Karla Miriam Villareal Arce

Expediente 1866/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1866/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Karla Miriam Villareal Arce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la constancia que antecede, levantada con motivo del requerimiento formulado por acuerdo de siete de noviembre del año en curso (fojas 327 a 329), de la que se advierte que ********************, en su carácter de representante común de la parte quejosa, ratificó el escrito a través del cual se desiste del presente juicio de garantías 1274/2018, por lo que a él respecta, así como a los diversos quejosos ***. Por tanto, al haberse manifestado el desistimiento ante la presencia judicial del Secretario adscrito, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, respecto a los citados quejosos. Sirve de apoyo a la anterior conclusión por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos cuarenta, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales procedentes. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto el nombramiento de representante común realizado a ******************** y se tiene como nueva represente común de los quejosos respecto a los cuales continúa el juicio a ********************; lo anterior, en términos del ordinal 13 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de con posterioridad, pueda ser sustituida por diverso promovente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual anexa testimonio certificado de la ejecutoria dictada el treinta y uno de octubre de este año, en el incidente de inejecución de sentencia 11/2019, relativo al presente juicio de amparo indirecto; en consecuencia, agréguese a sus autos y acúsese el recibo respectivo. Ahora, de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de referencia, se advierte que ordenó reponer el procedimiento de ejecución de sentencia, para los efectos siguientes: " TERCERO. Efectos de la reposición del procedimiento de ejecución de sentencia. En mérito de lo anterior, se obtiene que el procedimiento sustanciado a fin de lograr el puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo fue ineficaz e incompleto, por lo que, como se anticipó, resulta procedente la devolución de los autos a la Juez de Distrito del conocimiento y a fin de impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, como medida para lograr esta pronta actuación, se deberá: Lineamientos que deberá observar la Jueza de Distrito al requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo. Todos y cada uno de los requerimientos que efectúe la Juez de Distrito a las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, invariablemente deberán realizarse en forma personalizada, incluyendo al Cabildo Municipal al que también se vinculó a acatar la sentencia concesoria del amparo, es decir, dirigirse a las correspondientes personas físicas que en ese momento ocupen cada cargo, por lo que deberán precisarse sus nombres, y hacer las adecuaciones cuando cambien los titulares de los cargos señalados; De igual forma, en todos los requerimientos de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se deberá apercibir a la responsable y a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, en el sentido de que en caso de no acatar la sentencia de amparo: "se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumplen con la sentencia de amparo aun después de habérseles impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal 53 Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargoque ostentan y serán puestos a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo, sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la ley de la materia, que prevé una 'pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos'"; Actos que deberán llevar a cabo de manera conjunta las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia. 1. Toda vez que al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, se le vinculó a acatar el fallo protector; por ende, se le deberá requerir tanto a las responsables como a las vinculadas, para que en el ámbito de su respectiva competencia, conforme a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y legislaciones aplicables, emitan los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En el entendido de que el cumplimiento del fallo protector requiere de diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, por lo que será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes en el momento oportuno del desarrollo del procedimiento de pago, cuando la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes. De ahí que antes de imponer una multa de las previstas en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrían una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Conforme a lo anterior, el Juzgado de Distrito deberá requerir a las autoridades responsables y vinculadas que acrediten fehacientemente que han emitido los actos que jurídicamente les correspondan, como acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución, puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Además, la A quo deberá comunicar a las autoridades responsables y vinculadas, que si ya tienen autorizado un presupuesto que les permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, deberán realizarlo si con ello dan cumplimiento a un mandato de amparo, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, pues a ese respecto, la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente. Y la excusabilidad de su incumplimiento en el plazo respectivo, únicamente podría basarse en el fehaciente acreditamiento ante la autoridad de amparo de la inexistencia de recursos presupuestales disponibles, no de la insuficiencia; III. Lineamientos que deberá observar la Juez de Distrito previo a aperturar de nueva cuenta, de ser ese el caso, un diverso incidente de inejecución de sentencia. 