Karla Merino López
Expediente 735/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Karla Merino López
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de agosto de dos mil veintidós. Devolución de documentos. ... En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente deberá tramitar una cita para acudir a las instalaciones de éste órgano jurisdiccional, esto es, deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", a fin de que obtenga un Código QR que le permita ingresar a este Juzgado de Distrito, previo cumplimiento de las medidas tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la subsistencia de la situación de emergencia sanitaria actual, para su entrega y recepción respectiva. Desde luego atendiendo a las fechas y horarios disponibles en dicho sistema. Notifíquese. ...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. ... En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado el referido acuerdo. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Destino. ... este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones al secretario. ...
- Principal
....-. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, debe decirse que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, bajo los siguientes argumentos. Para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social. Se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en la que se tiene que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes respectivas para dirimir las controversias que se susciten, por ejemplo, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Robustece lo anterior, la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Por tanto, si la parte quejosa reclama en esta vía la reparación de su automóvil con los datos previamente asentados, así como la indemnización por daños a su patrimonio y persona, no resultan ser un acto de autoridad para efectos de la procedencia de la acción constitucional, pues es claro que las responsables no actúan con facultades de imperio, por el contrario, se encuentran en un plano de igualdad con el promovente del amparo. Así, cualquier controversia que se suscitara con motivo de esa relación contractual deriva de un plano de coordinación, lo cual debe ser resulta por tribunales de instancia competentes. Conclusión. En virtud de lo anterior, al haber quedado plenamente demostrada la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 5°, con el diverso 61, fracción XXIII y el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente. Aunado a lo anterior, de revestirle el carácter de autoridad al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, la parte quejosa tiene a su alcance el procedimiento reclamatorio, previsto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz, cuyo objeto es regular el derecho a la indemnización del que gozan los particulares en los casos de actuación indebida de la Administración Pública, donde los gobernados pueden hacer valer sus derechos respecto a una lesión infligida a su patrimonio. En dicha legislación, se establece que la lesión patrimonial incluye el daño moral, el cual debe ser evaluable en dinero, real y directamente relacionada con una o varias personas. Asimismo, en su artículo 17, prevé que el peticionario tiene la carga de la prueba respecto a la responsabilidad de la administración señalada en su escrito inicial y por su parte, a la autoridad presuntamente responsable, le corresponde probar la participación de terceros, del propio peticionario en la producción de la lesión patrimonial, o la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, que la exoneraría de toda responsabilidad. Tiene aplicación la tesis 2a. XCVII/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2007578, Décima Época, Materia Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2014, Libro 11, Tomo I, página 1102, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ACREDITAR LA REGULARIDAD DE SU ACTUACIÓN. Si bien es cierto que la intención del Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue que el sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado se limite a la generación del daño por la "actividad administrativa irregular", también lo es que el particular no está obligado a demostrar dicha circunstancia, como sí debe suceder tratándose del daño y la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa que la produjo. Ello es así, pues corresponde al propio ente estatal acreditar de manera fehaciente la regularidad de su actuación, es decir, que atendió a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración; dicha conclusión se alcanza ya que el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece la carga probatoria de éste para demostrar que el daño irrogado al particular no fue consecuencia de la actividad irregular de la administración pública. Asimismo, acorde a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, la carga de la prueba de este extremo debe recaer en las propias dependencias u órganos estatales a quienes se vincula con la lesión reclamada, en atención a la dificultad que representa para el afectado probar el actuar irregular del Estado, sobre todo respecto de los diversos aspectos técnicos que lleva a cabo la administración pública en el ejercicio de sus funciones y que requieren de análisis especializados en la materia, los que, en un importante número de casos, rebasan los conocimientos y alcances de la población en general. Finalmente, debe señalarse que la argumentación del ente estatal en el sentido de que su actuar no fue desapegado del marco jurídico que lo rige, constituye una negación que conlleva un hecho afirmativo y, en esa lógica, le corresponde probar tal hecho con base en el principio general jurídico de que quien afirma está obligado a probar y el que niega sólo lo estará cuando su negativa implique una afirmación. Desde luego, lo anterior no significa que el particular no deba aportar las pruebas para acreditar la actividad administrativa irregular del Estado, siempre y cuando tal ofrecimiento probatorio se encuentre dentro de sus posibilidades legales y materiales". Substanciado el procedimiento reclamatorio, se dictará una resolución definitiva, la cual, de ser contraria a sus intereses, puede impugnarse, a elección del interesado, a través del recurso de revocación ante el superior jerárquico del órgano resolutor o mediante el juicio contencioso ante la Sala Regional competente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Procedimiento en el que además, llegada la etapa resolutoria, existe un medio de impugnación para que la quejosa haga valer las consideraciones que estima contraria a sus intereses. Máxime que del oficio 1523/2022 de veintidós de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal se advierte que la solicitud de la quejosa sobre pago de reparación de su vehículo y otras indemnizaciones, ya fue canalizada a la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, autoridad encargada de resolver su planteamiento. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Óscar Armando Aguilar Estrella, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIDÓS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIOO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Karla Merino López, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz y otra autoridad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 735/2022. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables lo siguiente: La reparación de su automóvil marca . con motivo del incidente ocurrido el diecinueve de marzo de dos mil veintidós . La indemnización por el monto de . por los daños ocasionados a su patrimonio (vehículo) y a su persona Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, debe decirse que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 612, en relación con el 5°, fracción II3, ambos de la Ley de Amparo, bajo los siguientes argumentos. Para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, que expresa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social. Se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, en la que se tiene que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes respectivas para dirimir las controversias que se susciten, por ejemplo, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. . Por tanto, si la parte quejosa reclama en esta vía la reparación de su automóvil con los datos previamente asentados, así como la indemnización por daños a su patrimonio y persona, no resultan ser un acto de autoridad para efectos de la procedencia de la acción constitucional, pues es claro que las responsables no actúan con facultades de imperio, por el contrario, se encuentran en un plano de igualdad con el promovente del amparo. Así, cualquier controversia que se suscitara con motivo de esa relación contractual deriva de un plano de coordinación, lo cual debe ser resulta por tribunales de instancia competentes. Conclusión. En virtud de lo anterior, al haber quedado plenamente demostrada la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 5°, con el diverso 61, fracción XXIII y el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente. Aunado a lo anterior, de revestirle el carácter de autoridad al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, la parte quejosa tiene a su alcance el procedimiento reclamatorio, previsto en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz4, cuyo objeto es regular el derecho a la indemnización del que gozan los particulares en los casos de actuación indebida de la Administración Pública, donde los gobernados pueden hacer valer sus derechos respecto a una lesión infligida a su patrimonio..
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