Karla Paola Medina Contreras

Expediente 1697/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1697/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Karla Paola Medina Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Israel Avilés Pérez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, y formular promociones, proporcionando para ello su nombre de usuario, que es "DianaLauraSosa", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y correo electrónico avilesyasociados@hotmail.com. En tal virtud, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover con su nombre de usuario "DianaLauraSosa", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, correspondiente a las constancias conducentes del expediente 55/2019, del índice de la responsable. Ahora bien, visto el estado procesal de autos y de la revisión de las constancias que obran en ellos, se advierte que los actos que la parte quejosa medularmente reclamó en su demanda de amparo, consisten en la omisión de acordar los escritos presentados ante la Juez responsable, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y trece de enero de dos mil veintidós, en autos del expediente 55/2019, relativo al juicio ordinario de reconocimiento de paternidad, que promovió, en los que solicitó se requiriera de pago a Germán Augusto Rodríguez Jiménez, deudor alimentista en dicho juicio, las cantidades correspondientes a la pensión provisional y definitiva decretada, asi como dar de alta el expediente de origen en la base de datos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán, mandar la orden para el cobro de las cantidades que se depositan en el mismo, por concepto de alimentos a favor de su hija menor, así como resolver el incidente de liquidación de costas y gastos planteados por la quejosa en el expediente 55/2019; y la omisión del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, de entregar las cantidades consignadas en el juicio de origen, que constituyen la pensión alimenticia a favor de la parte aquí quejosa. En virtud de lo anterior, y el contenido del informe justificado de cuenta, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la la omisión de acordar los escritos presentados ante la Juez responsable, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y trece de enero de dos mil veintidós, en autos del expediente 55/2019, relativo al juicio ordinario de reconocimiento de paternidad, que promovió, en los que solicitó se requiriera de pago a Germán Augusto Rodríguez Jiménez, deudor alimentista en dicho juicio, las cantidades correspondientes a la pensión provisional y definitiva decretada, asi como dar de alta el expediente de origen en la base de datos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán, mandar la orden para el cobro de las cantidades que se depositan en el mismo, por concepto de alimentos a favor de su hija menor, así como resolver el incidente de liquidación de costas y gastos planteados por la quejosa en el expediente 55/2019; y la omisión del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, de entregar las cantidades consignadas en el juicio de origen, que constituyen la pensión alimenticia a favor de la parte aquí quejosa. Ahora bien, en el caso del informe justificado y constancias adjuntas, se desprende que, en fechas cuatro de julio y cuatro de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, el juez responsable dictó acuerdos en los que dio respuesta a las peticiones hechas por la parte quejosa en sus escritos presentados ante ella el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y trece de enero del año en curso. Es así, pues en el primero, tuvo a la representante legal de la persona moral Consultores Integrales NLT, Sociedad Civil, consignado diversas cantidades por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor que representa la quejosa y ordenó su entrega a la quejosa, entretanto decretó se depositen en el Fondo Auxiliar para la administración de Justicia y requirió a dicha persona moral haga los sucesivos depósitos en dicho fondo, por lo que se aprecia giró a tal entidad auxiliar el oficio correspondiente para el alta de la pensión alimenticia que debe pagarse la menor hija de la quejosa, ya que anexó el oficio correspondiente para tal efecto. Y entonces respecto al escrito de la quejosa le dijo que se estuviera a lo ordenado en el propio acuerdo; siendo que el auto dictado el cuatro de julio último, fue notificado a la parte quejosa, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en fecha quince de julio siguiente. Por su parte, en auto de cuatro de agosto del año en curso, tuvo al deudor alimentario consignado la pensión del mes de junio del año en curso, y a la persona moral Consultores Integrales NLT, Sociedad Civil, la del mes de julio del presente año, ordenando su entrega a la quejosa; y en atención a la petición de ésta, requirió de pago al deudor alimentario las cantidades de seis y dieciocho mil pesos, por concepto de pensiones adeudadas, apercibido de multa. Por otro lado, el cinco de agosto de dos mil veintidós dictó la resolución con motivo del incidente de liquidación de costas y gastos del procedimiento en el expediente de origen, en la que procedió parcialmente dicho incidente, ordenándose notificar dicha resolución. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable acordó los escritos presentados ante ella el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y trece de enero de dos mil veintidós, por la aquí parte quejosa, así como dictó la resolución del incidente interpuesto por la quejosa en el juicio de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la omisión de contestar los escritos presentados ante la responsable y resolver el incidente que promovió, lo que en el caso se subsana con los acuerdos que recayó en proveídos de cuatro de julio y cuatro de agosto del año en curso, y la determinación incidental dictada el cinco de los cursantes, en autos del juicio 55/2019. Así como con el oficio que se giró al Fondo Auxiliar para el alta del asunto y pueda cobrar las pensiones que han sido consignadas. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable, emitió acuerdos de contestación y resolvió la interlocutoria, en el aludido juicio de origen, mismo que el dictado el cuatro de julio del presente año, fue notificado el quince de ese propio mes y año, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda (siete de julio el año en curso), de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin soslayar, que la quejosa también señaló como acto reclamado la omisión del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, de entregar las cantidades consignadas en el juicio de origen, que constituyen la pensión alimenticia a favor de la parte aquí quejosa; sin embargo, dicho acto derivada de la faltade girar el oficio para el alta correspondiente, pero esto ya se subsanó dado que entre las constancias remitidas por la Juez responsable se advierte la relativa a la solicitud de alta del expediente 55/2019, al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que era la omisión que le afectaba en su esfera jurídica e impedía el cobro de las cantidades consignadas de la pensión alimenticia decretadas en el juicio de origen, por lo que al haberse realizado dicho acto, en su caso ningún impedimento existirá para realizar el cobro de las cantidades consignadas y en caso que se no se realice por diversa denegación de justicia, la quejosa queda en aptitud de promover nuevo juicio de amparo, pues por lo que respecta al presente, la materia del mismo cesó en sus efectos al realizarse el alta ante la autoridad administrativa y debido a la emisión de las determinaciones que fueron descritas en líneas anteriores. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados de las autoridades responsables, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Con base en ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a Germán Augusto Rodríguez Jiménez, al ser la contraparte del quejoso en el juicio de origen, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta autoridad pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual interponen recurso de revisión contra la sentencia constitucional de treinta de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 281 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificada a las partes la interposición del recurso de referencia, y dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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