1) Eventualmente, en caso de que se determine de nueva cuenta que las autoridades responsables y vinculadas han sido omisas en cumplir con la ejecutoria de amparo, sin que exista causa fehaciente que las justifique, una vez que haga efectivo el apercibimiento de la multa que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo, previo a la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, deberá esperar un plazo razonable para que las autoridades conminadas al cumplimiento del fallo protector, acaten la ejecutoria de amparo. Lo anterior implica que deberá privilegiar el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, atendiendo, desde luego, a los actos u omisiones en que incurra la autoridad responsable o en su caso, las vinculadas a su cumplimiento, durante la ejecución de dicha sentencia. Sin que lo aquí ordenado implique que el Presidente, Municipal, Síndico y Regidores (como Cabildo) se limiten a enviar a su vez requerimientos al Tesorero Municipal, sino que este último, así como todos los miembros del Ayuntamiento, deben realizar todos los actos legales que se encuentren dentro de sus facultades, tendentes a cumplir a cabalidad de manera pronta el fallo protector, así como acreditarlo fehacientemente. De ser el caso, conforme al prudente arbitrio de la A quo, fundada y motivadamente vincule a las autoridades que durante el procedimiento de ejecución estime procedente, a condición de que precise los actos que deberán efectuar para lograr el cumplimiento del fallo protector; 2) Cabe resaltar, que las medidas aquí señaladas son meramente enunciativas, mas no limitativas, es decir, no restringen las facultades que como encargada de vigilar el eficaz cumplimiento del fallo protector, deberá implementar la A quo para tal efecto. Esto, porque de la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se advierte que, en principio, es al Juzgado de Distrito a quien compete el deber de velar por el exacto cumplimiento de las sentencias de amparo indirecto, para lo cual debe llevar a cabo una serie de tareas eficaces que conduzcan a que las autoridades no eludan tal cumplimiento. Por ende, si con motivo de la substanciación de la etapa de cumplimiento, la Juez de Distrito advierte que el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo depende, incluso, de actividades que escapan a los lineamientos aquí precisados, dentro de sus atribuciones y límites legales, deberá 58implementarlas y vigilarlas bajo su estricta responsabilidad, pero siempre buscando que aquéllas sean eficaces para obtener la exacta observancia al fallo amparador; y, 3) Asimismo, la Juez Federal deberá informar a las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento que, en una situación similar a la que aquí se analiza5 -incumplimiento de pago por parte de un Municipio-, pero en el que previamente se cumplió puntualmente con el procedimiento de ejecución, fueron consignados los funcionarios públicos que inicialmente incumplieron con la ejecutoria de amparo; y, aquéllos que ejercieron la representación del Municipio de manera posterior fueron inmediatamente separados de su cargo y también se les consignó por la desobediencia en que incurrieron, esto es, en la hipótesis prevista en el citado artículo 267 de la Ley de Amparo. CUARTO. Con base en lo anterior, este tribunal considera que deben dejarse sin efectos la multa impuesta por la Juez de Distrito en el auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, al considerar que fue omiso en cumplir la sentencia de amparo. (.)" En ese tenor, en acatamiento a la ejecutoria aludida, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, tercer párrafo de la Ley de la Materia, requiérase al Cabildo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, como autoridad vinculada, es decir, a Jaime Alonso Cuevas Tello (Presidente), Irma Ramírez Flores (Síndico), Jassiel Pelayo Estrada (Regidor Demarcación 1), Nilda María Minjarrez García (Regidor Demarcación 2), Jorge Antonio Luquin Ramos (Regidor Demarcación 3), Margarita Ramírez Parra (Regidor Demarcación 4), Ma. Guadalupe Peña Ruelas (Regidor Demarcación 5), Evelyn Paloma Jiménez Ramírez (Regidor Demarcación 6), José Francisco López Castañeda (Regidor Demarcación 7), Víctor Javier Reynozo Gallegos (Regidor Demarcación 8) y Eric Fabián Medina Martínez (Regidor Demarcación 9), además, a Carlos Virgen Fletes, en su carácter de Tesorero Municipal de dicho ayuntamiento, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que sean notificados del presente auto, en el ámbito de las atribuciones que les concede la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, arábigo 17, fracción VI, realicen las gestiones necesarias para que se logre el cumplimiento de la sentencia de amparo, incluso efectúen los trámites para que se considere el pago del adeudo a la parte promovente del amparo como parte de los egresos municipales; asimismo, remitan las documentales que acrediten esa situación. Al efecto se les remite copia de la sentencia amparadora a fin de que conozcan su contenido y de la ejecutoria de cuenta. Esto, de conformidad con el arábigo 202 de esa ley, que señala que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio; y previo el trámite respectivo para modificar el presupuesto. Luego, se le hace del conocimiento al Tesorero Municipal que es su obligación proporcionar oportunamente todos los datos necesarios para la formulación del presupuesto de egresos municipales y realizar el anteproyecto respectivo, por lo que, tenía conocimiento desde que entró en funciones la nueva administración que se encontraba pendiente de cumplimiento la ejecutoria dictada en autos, por lo que, tendrá que informar las gestiones que realizó a fin de cumplir con la misma, lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Municipal el Estado de Nayarit, artículos 44, 45 fracción XIII, 115, 117, fracciones IV, XXII y XXIV. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se les impondrá a cada uno, en lo personal, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumplen con la sentencia de amparo aun después de habérseles impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo, sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la ley de la materia, que prevé una 'pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Por otra parte, como se ordena en la citada ejecutoria se deja sin efecto la multa impuesta en auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; en consecuencia, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1", dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales conducentes; en la inteligencia que dicha multa quedó controlada con el número 29278/2019 Finalmente, glósense a este juicio las actuaciones que se practicaron en el cuaderno de antecedentes a partir de la remisión del juicio principal al tribunal colegiado, en tanto que las restantes déjense por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado por ***, solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en la emisión de todos los acuerdos emitidos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho tendentes a ejecutar la sentencia dictada en el procedimiento de laudo administrativo donde se le reclama el pago de los créditos fiscales 166000843, 166000848, 166000849, 166000852, 166000855, 166000845, 16600847, 166000851, 166000853 y 166000856, así como su notificación, lo cual consideró violatorio de los dispositivos 1, 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Por auto emitido el treinta de septiembre del año en curso (fojas 7-11), se inició por separado y en duplicado el trámite del presente incidente, se solicitó la rendición de los informes previos a las autoridades responsables, se concedió a la parte accionante del amparo la suspensión provisional, en los términos precisados en proveído de esa misma fecha y seguido el incidente por sus demás trámites legales, el día de hoy, se celebró la audiencia incidental con el resultado que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Las autoridades responsables Jefe del Departamento Contencioso por ausencia de la Titular de Jefatura de Servicios Jurídicos Delegacional, en representación de la titular y notificador adscritos a dicha jefatura, así como por el Titular de la Subdelegación Tepic, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Nayarit, al momento de rendir sus informes previos, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas en su informe de ley, así como de las constancias que acompañaron a este, se advierte que el quejoso adeuda a dicho instituto la suma de $175,420.72 (ciento setenta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos 72/100 moneda nacional), derivado de los créditos fiscales 166000843, 166000848, 166000849, 166000852, 166000855, 166000845, 16600847, 166000851, 166000853 y 166000856 por lo que se advierte que estos son susceptibles de ejecución; por tanto, con base en dichas manifestaciones es dable suponer que en cualquier momento las autoridades responsables pueden ordenar la ejecución de dichos créditos fiscales. Por tanto, se desvirtúan dichas negativas y, para efectos de la presente medida cautelar, se tienen por ciertos los actos reclamados. En ese sentido, conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "***". En el caso, la quejosa señaló actos reclamados y autoridades responsables en los términos siguientes: Titular de la Subdelegación Tepic, de la Delegación Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social. Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Notificador de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actos reclamados: De las autoridades señaladas en los incisos a y b, la emisión de todos los acuerdos emitidos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho tendentes a ejecutar la sentencia dictada en el procedimiento de laudo administrativo donde se le reclama el pago de los créditos fiscales 166000843, 166000848, 166000849, 166000852, 166000855, 166000845, 16600847, 166000851, 166000853 y 166000856. De la autoridad precisada en el inciso c, la falta de notificación personal conforme a derecho de la totalidad de los acuerdos dictados en el procedimiento de ejecución de laudo administrativo donde se reclama el pago de los créditos fiscales 166000843, 166000848, 166000849, 166000852, 166000855, 166000845, 16600847, 166000851, 166000853 y 166000856, a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Precisado lo anterior, resulta procedente NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, por lo que ve a los actos reclamados, toda vez que, el precisado en el inciso a le reviste el carácter de consumado y el diverso señalado en el inciso b, es de carácter omisivo; por tanto, de concederla se darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva esta incidencia. Es aplicable al caso la tesis I.6o.T.3 K (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página mil novecientos doce, Libro XXV, Tomo 3, del mes de octubre de dos mil trece, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa: "****." Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". SEGUNDO. (Concesión de la suspensión definitiva). Por otra parte con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128, 139 y 147 de la Ley en cita, SE CONCEDE a Christián Felipe Gómez Pérez, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados precisados en el inciso a, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren y no se haga efectivo el cobro de los créditos fiscales de previa mención; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables que causo ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde deriva este incidente. Al respecto, es preciso indicar que la legislación de amparo vigente, establece en su numeral 138, que debe efectuarse el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, circunstancia que queda colmada toda vez que a discreción de este Juzgado Federal, la parte quejosa satisfizo los extremos