Karla Patricia García Zapata
Expediente 545/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/03/2022
Partes del expediente
- Karla Patricia García Zapata
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte tercero interesado Banco Mercantil del Norte INstitución de Banca Múltiple, grupo Financiero Banorte, el contenido de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento al acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, mismo que en síntesis dice:" V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 486/2021, promovido por José Francisco Solís Escobar, por derecho propio, contra actos del Juez Noveno Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintiuno y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Francisco Solís Escobar, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diez de mayo de dos mil veintiuno, previa prevención y ratificación de firma, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se había registrado con el número 486/2021; se solicitó informe justificado a las responsables; se designó con el carácter de tercero interesado a Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a quien se le tuvo por apersonada en acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, a través de su apoderada legal (folio 99); se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; debido a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento del orden civil y reclamarse acto de autoridad residentes en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Al Juez Noveno Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: El emplazamiento por edictos ordenado el veintitrés de noviembre de dos mil quince, en el juicio civil ordinario 1245/2013, promovido por Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra el quejoso y sus consecuencias. Del notificador adscrito al Juzgado Noveno Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: La práctica de las notificaciones subsecuentes al emplazamiento ordenado por edictos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Noveno Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y notificador adscrito, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (folios 101 a 103). Aseveraciones que se robustecen con las copias certificadas que fueron adjuntadas con el informe justificado, con las que se formaron cuaderno de pruebas, a las que se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que se verificó la diligencia de emplazamiento reclamada, previo citatorio (folios 12 y 13 del cuaderno de pruebas). Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 153, Tomo VI, Materia Común (tesis jurisprudencial 226), página: 153, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de la procedencia del amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, Sara Sánchez Hernández, apoderada de Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, institución tercera interesada, en su escrito de uno de julio del presente año (folios 79 a 82), aduce que se debe sobreseerse el presente juicio, refiriendo que es falso lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior lo considera así, pues argumenta que el quejoso fue debidamente emplazado por edictos, en el proceso jurisdiccional 1245/2013, tramitado ante el Juzgado Noveno de lo Civil del Primer Partido judicial del Estado de Jalisco, ya que se cumplieron a cabalidad los extremos del numeral 117 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Jalisco y, por ende, el emplazamiento por edictos se realizó conforme a derecho. Es infundada la causal de improcedencia. Se afirma lo anterior, dado que el acto que se reclama en esta vía constitucional consiste precisamente en el emplazamiento realizado en el juicio de origen, lo cual constituye la materia de fondo a dilucidar en esta instancia constitucional, por lo que de no prosperar las argumentaciones de la parte quejosa, se tendría que llegar a negar el amparo solicitado y no a sobreseer en el juicio, por tratarse de aspectos que involucran el fondo del problema que se debate, los cuales por su trascendencia son ajenos a la procedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo.". Así también, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 10/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 178705, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 344, de siguiente contenido: "JUICIO DE AMPARO. DILIGENCIA DE EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. El Código de Comercio establece una serie de formalidades para el desahogo de la diligencia de embargo en un juicio ejecutivo mercantil como son: ésta debe ser conducida por el actuario, en cumplimiento de un auto dictado por el Juez, en el que se mande requerir de pago al deudor, a su representante o a la persona con la que se entienda la diligencia y, en caso de no efectuarlo, se le requiera para que señale bienes suficientes a fin de garantizar las prestaciones reclamadas y se emplace al demandado. La diligencia terminará con la