Karla Patricia Serrano Ramírez
Expediente 1930/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1930/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Karla Patricia Serrano Ramírez
Actuaciones
- Principal
}Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los informes previos de las autoridad responsable ordenadora con residencia en Ciudad de México, ni el acuse de recibo del oficio por el cual se le solicitó tal información, en consecuencia, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, al no encontrarse debidamente integrado el presente incidente, se difiere la audiencia señalada para esta fecha, y se señalan en su lugar las nueve horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés para su desahogo. Al respecto, aplica la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2015318 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2017 (10a.) Página: 879 AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo."
- Principal
Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 214 a 224), en la que se negó el amparo a la parte quejosa; luego, de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se negó el amparo, por lo que de conformidad al numeral 17, fracción III, inciso a), del acuerdo general en cita, es conservable, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, y una vez transcurrido tres años deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, toda vez que resulta innecesario retener las constancias que remitió en su momento el Juez Segundo Civil y Familiar del distrito judicial de Tizayuca, Hidalgo, en apoyo a su informe justificado y que obran en un anexo por cuerda separada, devuélvase a la citada autoridad.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el contenido de la circular 28/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión extraordinaria de esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, periodo en el que se ordenó suspender los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de la segunda certificación secretarial de cuenta, así como el contenido del oficio 34/2023 de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Magistrada y Magistrados de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, Coordinador de Juezas y Jueces de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo y Centro de Justicia Penal Federal, y Coordinador de Juezas y Jueces del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, periodo en el que se ordenó suspender los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales del Vigesimonoveno Circuito, salvo el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito judicial. Ahora bien, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 140 a 152), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la persona jurídica denominada ***, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, a través de su presidente, para que dé cumplimiento a la presente ejecutoria, en el entendido de que los efectos de la concesión fueron para lo siguiente: "1. Deje jurídicamente insubsistente el emplazamiento reclamado y todo lo actuado con posterioridad a éste en el juicio laboral ***/2020. En el entendido que, una vez este fallo cause ejecutoria y la autoridad responsable dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo precedente, la parte quejosa tiene expeditos sus derechos para apersonarse al juicio laboral ***/2020 de origen a defender sus intereses, pues al haber promovido el presente controvertido constitucional ya no tiene la calidad de tercera extraña por equiparación para efectos de la procedencia de un posterior juicio de amparo, pues la presente impugnación con ese carácter demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial; pues conoce de forma precisa el número y tipo de juicio, el tribunal ante el cual se ventila, así como el nombre de quien lo promovió. Lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios o vigilar la caducidad procesal de la instancia. De ahí que no deba prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda en el expediente natural. 2. Por ende, la autoridad ordenadora deberá realizar el emplazamiento en el domicilio señalado en el presente juicio de amparo, con base en los artículos aplicables de la Ley Federal del Trabajo; entonces, la parte impetrante puede estar a la espera del emplazamiento o notificación; pero nada le impide apersonarse al asunto, y será decisión de la autoridad jurisdiccional de instancia, calificar en su oportunidad el impacto procesal de una u otra decisión que bajo su interés tomó la ahí parte demandada (aquí parte quejosa). (.) Con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Ello, sin que se soslaye que en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informando el cumplimiento que adujo dar a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y que remitió fotocopia certificada de diversas constancias relativas al expediente ..., del índice de dicha Junta, de lo cual se reservó hacer pronunciamiento hasta en tanto se hiciera la declaratoria de ejecutoria, lo cual acontece en esta data, por lo que se levanta la reserva y se provee: Ahora, si bien de las citadas constancias se desprende que en proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés (foja 163), se ordenó dejar insubsistentes las diligencias de citatorio y emplazamiento de dieciséis y diecinueve de octubre de dos mil veinte, así como las actuaciones subsecuentes, ello lo fue únicamente en lo que corresponde a los demandados ..., por tanto, únicamente se ordenó la notificación de dicho acuerdo a la moral quejosa .... Así, del citado acuerdo se desprende que por lo que toca al codemandado, ***-aquí quejosa-, únicamente ordenó la notificación de dicho proveído así como correr traslado únicamente con copia del mismo, lo cual no implica que se haya dejado insubsistente todo lo actuado respecto de esa moral patronal, ni mucho menos que se haya dejado sin efectos su emplazamiento, así como se ordenara nuevamente su práctica en los términos que le fueron precisados en el fallo protector que nos ocupa; de ahí que se haya requerido a la autoridad responsable su cumplimiento en los términos precisados en líneas precedentes.
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