Karla Paola Figueroa Ramos
Expediente 1584/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1584/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Karla Paola Figueroa Ramos
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo directo ***, por el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que aceptó la competencia planteada por éste órgano jurisdiccional. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 2. Magistrado Elías Eliseo Orantes Coutiño, adscrito al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Titular de la Ponencia "A", con residencia en esta ciudad. 3. Secretario de Acuerdos en Funciones de Magistrado Titular de la Ponencia "E" licenciado Jerson Uriel González Mandujano, adscrito al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 4. Magistrado Hermann Hoppenstedt Pariente, adscrito al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Titular de la Ponencia "E", y Presidente de la Sala, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo **** INCOMPETENCIA Ahora bien, este Juzgado Federal estima que los actos impugnados son reclamables en amparo directo; es decir, corresponde a un Tribunal colegiado de Circuito conocer y resolver respecto de la demanda de amparo de que se trata. De lo anterior, se colige que la suscrita resulta legalmente incompetente por razón de grado para conocer de la demanda en estudio, en términos de lo dispuesto en los artículos 47, 170, fracción I y 176 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: El acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en el acuerdo de treinta de octubre del año en curso, en el cual la autoridad responsable ordenó archivar como asunto total y definitivamente concluido el expediente laboral **** por no precisar a qué dependencia de gobierno pertenecía laboralmente, esto es, una resolución que pone fin al proceso de origen. De la trascripción de los artículos 170, fracción I, y 176, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;" Énfasis añadido. "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Por su parte, el artículo 47 de la ley de la materia, señala lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Énfasis añadido. De las transcripción de los artículos anteriores, se advierte que en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, procede el amparo directo; entendiéndose por sentencias definitivas o laudos aquellas que lo decidan en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, así como que, la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable. Asimismo, en caso que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, el Juez de Distrito declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En la especie, como ya se dijo, el acuerdo que se combate por esta vía, es el emitido el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el cual la autoridad responsable ordenó archivar como asunto total y definitivamente concluido el expediente laboral ****; de ahí que, de acuerdo a su naturaleza, proceda en su contra juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En mérito de anterior, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, declara que carece de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata, y ordena remitir la misma, junto con sus copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia de la demanda y del presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; asimismo, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, cobra aplicación por igualdad de razón, la tesis 2a./J. 87/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III; inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Sirve de apoyo a lo esgrimido, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 19/95 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA FISCAL DE NULIDAD. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA. Conforme al Código Fiscal de la Federación, el auto del magistrado instructor que tiene por no presentada la demanda de nulidad es de aquellos a que se refiere el artículo 46 de la Ley Amparo, pues si bien no decide e juicio en lo principal, lo da por concluido. Por tanto, procede el amparo directo en su contra, de conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, así como 44 y 158 de la ley en cita, en sus textos reformados y vigentes a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho; ello en atención a la economía procesal, que es el elemento determinante de las reformas de que se trata, lo que resulta explicable porque cuando no se requieren pruebas no allegadas a la autoridad responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con plazos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Además, la circunstancia de que sea un magistrado y no la Sala quien resuelva tener por no interpuesta la demanda, no significa que el acto no provenga de un tribunal; lo que sucede es que el Tribunal Fiscal de la Federación se compone de diversos órganos para realizar su función de administrar justicia, a saber: La Sala Superior, las Salas Regionales y los magistrados instructores, los cuales actúan de acuerdo con sus respectivas esferas de competencia, pero, en cada caso, los actos proceden del indicado tribunal administrativo, independientemente del órgano que los emita. Tribunal no significa necesariamente órgano colegiado, sino órgano de administración de justicia, y eso es precisamente lo que encarnan los magistrados instructores cuando deciden unitariamente las cuestiones jurídicas que la ley les encomienda." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Además con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios al profesionista que cita, sin que haya necesidad de realizar la consulta de sus respectivas cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde el quejoso es el trabajador y no es necesario acreditar tener registradas su cédulas profesional, y en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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