designación por parte del ejecutante del depositario y con el levantamiento del acta respectiva. Por su parte, el artículo 1394 del mismo Código de Comercio establece que el emplazamiento al demandado debe hacerse con las formalidades que ordenan los códigos adjetivos locales. La diligencia de embargo en los juicios ejecutivos mercantiles debe observar las reglas establecidas en el Código de Comercio y en las leyes procesales locales, ya que de no cumplirse con estas formalidades, se deja en estado de indefensión a la parte demandada en esta clase de juicios. Por tales motivos, no puede tenerse como consentido el acto cuando se reclama la diligencia de embargo, ya que éste es precisamente el acto reclamado, pues no se está de acuerdo con la misma y no se puede tener la certeza de que a la persona o personas que se les practicó tuvieron conocimiento en fecha cierta de dicho acto, ya que si los quejosos alegan que la misma fue ilegal, es una cuestión que debe resolverse de fondo y el Juez en la audiencia constitucional debe allegarse de los medios de prueba ofrecidos para tal efecto. Sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción XII, del artículo 73, de la ley de la materia por los motivos expuestos, va en contra de la técnica del juicio de amparo ya que dicha figura procesal impide el estudio del fondo del asunto. Cuando se cuestiona la validez de la diligencia de embargo en el juicio mercantil, esta circunstancia permite analizar el acta respectiva, lo que ya no trae como consecuencia sobreseer en el juicio de amparo, sino en su caso otorgarlo o negarlo, de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la quejosa al no poderse valorar las pruebas que ofreció para desvirtuar la legalidad del acta en el juicio de garantías, lo que resulta contrario a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional." Al no existir diversa causa de sobreseimiento que las partes hagan valer o que el suscrito advierta de oficio, por tanto, se procede entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por transcritos los conceptos de violación hechos valer, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este juzgado Federal; además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, siendo que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dársele respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, hechos valer en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, localizable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas Generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se estima necesario narrar de forma breve las constancias que integran el juicio civil ordinario 1245/2013 que remitió en copia certificada el Juez Noveno Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, como justificante de su informe, a las cuales de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se les concede valor probatorio pleno, de las que se advierte, lo siguiente: I. El doce de diciembre de dos mil trece, se radicó el juicio civil ordinario, promovido por Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado legal contra José Francisco Solís Escobar, a quien se ordenó emplazar en el domicilio señalado por la actora, ubicado en Calle Francisco I. Madero, Colonia centro en el Municipio de Zacoalco de Torres, para lo cual ordenó librar el exhorto correspondiente (folio 9 del cuaderno de pruebas). II. El quince de abril de dos mil catorce, el Juez de Primera Instancia de Zacoalco de Torres, Jalisco, tuvo por recibido el exhorto de que se habla y ordenó su diligenciación en los términos solicitados (folio 18 ídem). Lo que no fue posible realizar, como se aprecia de la razón que en su oportunidad levantó la notificadora adscrita el diez de junio de dos mil catorce (folios 19). III. En acuerdo de catorce de julio de dos mil catorce, en su momento el Juez Noveno Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, tuvo por recibido sin diligenciar el exhorto de que se habla (folio 20 ídem). IV. En actuación de doce de septiembre de dos mil catorce, el Juez Noveno Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a solicitud de la parte actora, ordenó girar oficio a diversas dependencias, a fin de que proporcionaran el domicilio de José Francisco Solís Escobar, siendo las siguientes: No- AUTORIDAD 1 Secretaría de Movilidad 2 Instituto Mexicano del Seguro Social 3 Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. 4 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. 5 Teléfonos de México, sociedad anónima. 6 Comisión Federal de Electricidad. 7 Instituto Nacional Electoral 8 Axtel 9 Encargado del Área de la Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía Central. 10 Departamento de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. 