previstos por la ley en cita, para que le sea concedida la medida cautelar; además, que de hacerse efectiva la ejecución de la sanción económica impuesta en el acuerdo que por esta vía combate, de concederse el amparo, se ordenaría la restitución al patrimonio de la parte quejosa la cantidad a que asciende la misma, pero sería difícil que el Estado indemnice el perjuicio que la erogación pudiera ocasionarle. Cobra aplicación, por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página quinientos treinta y cinco, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuya sinopsis dice: "***." En efecto, este juzgado federal considera que en el caso concreto se actualizaron las hipótesis relativas a la apariencia del buen derecho; por ende, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, es posible anticipar que en la sentencia de amparo se puede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, toda vez que éste se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo que se realice en el juicio principal. En este orden de ideas, se atiende a las características y naturaleza del caso concreto, tomando en cuenta los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, ponderando el interés social, constitucionalmente tutelado, se aprecia que en la especie no se encuentra sobre el del particular; ello, pues de las constancias que obran en autos no se advierte que la colectividad se vea privada de algún beneficio otorgado por las leyes o que resienta algún daño. Ello pues, conforme a la teoría de la ponderación de principios, este órgano de amparo tiene una facultad discrecional para sopesar o ponderar la procedencia de la suspensión con base en el equilibrio de intereses, que, implícitamente a la vez, posibilita o impide, según las circunstancias del caso su operancia, por surtirse o no, las condiciones o requerimientos que se piden. En efecto, por interés social se entiende aquél que debe ser protegido legalmente, por ser de orden público, y que es necesario prevalezca o subsista, aun cuando se afecte un interés particular, no obstante, existen casos como el presente en que el interés del particular no afecta o menoscaba el interés social y el orden público, sino que por el contrario, la sociedad se encuentra interesada en que se respete la garantía de audiencia a los gobernados, a fin de que pueda privárseles a éstos de sus propiedades, posesiones o derechos, máxime que ello constituye un derecho humano salvaguardado por el artículo 14 Constitucional. Esto es, la sociedad está interesada en que se cumplan eficazmente las disposiciones de orden público, para poder sostener el bienestar de la comunidad. Los anteriores razonamientos, se contienen dentro del texto de la jurisprudencia P.J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciséis, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "***." De igual forma, resulta aplicable el criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos quince, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "***." Así, acorde a lo dispuesto por el artículo 135 de la ley de la materia, la suspensión concedida surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía de los intereses fiscales ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables, lo cual comprende el pago total del monto que resulte de los créditos fiscales 166000843, 166000848, 166000849, 166000852, 166000855, 166000845, 16600847, 166000851, 166000853 y 166000856, asegurando con ello el interés fiscal. En la inteligencia, de que si se niega el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía de referencia de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia PC.I.A J/57 A (10ª.) emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el tomo III, página dos mil ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "****." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En la inteligencia de que esta medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, si la autoridad responsable actúa dentro del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control constitucional, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que tienden a restablecer el orden constitucional violado (dispositivo 124, fracción II, de la Ley de Amparo). Pues, la majestad de las sentencias constitucionales hace que resulte un peligro menor la negativa de la suspensión contra un acto que, según todas las apariencias y elementos del incidente, tiende a respetar una ejecutoria de amparo. Así, por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a Christián Felipe Gómez Pérez, la suspensión definitiva por lo que ve a los actos reclamados precisados en el inciso a y b, por los motivos y fundamentos constreñidos en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a Christián Felipe Gómez Pérez, la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados precisados en el inciso a, por los motivos y fundamentos constreñidos en el considerando segundo de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    * TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos se obtiene que en proveído de uno del mes y año en curso (foja 307) se requirió a la autoridad responsable denominada Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a efecto de que dentro del término de tres días, diera cumplimiento al fallo protector concedido en autos, sin que hasta la fecha haya informado los actos tendentes a dar acatamiento con el mismo, no obstante de estar debidamente notificada para ello, dado que dicha notificación se practicó el tres de ese mes y año (foja 309), surtiendo sus efectos el mismo día; por tanto, dicho plazo le transcurrió del tres al ocho del mes actual. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsables de referencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; en la inteligencia, de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Notifíquese. **

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano