Karla Ofelia Rodriguez Herrera

Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Karla Ofelia Rodriguez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, mediante el cual, informa que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, respecto de la demanda de amparo promovida por ...; en consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Karla Ofelia Rodríguez Herrera y Emiliano Rodríguez González, contra el acto que reclama de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 846/2022-4-B. Al respecto, se acuerda: Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, de la demanda de amparo se desprende que los quejosos señalan como actos reclamados: De la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 18/2022, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal 186/2020, del índice del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con domicilio en Orizaba, Veracruz, contra los aquí quejosos, por el hecho que la ley señala como despojo en agravio de Gloria Isabel Barroso Martínez. Del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz: La ejecución de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA Conforme la descripción del acto reclamado y en consideración de que los quejosos, se duelen de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 18/2022, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal 186/2020, del índice del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con domicilio en Orizaba, Veracruz, es posible establecer que este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, carece de legal competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, de acuerdo con lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para definir la competencia de la Jueza de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente la Jueza de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. B. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, el suscrito estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los efectos y consecuencias de la resolución reclamada, se producirán indefectiblemente en Orizaba, Veracruz, pues como ya se precisó los quejosos reclaman la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 18/2022, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal 186/2020, del índice del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con domicilio en Orizaba, Veracruz; por tanto, tal acto se sigue ejecutando en Orizaba, Veracruz. En efecto, toda vez que, entre los efectos de la resolución reclamada se encuentran que los procesados permanezcan privados de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluidos en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quedaron sometidos. Sirve de sustento por identidad de razón, la tesis 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Novena Època de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Ahora, el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su considerando segundo, fracción VII y considerando cuarto, fracción VII, establece lo siguiente: "[.] VII. SEPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con [.] El Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acultzingo, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Córdoba, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Xoxocotla, Yanga y Zongolica. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional declina la competencia del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Córdoba; toda vez que, tiene jurisdicción en el lugar en el que se sigue ejecutando el acto reclamado; esto es, en Orizaba, Veracruz. Por lo antes expuesto, previa copia certificada que se obtenga de la demanda de amparo que aquí se analiza, remítase al Juzgador de Distrito correspondiente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, para que de no tener inconveniente alguno se pronuncie respecto de la competencia legal por razón de territorio que se declina a su favor, y comunique a este órgano jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos el que indican, y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Jiménez Bravo, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro 183861; y como autorizados en términos restringidos a Saulo Camerino Rojas Martínez, Aurora Hernández Vargas, Daniel Pascual Jiménez; toda vez que, no cuentan con el registro correspondiente ni acreditaron contar con dicho documento. Asimismo, como lo solicitan los quejosos, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indican en la demanda de amparo. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En atención a la solicitud de los promoventes, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico, atendiendo a que proporcionan como usuarios para acceder al expediente electrónico los identificados como dannaev y saulocamerino, se instruye al Oficial Judicial A, para que realice el registro correspondiente en el referido sistema, de los usuarios antes referidos a fin de que los promoventes estén en aptitud de acceder al expediente electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Karla Ofelia Rodríguez Herrera y Emiliano Rodríguez González, contra el acto que reclama de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 846/2022-4-B. Al respecto, se acuerda: Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, de la demanda de amparo se desprende que los quejosos señalan como actos reclamados: De la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 18/2022, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal 186/2020, del índice del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con domicilio en Orizaba, Veracruz, contra los aquí quejosos, por el hecho que la ley señala como despojo en agravio de Gloria Isabel Barroso Martínez. Del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz: La ejecución de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós. INCOMPETENCIA Conforme la descripción del acto reclamado y en consideración de que los quejosos, se duelen de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 18/2022, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal 186/2020, del índice del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con domicilio en Orizaba, Veracruz, es posible establecer que este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, carece de legal competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, de acuerdo con lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para definir la competencia de la Jueza de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente la Jueza de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. B. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, el suscrito estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los efectos y consecuencias de la resolución reclamada, se producirán indefectiblemente en Orizaba, Veracruz, pues como ya se precisó los quejosos reclaman la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 18/2022, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso penal 186/2020, del índice del Juzgado de Control del Décimo Quinto Distrito Judicial, con domicilio en Orizaba, Veracruz; por tanto, tal acto se sigue ejecutando en Orizaba, Veracruz. En efecto, toda vez que, entre los efectos de la resolución reclamada se encuentran que los procesados permanezcan privados de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluidos en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quedaron sometidos. Sirve de sustento por identidad de razón, la tesis 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Novena Època de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Ahora, el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su considerando segundo, fracción VII y considerando cuarto, fracción VII, establece lo siguiente: "[.] VII. SEPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con [.] El Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acultzingo, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Córdoba, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Xoxocotla, Yanga y Zongolica. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional declina la competencia del presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Córdoba; toda vez que, tiene jurisdicción en el lugar en el que se sigue ejecutando el acto reclamado; esto es, en Orizaba, Veracruz. Por lo antes expuesto, previa copia certificada que se obtenga de la demanda de amparo que aquí se analiza, remítase al Juzgador de Distrito correspondiente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, para que de no tener inconveniente alguno se pronuncie respecto de la competencia legal por razón de territorio que se declina a su favor, y comunique a este órgano jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos el que indican, y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Jiménez Bravo, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con el número de registro 183861; y como autorizados en términos restringidos a Saulo Camerino Rojas Martínez, Aurora Hernández Vargas, Daniel Pascual Jiménez; toda vez que, no cuentan con el registro correspondiente ni acreditaron contar con dicho documento. Asimismo, como lo solicitan los quejosos, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indican en la demanda de amparo. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA En atención a la solicitud de los promoventes, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico, atendiendo a que proporcionan como usuarios para acceder al expediente electrónico los identificados como dannaev y saulocamerino, se instruye al Oficial Judicial A, para que realice el registro correspondiente en el referido sistema, de los usuarios antes referidos a fin de que los promoventes estén en aptitud de acceder al expediente electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.

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