11 Exhorto al Juez de Primera Instancia de Zacoalco de Torres, Jalisco. En atención a lo anterior las señaladas autoridades en su oportunidad proporcionaron la información solicitada, y en relación a los nuevos domicilios que se obtuvieron como de la quejosa se ordenó su búsqueda y localización, se obtuvo lo siguiente: NO. Autoridad DOMICILIO LOCALIZADO (DIRECCIÓN O NO LOCALIZACIÓN DE DOMICILIO) RESULTADO DE LA BUSQUEDA, EN CASO DE EXITIR DOMICILIO FECHA EN QUE SE ORDENA SU BÚSQUEDA Y RESULTADO DE ÉSTA. 1 Secretaría de Movilidad Francisco I. Madero número 256; y Juárez número 12, ambos en Zacoalco de Torres, Jalisco (folio 61 del tomo de pruebas) Resultado infructuoso (folios 19 y 94 del cuaderno de pruebas). 2 Instituto Mexicano del Seguro Social Hidalgo número 1443, 10 piso, Colonia Americana, Y, Avenida Cruz del Sur número 3092, interior D-204, Bosque, ambos domicilios en Guadalajara, Jalisco (folio 65 del tomo de pruebas) No se emitió el pronunciamiento respecto a dicha información 3 Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. No (foja 63 del tomo de pruebas) 4 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. Francisco I. Madero número 256; Finca marcada con el número 12 de la calle Juárez; y, Finca marcada con el número 174 de la calle Arista, todas en Zacoalco de Torres, Jalisco; (folios 48 a 51 del tomo de pruebas) Resultado infructuoso (folios 19, 94 y 95 del cuaderno de pruebas). 5 Teléfonos de México, sociedad anónima. No (foja 47 del tomo de pruebas 6 Comisión Federal de Electricidad. No (foja 53 del tomo de pruebas) 7 Instituto Nacional Electoral Francisco I. Madero número 256 en Zacoalco de Torres, Jalisco (folios 56 del tomo de pruebas) Resultado infructuoso (folio 19 del cuaderno de pruebas). 8 Axtel No. (foja 66 DEL tomo de pruebas) 9 Encargado del Área de la Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía Central. No. (foja 54 del tomo de pruebas) 10 Departamento de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco. No. (fojas 67 y 68 del tomo de pruebas) 11 Exhorto al Juez de Primera Instancia de Zacoalco de Torres, Jalisco. Encargado de la Delegación Sub Regional, Zona 17: No (folios 83 del cuaderno de pruebas). Director administrativo de seguridad ciudadana, protección civil y Bomberos: No. (folio 98 ídem). Jefe de Recaudación Fiscal número 113: Francisco I. Madero número 256; Finca marcada con el número 12 de la calle Juárez; ambas en Zacoalco de Torres, Jalisco. Búsqueda infructuosa. V. En acuerdo de nueve de enero de dos mil quince, en atención a lo peticionado por la parte actora, el Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ordenó girar exhorto al Juez de Zacoalco de Torres, a efecto de emplazar al demandado, en los domicilios proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, con resultado enfarusco. VI. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince, se consideró que, al haberse agotado todos los medios para lograr la localización del domicilio del quejoso, sin que hubiera sido posible, atento a la petición de la actora, se autorizó llevar a cabo el emplazamiento del enjuiciado mediante la publicación de edictos, los cuales debían ser publicados por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial del Estado de Jalisco y en el Periódico Milenio (foja 118 ídem). VII. Por auto de seis de julio de dos mil dieciséis, previa certificación de la publicación de los edictos, se declaró la rebeldía en que incurrió el demandado y por confeso de los hechos imputados, ordenándose realizar dicha notificación, así como las subsecuente por medio de Boletín Judicial (folio 135 ídem). VIII. Seguido que fue el juicio por su cauce legal, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria (folios 147 a 152 ídem). IV. En acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se determinó que la sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento voluntario a la sentencia (folio 164 ídem). Las anteriores constancias son las relevantes que enmarcan el emplazamiento combatido y sus consecuencias. Los conceptos de violación formulados, suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, atendiendo que la controversia planteada en el presente juicio de amparo se hace consistir en la ilegalidad del emplazamiento practicado por edictos en el juicio de origen, se estiman fundado, como se verá enseguida. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Diciembre de 2000, página 22, de rubor y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." En ese sentido, conforme al artículo 14 de la Constitución Federal en el que se encuentra fundamentada la garantía de audiencia, establece que, previo a que algún gobernado sea privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, debe tramitarse un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, atendiendo a la legislación expedida antes del hecho que motivo el movimiento de la acción jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno y en Salas, ha emitido diversos criterios en relación a la garantía de audiencia o al debido proceso, con las cuales fijó las bases o los requisitos esenciales que todo procedimiento ventilado en forma de juicio debería de contener, a lo que llamó el "núcleo duro"; con él, se otorga seguridad