Karla Paola Cruz Núñez
Expediente 660/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/06/2019
Partes del expediente
- Karla Paola Cruz Núñez
Actuaciones
- Principal
IX.- En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
IX. Toluca, Estado de México; veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Karla Paola Cruz Nuñez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 660/2019. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, es preciso destacar que el acto reclamado consiste esencialmente en el acuerdo dictado en la audiencia de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 697/2018, a través del cual el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, admite pruebas supervenientes ofrecidas por la parte demandada. En ese contexto, este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expone. Inicialmente, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues, su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado consistente en el acuerdo dictado en la audiencia de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 697/2018, a través del cual el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, admite pruebas supervenientes ofrecidas por la parte demandada, el cual no conlleva ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Lo anterior se afirma, dado que el citado acto reclamado conlleva un principio de ejecución, pues la audiencia que se tilda de inconstitucional se celebró ante el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, de ahí que las consecuencias directas e inmediatas de tal acto se trasladan de manera sustancial al expediente 697/2018 y tiene como consecuencia directa e inmediata la prosecución de dicho procedimiento en específico, en el desahogo de los testimonios de Cintya Rubi Núñez Negrete y Juan Carlos Cruz Bernal ofrecidos como prueba superveniente por parte de Jorge García Olvera, mismo que tendrá verificativo el día siete de junio del año en curso, tal como se advierte de la copia simple del auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que adjunto el quejoso a su escrito inicial de demanda. Por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción tuvo ejecución el acto reclamado, es decir, en el Municipio de Tlalnepantla. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado (Tlalnepantla), conforme a la primera regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, aproada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, toda vez que se insiste es quien ejerce jurisdicción en el territorio donde tuvo ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. En ese tenor, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, únicamente con copia autógrafa de este proveído y con las subsecuentes actuaciones que deriven de la incompetencia declinada, en la inteligencia que las constancias a que se refiere la segunda certificación de cuenta se encuentran debidamente digitalizadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Atento a la certificación de cuenta se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván herrera Rogel, pues cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y de conformidad con la última parte del citado precepto legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas restantes que se mencionan en la demanda de cuenta al carecer de registro en dicho sistema. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza para que la presente y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se realicen a la parte quejosa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Además, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro de los usuarios "MANUDON e IVEROG", en el citado Sistema. En diverso orden, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. Con fundamento en lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo previsto en el diverso precepto 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se hace la indicación a los Secretarios de Juzgado y Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano de Control Constitucional, así como al Oficial Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y al Oficial de Partes que deberán de integrar debidamente el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto, en la inteligencia que no se digitalizaran las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este Órgano de Control Constitucional deba guardarse sigilo con relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las que se conservaran sin digitalizarse; tampoco formaran parte las constancias que por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; constancias todas las anteriores que quedarán a disposición de las parte en el expediente físico para su consulta; ello, sin que sea necesario notificarles dicha circunstancias, toda vez tienen conocimiento de las obligaciones que les impone la Ley de la materia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y a la parte quejosa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la licenciada Sara Mercedes Neira González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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