Karla Paulina Carbajal Aceves y Otros.
Expediente 58/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rodolfo González Ávila y Otros.
- Karla Paulina Carbajal Aceves y Otros.
- Karla Paulina Carbajal Aceves
- Rodolfo González Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
MESA III. Ciudad de México, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo en el juicio de amparo en que se actúa y el cual se encuentra concluido; por tanto, devuélvase al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Dos sin Detenido en COY-3, de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, el tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
MESA. III. Ciudad de México, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído diecinueve de junio de este año, en la cual se sobreseyó el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto dictado en este juicio que sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, para que acreditara el trámite de la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado ***, ha fenecido; por lo tanto, se acuerda: Los artículos 61, fracción XXIII, 26, fracción I, incisos b) y k), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen:... De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; consecuentemente, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado el trámite de publicación de los edictos ordenados, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no publicarse los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos al tercero interesado ***, fue en atención a que pese a las investigaciones realizadas, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no proporcionó una dirección cierta y actual donde localizarla. Sin que a la fecha se hayan presentado en el local de este Juzgado el tercero interesado *** ni persona alguna autorizada por éstas en términos del artículo 12 de la ley de la materia o diversa que las represente en el presente juicio. Así, se advierte que al no haber acreditado la parte quejosa ante este Juzgado la publicación de los edictos ordenados, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación al domicilio de la tercera interesada, era obligación de la parte quejosa efectuar la publicación de los edictos ordenados, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Carta Magna. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO... En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la citada parte tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo; en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no acreditó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, ni se actualiza el supuesto de que la parte promoverte esté privada de la libertad, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada podría ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III de la Ley de Amparo, decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO. Sobre el particular se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, Marzo de 2003, foja 386, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA III. Visto la certificación secretarial que antecede, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible celebrarla, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término para emplazar por edictos al tercero interesado ***. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional, y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo...
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