jurídica a los gobernados permitiéndoles ejercer las defensas que consideren pertinentes en contra de actos que puedan afectar su esfera jurídica. A fin de que se garantice una adecuada defensa de los intereses del gobernado, se establece la parte toral de todo procedimiento llevado a cabo por autoridades jurisdiccionales o en procedimientos por autoridades no jurisdiccionales pero que se substancian en forma de juicio, y que con la ausencia de alguno de ellos se dejaría en estado de indefensión al sujeto cautivo de la potestad privativa de la autoridad, a saber: La notificación del inicio de juicio o procedimiento; Un periodo probatorio, que comprende la oportunidad de ofrecer y desahogar los medios de convicción en los que se funde la defensa; Un periodo de alegatos, en el que se expondrán los razonamientos encaminados a fortalecer las defensas; y, El dictado de la resolución que ponga fin al procedimiento y dirima la controversia planteada. Robustece lo anterior, la siguiente jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 200234, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Diciembre de 1995, página: 133, que a la letra dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así como la diversa 1a./J. 11/2014, Décima Época. Registro: 2005716. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: (10a). Página: 396, de rubro y texto: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza". Cabe precisar que el emplazamiento constituye el acto procesal a través del cual el juzgador hace del conocimiento de una persona, entre otras cosas, la admisión de una demanda que ha sido enderezada en su contra, en el cual le concede el plazo legalmente establecido en la legislación correspondiente a fin de que tenga oportunidad de contestarla y ofrecer los medios probatorios que considere convenientes; en tales condiciones, y por razones obvias, el citado emplazamiento únicamente puede ser dirigido a la contraparte del actor, esto es, a quien funge como demandado en el juicio relativo. Así, el emplazamiento es la diligencia procesal de vital importancia, dado que por su conducto, el juzgador establece la relación jurídica que vincula a las partes durante el juicio, mediante el cual le otorga al demandado la oportunidad de comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, a fin de defender sus derechos; por consiguiente, la estricta observancia de la normatividad procesal que le resulte aplicable garantiza a aquél el cumplimiento de las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de evitar con ello que se le deje en estado de indefensión. De acuerdo con lo anterior queda en claro que, por ello, el legislador estableció una serie de formalidades que obligadamente deben observarse para considerar legal el llamamiento al juicio; las cuales están contempladas en los artículos 109, 111, 112, 112 bis y 117 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, mismos que establecen: "ARTICULO 109.- Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes y del Agente de la Procuraduría Social: I.- El emplazamiento del demandado a juicio y siempre que se trate de la primera notificación en cualquier procedimiento judicial, aunque sean diligencias preparatorias. ARTICULO 111.- La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en el domicilio designado; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el número de expediente o toca, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en el acta, o en su defecto la razón por la que se negó a hacerlo. ARTICULO 112.- La diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado; el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo constar en el acta esa circunstancia.--- Si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento y sólo si a la primera busca no se encuentra al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula; en todo caso la notificación y la cédula contendrá: --- I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; --- II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; --- III. Breve relación de la resolución que se notifica; --- IV. Día y hora en que se hace la notificación; --- V. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento; --- V. (sic) Nombre de la persona en poder de quien se deja; y --- VI. (sic) Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. --- Para el caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehusen a recibir la cédula, ésta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se sentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior.--- Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial, deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de éste código, o, dar fe de que lo conoce; haciendo contar (sic) en el acta esa circunstancia. ARTICULO 112 bis.- La cédula, copias y citatorios, en los casos de los dos artículos anteriores, se entregarán a los parientes o empleados del interesado o en su defecto a cualesquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia, incluyendo el medio o la fuente de que se valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada. ARTICULO 117.- Procede la notificación por edictos: --- I.- Cuando se trate de personas inciertas; --- II.- Cuando el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la policía municipal del domicilio del demandado; --- En este caso, el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades que se establecen para la rebeldía en ausencia del contumaz; --- III.- En todos los demás casos previstos por la Ley. --- En los casos de las fracciones I y II de este artículo los edictos se publicarán tres veces, de tres en tres días, en el boletín judicial o en el periódico oficial del Estado, a juicio del juez, así como en un diario de los de mayor circulación en la entidad; en los casos de emplazamiento el edicto contendrá síntesis de la demanda y se le hará saber al demandado que tiene un término de treinta días contados a partir de la última publicación para contestar la demanda, con los apercibimientos que de no hacerlo se le declarará en rebeldía." El texto de los preceptos transcritos deja de manifiesto, que la intención primera del legislador es que el emplazamiento a juicio se practique personalmente con el demandado, justo en el domicilio donde vive, o bien, en el lugar donde trabaje o se encuentre, así como que las formalidades relativas a este tipo de emplazamiento le otorgan un alto grado de certidumbre, inclusive en el supuesto de que la notificación correspondiente sea por cédula; además, se contempla que excepcionalmente, procede el emplazamiento a juicio mediante edictos, ya que son un medio extraordinario de notificación, carente del grado de certidumbre que ofrecen las notificaciones personales, en tanto que la persona buscada pudiera no tener acceso a los medios impresos en que se publican, sea por ignorancia, pobreza, falta de tiempo, simple azar u otra razón semejante. Es importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 79/2002-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, e integrar con ello la jurisprudencia identificada como 6/2004, estableció cuál debe ser la interpretación de la hipótesis prevista por el artículo 117, fracción II, del ordenamiento legal en consulta, a propósito del emplazamiento por edictos, cuando el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de personas cuyo domicilio se ignora. Dicha jurisprudencia obra publicada en la página 304 del Tomo XIX, correspondiente a Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso.". (Énfasis añadido). Ahora bien, como se dejó asentado en los antecedentes del acto reclamado, de las copias certificadas del juicio de origen remitidas por el juez responsable en vía de informe, se advierte que la parte accionante demandó del ahora quejoso, el pago de diversas prestaciones y señaló como domicilio para emplazar al demandado, el ubicado en Calle Francisco I. Madero, Colonia Centro en el Municipio de Zacoalco de Torres, sin obtener resultado positivo. Luego, como se vio, ante la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, se iniciaron las investigaciones tendentes a localizar el domicilio del demandado y se giraron oficios a diversas dependencias a fin de que proporcionaran información relativa al domicilio de José Francisco Solís Escobar, con los resultados indicados en la tabla plasmada en párrafos precedentes. Ahora, de la lectura de las constancias antes precisadas, se desprende que no se hizo en forma efectiva la localización del ahora quejoso cuyo domicilio se ignoraba, ya que el juez responsable no ponderó que del informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, existía registro de domicilios, a saber, Hidalgo número 1443, 10 piso, Colonia Americana, y Avenida Cruz del Sur número 3092, interior D-204, Bosque, ambos domicilios en Guadalajara, Jalisco (folio 65 del tomo de pruebas); por ende, no es dable concluir que el desconocimiento de su domicilio era general, requisito indispensable que prevé el numeral 117 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco. Lo anterior es así, toda vez que la fracción II, del ordinal 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece que procede la notificación por edictos, cuando el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de personas cuyo domicilio se ignora. Ello, en razón de que el informe a que se refiere ese ordenamiento, no tiene como objetivo el corroborar el motivo por el que no se pudo realizar el emplazamiento al demandado en el domicilio que el actor señaló en su escrito inicial de demanda, sino que debe hacerse patente que la localización de aquél fue infructuosa a pesar de haberse realizado las investigaciones pertinentes. Habida cuenta que el emplazamiento por medio de edictos, no es en virtud de que no se haya podido verificar en el lugar que el actor señaló para ese fin, o que el actor informe que no habita en diverso lugar de los que constan en los archivos de las dependencias, sino que es menester un desconocimiento general y pleno del domicilio de la parte demandada, por lo que el informe rendido por las dependencias gubernamentales debe necesariamente comprender una verdadera indagación bajo los nombres con los que se conoce al buscado, a fin de estar en posibilidad de localizarla; para hacer patente así, ese desconocimiento general y proceder en consecuencia, a realizarlo el llamamiento por medio de edictos. Se estima lo anterior, toda vez que el emplazamiento a juicio necesariamente debe llevarse a cabo en términos del ordinal 109, fracción I, del enjuiciamiento civil local, es decir, de manera personal en el domicilio del reo; sin embargo, excepcionalmente puede practicarse por edictos, siempre y cuando se desconozca de forma general el mismo, pues las notificaciones así practicadas carecen del grado de certidumbre que revisten las realizadas en forma personal, por lo que ese desconocimiento absoluto es requisito indispensable. En tal virtud, lo anterior conduce a concluir que la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del domicilio del quejoso, no fue atendida por el juez responsable, esto es, haber ordenado se constituyera el notificador adscrito a los domicilio, cito en Hidalgo número 1443, 10 piso, Colonia Americana, y Avenida Cruz del Sur número 3092, interior D-204, Bosque, ambos domicilios en Guadalajara, Jalisco, a efecto de emplazar al demandado, lo que no ocurrió en el caso, y en esa medida, resultó insuficiente para tener por satisfecho el requisito impuesto para la procedencia de ordenar el emplazamiento por edictos al demandado, aquí quejoso, el cual consistente en previamente realizar una correcta investigación de su paradero. Ello, toda vez que el juzgador tiene la obligación de analizar los informes, puesto que no existe un precepto que permita calificar la eficacia de los mismos o la forma en que debe agotarse la relativa indagación; por ende, es evidente que la calificación de ellos le corresponde al juzgador y no a una solicitud de la parte actora, ya que el juez tiene la obligación de comprobar la eficacia de los informes rendidos, al tomar en cuenta su importancia y trascendencia que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa y debido a ello hay un desconocimiento general de su paradero y en base a ello ordenar en su caso, el emplazamiento por edictos. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, registro digital 181335, visible en la página 1317, del Tomo XIX, Junio de 2004, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones." Luego, con base en lo manifestado por la autoridad ya referida, era obligación del juez responsable requerir a esa dirección a efecto de que proporcionara la información con que dijo contar en su base de datos y no, como lo hizo, únicamente tener por recibido ese comunicado. Consecuentemente, como la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a derecho es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de una de las demás formalidades esenciales del juicio, ya que imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance, además de que le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten tale defensas y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora, así como a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte; todo lo cual se traduce en violación a la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 168 del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-1995, bajo la Tesis 247, cuyo rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." En concordancia con lo hasta ahora expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la ley de la materia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. La concesión de mérito se hace extensiva a los actos que como consecuencia se reclaman, porque su ilegalidad se hace depender del emplazamiento reclamado y no por vicios propios. SEXTO. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que el Juez Noveno Especializado en Materia Civil y de Extinción de Dominio, del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: > Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio civil ordinario 1245/2013, a partir de la orden del emplazamiento por medio de edictos, incluso éste, y decida, con plenitud de jurisdicción sobre la eficacia de la investigación del domicilio del demandado, respecto de la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, de conformidad con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado en sesión de quince de noviembre pasado, al resolver contradicción de tesis 451/2016 de su índice, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN". Concesión que, como se dijo, se hace extensivo respecto de lo reclamado al notificador adscrito, dado que a su actuar no le reclaman vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento reclamado. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Francisco Solís Escobar, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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