Karla Patricia Elizondo Camacho

Expediente 446/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Karla Patricia Elizondo Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Certificación de Archivo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo del presente año, donde se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberse realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. En atención que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido. En esa virtud, conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su terminación, lo anterior, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo, sin obrar documento original. Hágase las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo establecido, procédase a la destrucción de este expediente.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Karla Patricia Elizondo Camacho, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 446/2023-II, que le correspondió en este Juzgado. Una vez analizado el citado libelo, se considera viable el desechamiento de plano, al resultar notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe estudiarse de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho de que la invocada legislación establezca diversas causales que motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez que dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo que, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir que las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, son parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Valida lo expuesto la tesis CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 530, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Y la tesis III.2o.C.3 K (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, foja 2066, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Como se observa del escrito inicial de demanda, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir esencialmente en lo siguiente: El auto de veintisiete de abril del presente año, emitido por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado, en el que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación, dentro de la carpeta judicial 5855/2020. En esa tesitura, a criterio de quien resuelve, se surte la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón de que, la parte quejosa previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima, destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o confirmados, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 61, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional, se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad, basta que se omita promover tal recurso. Véase como apoyo, la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 902, de contenido: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. En ese tenor, el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." El citado precepto estipula que el recurso de revocación, es un medio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en el que interviene la autoridad judicial, para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Por tanto, el auto que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación promovido por la quejosa dentro de la carpeta judicial 5855/2020, sin sustanciación alguna, considerar que la notificación de la determinación de siete de julio de dos mil veinte, fue realizada en apego a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe considerarse como una determinación de mero trámite, ya que no resuelve el fondo de la causa penal o puso fin al procedimiento, ya que su objetivo fue declarar improcedente el incidente planteado, ello sin sustanciación, ni citación de las partes, por lo que en su contra era menester que el promovente recurriera dicha determinación a través del recurso de revocación. Al caso resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2760, Tomo III, Libro 77, Décima Época, registro digital 2022001 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que preconiza: RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. De igual manera, por su contenido, resulta ilustrativa la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 283, Tomo I, Libro 73, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2021251, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Lo antes precisado indica que existe un medio de defensa para atacar las determinaciones de mero trámite dictadas por las autoridades judiciales, las cuales se resuelvan sin sustanciación, antes de acudir a la instauración del juicio constitucional. Por ello, el aquí quejoso, antes de promover el presente juicio constitucional, debió haber agotado el recurso que prevé la legislación de la materia del proceso de origen. De esta manera, si la amparista no lo hizo, claro es que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello, tomando en consideración que en el presente caso no se está en alguno de los casos de excepción al cumplimiento del referido principio, ya que aun cuando el auto que se reclama proviene de un procedimiento penal, el mismo no restringe directamente su libertad personal, ni importa peligro de privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ni tampoco, se trata de actos consistentes en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Resulta aplicable la jurisprudencia visible en la página 170, Tomo 90, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 253,740, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL QUE DEBEN AGOTARSE POR NO ATACARSE LA LIBERTAD PERSONAL. Aún cuando en los amparos en que se reclaman ataques a la libertad personal, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios procedentes (tesis jurisprudencial número 40 de la Primera Sala, correspondiente al Apéndice de los años 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federación y tesis 43 del Apéndice 1917-1975, misma Sala), sí se hacen indispensables, en cambio, el agotamiento de tales recursos, cuando en los juicios constitucionales se reclaman actos que, aun proviniendo de autoridades con jurisdicción penal, no son privativos de la libertad personal (tales como aseguramiento de los objetos materia del delito, restitución de la posesión del inmueble al despojado, etcétera), pues, en esos casos, existiendo recurso, no podría tratarse de actos definitivos". En consecuencia, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en su libelo de demanda. Igualmente, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, pues facilita el número de cédula profesional; información corroborada por la secretaría mediante una consulta a la página electrónica oficialhttp://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, según se desprende de la certificación asentada en párrafos precedentes; además, constituye hecho notorio para este Tribunal, en términos del arábigo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Vale invocar, la tesis XX.2o. J/24, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Por otro lado, se toma en consideración el correo electrónico proporcionado en su demanda de amparo, en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020; sin que ello se traduzca, en modo alguno, que las notificaciones que deriven del presente juicio se efectúen por dicho medio. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Luego, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción 11, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Finalmente, se informa a las partes que en atención a lo dispuesto por el artículo 3, fracción I y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, - publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós- todas las actuaciones del sumario constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Lo anterior, se asienta para los efectos legales a que haya lugar.

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