pagado, sin perjuicio de que, si llegado el momento se le requiere el pago del derecho ya determinado, con base en esa nueva circunstancia, se procederá como corresponda. En mérito de lo anterior, las autoridades responsables en modo alguno deberá requerir el pago por el derecho en cuestión. Lo anterior hasta en tanto se emita la suspensión definitiva en el presente sumario

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