Karla Nayeli López Valle

Expediente 1148/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1148/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Karla Nayeli López Valle

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el toca número C.C.T.1/2021, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes y se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Es legalmente competente el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por Karla Nayeli López Valle, contra los actos y autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria. Se acusa el recibo para los efectos legales conducentes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 1, inciso a) del Manual referido, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19"; en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Por otro lado, visto el oficio de cuenta signado por el Subdirector Divisional de administración Tributaria en Ferrería, por medio del cual, hace del conocimiento los oficios SAF/TCDMX/SCPT/DPCC/10975/2020, de diez de diciembre de dos mil veinte y SAF/TCDMX/SCPT/DPCC/10723/2020, de diez de noviembre de dos mil veinte, por los que se requiere al Administrador Tributario Ferrería, remita de forma escrita y detallada el procedimiento para obtener el valor catastral. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que las autoridades no han dado cumplimiento al requerimiento de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Director de Desarrollo Catastral, de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que exhiba a este juzgado la determinación del nuevo valor catastral del inmueble propiedad del quejoso, conforme los lineamientos fijados en el proveído dieciocho de noviembre de dos mil veinte, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Marcos Francisco Huesca Barajas, en el domicilio ubicado en Madero, número 6 (seis), Pasaje América, Despacho 204 (doscientos cuatro), colonia Centro, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta con evidencia criptográfica de Actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual, solicita se le informe el estado procesal que guardan los presentes autos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a sus autos el oficio de cuenta y dígase al juzgado oficiante que mediante proveído de dieciocho de enero del año en curso, este juzgado planteó conflicto competencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diez de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece lo siguiente: Circular SECNO/29/2020 En sesión de 4 de diciembre de 2020, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid- 19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México". Con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las que prestan sus servicios en los juzgados y tribunales, la Comisión Especial adoptó medidas del 5 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito. En cumplimiento a lo instruido por la Comisión, enseguida se dan a conocer dichas medidas, así como las guardias de turno correspondientes a dicho periodo: 1. Se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. 2. Esta medida tendrá vigencia del 5 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, inclusive; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del punto anterior 3. Para efectos de la atención de los casos urgentes, se estará a lo dispuesto en el Capítulo I del AG 13/2020. Se recuerda que el tipo de casos que se consideran urgentes está contemplado en el artículo 4 del citado instrumento normativo. Para la tramitación de estos asuntos durante el periodo precisado, deberá darse preferencia rigurosa al trabajo remoto y, de ser necesaria la presencia física de personal en el órgano, deberá ser el número mínimo indispensable de personas. Acuerdo General 13/2020 "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 15 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: III. Recepción, tramite y resolución de casos tramitados mediante juicio en línea. Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del periodo de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo. "Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del Presente Acuerdo, se habilitan lo días y horas que resulten necesarios para que: VI. Las personas justiciables promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020 y mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL). Lo anterior dará lugar a la integración de los expedientes regulados por dicho instrumento normativo, sin perjuicio de que la inclusión de las constancias respectivas en los expedientes físicos se realice una vez que se normalicen las actividades en el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Las Oficinas de Correspondencia Común realicen el turno de los asuntos nuevos recibidos a través del Portal de Servicios en Línea. IX. Las y los titulares radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran la presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en este Acuerdo para la materia penal. Lo anterior implica que el personal de los órganos jurisdiccionales privilegie el uso de herramientas tecnológicas, como SharePoint y el correo electrónico institucional para el envío de documentos, incluyendo la circulación de proyectos de resolución o sentencia en tribunales colegiados de Circuito. Capitulo III Tramitación y resolución mediante "juicio en línea" Artículo 12. Para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados y en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, accediendo al expediente y notificándose por medios electrónicos. De lo anterior se advierte que, por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, las personas justiciables podrán promover juicios de amparo únicamente por vía electrónica, los cuales serán turnados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a los órganos jurisdiccionales en dicha materia, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite, esto último, siempre y cuando la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea". Por tanto, considerando que la demanda de cuenta fue promovida de forma electrónica, se procede a proveer lo conducente. En esa tesitura, vista la demanda de garantías promovida de forma electrónica, por Karla Nayeli López Valle, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1148/2020-IV. Conforme con lo anterior, de la demanda que se provee se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la negativa para poder prestar servicios profesionales como profesor titular de nivel primaria. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que, para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama que la autoridad responsable le niegue el derecho a prestar servicios como profesora de nivel primaria, con motivo del rechazo a su contratante de que la autorizara para ejercer el cargo de docente frente a grupo, por no cubrir el perfil académico y profesional requerido. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; y, Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que el acto reclamado corresponde a la materia laboral. En efecto, la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido, por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto es, si la quejosa como docente se queja de que la autoridad le niega su pretensión de ejercer el cargo de docente frente al grupo primero A, de la escuela particular incorporada, en razón de no haber cubierto el perfil académico y profesional requeridos por el artículo 14, fracciones I, II, III y IV; artículo 15, fracciones II, III y IV; y, artículo 18, fracción VI, del acuerdo Secretarial 254, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir Educación Primaria; se trata de un litigio en materia de trabajo. En mérito de lo anterior, si el acto señalado como reclamado se ubica en el ámbito del derecho laboral, no cabe duda que debe considerarse como de naturaleza laboral, sin que ello implique que el juicio de amparo sea procedente, pues el análisis de su naturaleza únicamente sirve para determinar qué Juez de Distrito especializado por materia debe conocer del asunto. Lo anterior, toda vez que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. De tal manera, este juzgado estima que el acto reclamado es de carácter laboral y no administrativa, pues entraña una posible violación a los derechos laborales de la promovente al negársele la autorización para fungir como docente frente a grupo de primaria. Además, la promovente no se ubica en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no tener el carácter de militar, marino, agente del ministerio público, perito, personal del servicio exterior o miembro de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado, mismo que para mayor referencia se inserta a continuación: El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, pues el acto que se reclama, es eminentemente de naturaleza laboral, por lo que es claro que la negativa de autorización para fungir como docente frente a grupo de primaria, deriva de una relación laboral que guarda con la institución educativa que la contrato para ello y entraña un afectación a ejercer su derecho de prestar un servicio persona subordinado; por tanto, dicho acto debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la ley Orgánica del poder Judicial de la Federación transcrito. Lo anterior cobra relevancia en la medida que denota que los actos señalados como reclamados por la promovente del amparo son de índole laboral, esto, con independencia de los Acuerdos vinculados con los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir Educación Primaria. Por tanto, es evidente que se cuestiona un acto de naturaleza laboral, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia de trabajo. Se insiste, en el caso concreto, la pretensión de la quejosa es que la autoridad responsable le permita ejercer el cargo de docente frente al grupo primero A, de la escuela particular incorporada, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno, únicamente de manera electrónica, vía interconexión, solicitándole el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada; en caso de aceptar la competencia planteada y de estimarlo pertinente podrá solicitar los autos originales, esto es, el juzgado que este en guardia conforme a lo previsto en la circular 29/2020, de cuatro de diciembre de dos mil veinte, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19) y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a la solicitud de la quejosa, con fundamento en los artículos 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así´ como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; numerales 35, a 38 y 55, en relación con el diverso 23 del citado Acuerdo General 21/2020, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "KarlaLopez", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria para la consulta del expediente electrónico. Se autorizan en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Luis Santiago López, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. Con fundamento en los artículos 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

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