Karla Patricia Carreto Sánchez

Expediente 537/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
537/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Karla Patricia Carreto Sánchez
  • Joaquín García Carreto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con relación a los quejosos menores de edad *******, representados por ********; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, dese cumplimiento a lo establecido en la última parte del aludido proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con copia de las constancias que integran el presente juicio de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el original del mismo, así como un tomo de pruebas al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que obre como corresponda respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ejecutivo mercantil **********, efectuado por *********. En otro orden, visto el oficio de cuenta, que signa el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal de juicio de amparo en que se actúa, hágasele saber que con esta fecha se ordenó el envío de los autos al Tribunal de su adscripción para los efectos legales procedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por la quejosa ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ******************** y ******************** de apellidos ********************atento a su contenido, se le tiene desahogado el requerimiento de veintitrés de junio de esta anualidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "******." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa en representación de sus menores hijos ******************** y ******************** de apellidos ********************reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, a través de esta instancia constitucional, los siguientes actos: ". La sentencia definitiva de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por el hoy tercero interesado ********************, en contra de la suscrita ********************." ".El ilegal e improcedente embargo trabado sobre el 30% del expediente del excedente del salario mínimo que percibe la suscrita ********************, como maestra dependiente del Gobierno del Estado, en el expediente ********************-III, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con motivo del juicio ejecutivo mercantil, promovido por *****, en contra de la suscrita ********************." Al igual resulta pertinente destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al declinar la incompetencia a este Juzgado, mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo directo ********************, de su índice, lo hizo con relación a los menores ******************** y ******************** de apellidos ********************respecto de los cuales, la promovente, los señaló como terceros extraños al juicio mercantil de origen ********************, sobre el argumento que, al tener el carácter de terceros extraños, no podía considerar que se estuviera propiamente frente a un reclamo de una sentencia definitiva, ni un laudo, ni una resolución que pusiera fin al juicio, que fuera reclamable en esa vía de amparo directo. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que el juicio de amparo que ahora se intenta, deviene improcedente respecto de los actos reclamados y por cuanto hace a los menores ******************** y ******************** de apellidos ********************quienes su representante ********************, los designó como terceros extraños al juicio mercantil de origen ********************. Lo anterior, debido a que en el caso se actualiza la causal prevista en la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la promoción de la demanda de amparo debió efectuarse, dentro de los quince días siguientes al en que la peticionaria tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales. A efecto de explicar lo anterior, es pertinente señalar que el precitado numeral 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los artículos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En este contexto, tenemos que la promovente tuvo conocimiento del embargo de que fue objeto el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en esa misma data, en virtud de que la diligencia correspondiente se llevó a cabo con ella en forma personal, como se observa de las fojas 81 y 82 del tomo de pruebas. Además debe señalarse que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se una dictó sentencia definitiva en el expediente ********************; expediente del cual derivan los actos ahora reclamados; sentencia respecto de la cual, la representante de los menores aquí quejosos ********************, se dio por notificada el tres de marzo de dos mil veintidós, tal como se observa de la foja 382 del tomo de pruebas; constancias que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Luego, si se realiza el cómputo correspondiente a partir del día siguiente hábil al en que la mencionada ********************, se dio por notificada de la sentencia definitiva mediante la cual se le condenó al pago de lo que le fue reclamado en la demanda mercantil, esto es, a partir del cuatro de marzo de dos mil veintidós, se obtiene que es inconcuso que el término de quince días para instar esta vía constitucional en representación de sus menores hijos ******************** y ******************** de apellidos ********************le feneció el veinticinco del mismo mes y año, descontados los días cinco, seis, doce, trece diecinueve, vente y veintiuno del aludido mes y año, por haber sido inhábiles. Luego si su demanda de amparo fue recibida por la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo con sede en esta ciudad, el diez de abril de dos mil veintitrés, es claro que lo hizo fuera del término legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; de ahí que el presente juicio resulte extemporáneo y por tanto improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, por consentimiento tácito de los actos reclamados. Al respecto se invoca el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Octava Época, localizable en la página 49, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 208092, del tenor siguiente: "******." Resulta pertinente señalar que en el caso, no es obstáculo el que la quejosa venga representando en el juicio constitucional a sus menores hijos ******************** y ******************** de apellidos ********************y que los haya ostentado como terceros extraños al expediente ********************, instado por ********************, en contra de ********************, a quien reviste el carácter de demandada, pues no existe precepto legal alguno que por tener ese carácter, pueda presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo, ya que los numerales trascritos son concretos en cuanto a los términos en que debe instarse la acción constitucional. Tiene aplicación por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia , que textualmente dice: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que se entenderán por actos consentidos tácitamente, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que la propia ley prevé. Sin embargo, cuando el quejoso no es parte en el juicio del que provienen los actos reclamados sino que es un tercero extraño, no es admisible estimar que deba promover juicio de garantías en contra de las actuaciones previas al mandamiento de la ejecución que se pretenda llevar a cabo en su perjuicio, pues precisamente por ser ajeno a la controversia suscitada, tales actuaciones no le causan por sí mismas el agravio personal y directo a que se refiere el artículo 4º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional, sino que esos actos afectarían por principio a las partes del juicio, quiénes al estar en condiciones de interponer los recursos de ley pueden lograr su modificación, revocación o nulificación. En cambio, cuando las resoluciones dictadas en un juicio pretenden ejecutarse en perjuicio de ese tercero extraño, es cuando a éste se le causa el agravio personal y directo y es hasta entonces cuando se justifica la promoción del juicio de amparo. De ahí que si el tercero no está en condiciones legales de promover juicio en comento contra las actuaciones previas a la ejecución que sí afecta su esfera jurídica, se impone concluir que el conocimiento de esas actuaciones previas sin la consiguiente promoción del juicio de garantías dentro del plazo legal, no implica consentimiento tácito alguno, sino que el mandamiento de ejecución en su perjuicio, la notificación o el consentimiento del mismo constituirán los elementos que deban tomarse en cuenta para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo," Además de la determinación anterior, se observa que en el caso también opera diversa causal de improcedencia del juicio de amparo que se intenta, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." A efecto de hacer patente la causa de improcedencia de que se habla, resulta pertinente mencionar que los numerales 5º y 6º de la Ley de Amparo, disponen que el juicio puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, siempre y cuando aduzca ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; esto es, que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Ilustra lo expuesto la tesis I.13o.A.23 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1803, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente a enero de dos mil tres, que dice: "*****. Al igual se deduce, que quien ejercita la acción de amparo, debe ser el titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, que con tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección de la Justicia Federal; siendo imprescindible a tal fin, que el agravio, perjuicio o menoscabo sea real, personal y directo. Así, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo antes considerado, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Tesis 1a./J. 168/2007, Página 225, registro número 170500, que literalmente dice: "****** Además, cabe citar en sustento a lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 80, Tomo 193-198, Cuarta Parte Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: De esta manera, se tiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, o sea a quien perjudique el acto de autoridad. En ese sentido, se advierte que el interés jurídico consiste básicamente en la legitimación para obrar y el perjuicio que se causa, consignados expresamente en el artículo 5º fracción I, de la Ley de Amparo, el que establece que el juicio de amparo solamente podrá ser promovido por la persona a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, así, tendrá legitimación el titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley, esto es, debe existir identidad entre la persona que ejercita la acción con la persona en cuyo favor la ley protege un derecho, por tanto, el juzgador de amparo se encuentra obligado a analizar si la violación afecta efectivamente a esa persona. Luego, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho protegido por la ley, es decir, un derecho subjetivo. Así, para que exista interés jurídico, se necesita un derecho subjetivo protegido por la ley y que este sea violado o desconocido, es decir, es necesario que el acto o la ley le infiera un perjuicio al titular del derecho subjetivo. Por tanto, el juicio de amparo únicamente podrá ser interpuesto por la persona que estime que el acto o la ley le perjudican en el goce de un derecho subjetivo protegido del cual es titular. Al respecto resulta aplicable la siguiente tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 77, de rubro y texto siguiente: En este contexto, a través del ejercicio de la acción constitucional, la promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo, en representación de sus menores hijos ******************** y ******************** de apellidos ********************al considerar que en perjuicio de estos últimos fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado; o sea, mediante el derecho de acción que es un derecho instrumental que pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce; pero resulta que tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable; sin embargo, el órgano prestador de la función jurisdiccional se puede activar con la presentación de la demanda debido a que el derecho de acción es dinámico. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo, siempre se debe ostentar como titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de la responsable y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal; es decir, tiene necesidad de que se respeten las garantías y derechos otorgados por la Constitución Federal, que alega han sido infringidos porque al haber resentido un perjuicio, un menoscabo o una ofensa en su esfera jurídica, tiene interés en que la Justicia Federal le ampare. Luego, si en términos del artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, para acreditar la procedencia del juicio de amparo, es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico, es evidente que del tomo de pruebas que obra en autos se puede determinar si los menores ******************** y ******************** de apellidos ********************representados por la quejosa ********************, son titulares del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y si son afectados por los actos reclamados. Pues bien, en el caso concreto los peticionarios de amparo ******************** y ******************** de apellidos ********************por conducto de su progenitora ********************, se duelen medularmente de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por el hoy tercero interesado ********************, en contra de la suscrita ********************, así como, del embargo de que fue objeto la antes mencionada en diligencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; actos respecto de los cuales aducen que violenta en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante esa perspectiva, debe decirse que la sentencia dictada el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por el hoy tercero interesado ********************, en contra de ********************; progenitora de los aquí quejosos, así como el embargo del treinta por ciento del excedente de su salario, realizado en diligencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, no crea una relación jurídica entre los promoventes ******************** y ******************** de apellidos ********************representados por la antes señalada debido a que, no se advierte que el salario embargado corresponda a los menores en cita, esto es, no son titulares de ese derecho, así como tampoco se les puede considerar como copropietarios del mismo, debido a que no se advierte exista relación laboral con el patrón de aquella así como tampoco, que los niños en cita tengan alguna participación en la firma del título de crédito que motivó la instauración del juicio ejecutivo mercantil ******************** y el dictado de la sentencia en el mismo. De ahí que, aun cuando aquellos se pudieran beneficiar de dicho salario dada la obligación alimentaria que pudiera tener su progenitora ********************, para con ellos, no obtienen el derecho o interés jurídico para emprender la acción constitucional que intentan, ya que no gozan de la titularidad de dicho salario, pues quien lo obtiene es su progenitora antes señalada, por ser la que lo percibe al tener la relación laboral con su patronal, por tanto, se concluye que la sentencia y el embargo del treinta por ciento del excedente del salario de antes señalada, no afectan el interés jurídico de los menores quejosos, y como consecuencia, no les resulta el carácter de terceros extraños en el juicio de origen. Es aplicable la Tesis VI.2°C 630, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1343, Tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, con Registro digital 168481, que a la letra dice: En mérito de lo expuesto es indudable que en la especie se surten las causales de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, así como en la fracción XII, del artículo 61, de la ley de la materia, en relación con el 107 fracción IV, aplicada a contrario sensu, y el 63 fracción IV, de la legislación en comento, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, con relación a los quejosos ******************** y ******************** de apellidos ********************representados por ********************, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. En otro orden, y toda vez que la quejosa ********************, por propio derecho, promovió demanda de amparo directo, en contra de la sentencia de definitiva de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, ste Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que el conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, mediante el juicio de amparo uniinstancial. Lo anterior es así, debido a que, el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el diverso 170, de la Ley de Amparo, establecen la competencia para conocer de las sentencias laudos o resoluciones que pongan fin al juicio a los tribunales colegiados de circuito, lo que se concatena con el diverso numeral 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) En materia civil o mercantil, de sentencia o resoluciones respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicio del orden común o federal." Conforme a las disposiciones, constitucionales y legales invocadas, que regulan el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se promueve contra resoluciones definitivas, sean estas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En el caso, se observa que el acto reclamado por ********************, por su propio derecho, consiste en la sentencia definitiva de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, relativo al juicio ejecutivo mercantil, instaurado en contra de la quejosa antes señalada, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, sentencia respecto de la cual no procede recurso alguno, en términos del artículo 1340, del Código de Comercio. De lo anterior, se concluye que la resolución objeto de agravio en la presente vía constitucional, se trata de una resolución que pone fin al procedimiento, dado que concluye el mismo; por tanto, procede en su contra el amparo directo ante el Tribunal Colegiado correspondiente. Lo anterior, tiene apoyo por analogía en la Jurisprudencia 2ª./J. 87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: La anterior determinación, tiene consonancia además con lo resuelto por dicho órgano colegiado en el juicio de amparo directo, ********************, en acuerdo de veintiocho de abril del año en curso, en el que ordenó, que una vez que este órgano jurisdiccional se pronunciara respecto del acto reclamado promovido por ********************, en representación de sus menores ******************** y ******************** de apellidos ********************quien los situó con el carácter de terceros extraños, le fuera devuelto el presente asunto, a efecto de que dicho órgano colegiado resolviera lo que en derecho proceda, tocante al reclamo consistente en la sentencia definitiva de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés emitida en el juicio ejecutivo mercantil ********************, en comento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, de la Ley de Amparo, una vez que cause estado la presente resolución, se ordena remitir el original del expediente en que se actúa, así como un tomo de pruebas, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a efecto de que conozca mediante el juicio de amparo directo, de la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, respecto del acto reclamado señalado con antelación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio que signa el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe el estado en que se encuentra el presente juicio, atento a su contenido, dígasele que en proveído de veintitrés de junio de esta anualidad, se previno a la parte quejosa, a efecto de que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario Judicial del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, señale el acto que de ella reclama y formule los antecedentes del acto que le impugne, encontrándose pendiente su desahogo.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, téngase a la quejosa Karla Patricia Carreto Sánchez, desahogado el requerimiento formulado en proveído de veinticinco del mes y año antes referido y reconocida como suya la firma que aparece estampada en el escrito presentado el dieciocho de mayo de esta anualidad, ante la oficialía de partes de este juzgado federal. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con el 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa Karla Patricia Carreto Sánchez, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, manifieste lo siguiente: Si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad. De ser así, precise en forma categórica el acto que de ella reclame, y Bajo protesta de decir verdad manifieste los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto que de aquel reclame. Lo anterior es procedente, en virtud que, del escrito de demanda, se advierte que la mencionada Karla Patricia Carreto Sánchez, además de promover por propio derecho, también lo hace en representación de sus menores hijos Joaquín y Ximena de apellidos García Carreto, quienes dice, tienen el carácter de terceros extraños al juicio de origen. Por ello, resulta indispensable para este Juzgado conocer sí el fedatario judicial, incurrió en alguna conducta que deba ser revisada constitucionalmente mediante el juicio de amparo que promueve la impetrante de mérito, aunado a que, ello permitirá analizar la calidad que pudieran ostentar en el juicio de origen, los menores antes señalados, esto es, si tienen el carácter de terceros extraños al juicio, o terceros extraños por equiparación, Tiene aplicación la tesis 2ª./J.30/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 250, Tomo III, Novena Época, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Así también tiene aplicación la tesis 2ª. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir con el requerimiento antes señalado en el término concedido para tal efecto, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del número 114 de la ley de la materia, es decir, se tendrá por no presentada respecto de los actos que sean de la competencia de este juzgado. En otro orden, por cuanto hace a los escritos de cuenta signados por Karla patricia Carreto Sánchez, en el primero se le tienen hechas las manifestaciones que vierte, respecto al escrito de dieciocho de mayo del año en curso, donde se le requirió compareciera a ratificar la firma que lo calza y por cuanto al segundo, se le tiene desahogada la prevención que se le formuló en auto de veinticinco de mayo de este año, por tanto y toda vez que en líneas que anteceden, se tiene desahogada la prevención de mérito. Por último, visto el oficio que signa el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le acuse recibo del oficio 1886/2023, de veintiocho de abril de esta anualidad, atento a su contenido, dígasele que mediante diverso de 13095/2023, de nueve de mayo del año en curso, se le acusó el recibo correspondiente.

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