Karla Martinez Guzmán

Expediente 453/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
453/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Karla Martinez Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que en auto de diecinueve de octubre del presente año este juzgado se pronunció en relación al cumplimiento del fallo protector, sin que se haya notificado dicho proveído de forma personal; consecuentemente, se ordena hacerlo del conocimiento de la impetrante de forma personal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término legal concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de octubre del presente año, y toda vez que se encuentran reunidas las constancias necesarias, para que este Juzgado efectúe el análisis sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto; por tanto, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, visible a página doscientos cuarenta y tres, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." De autos se advierte que mediante resolución de diecisiete de septiembre pasado, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a -, por sí y en representación del menor-, para los siguientes efectos: ".En esas condiciones, lo procedente es conceder a -el amparo y protección solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción, emita otro en el que resuelva lo que en derecho proceda, pero purgando los vicios de forma. La sentencia de mérito causó ejecutoria en proveído de cuatro de los actuales, y en esa misma fecha se recibió el oficio 2254/2018, por el que el Juez Tercero de Primera Instancia en Mateira Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, informó que el veinticuatro de septiembre pasado efectuó una audiencia especial en la que las partes en el juicio de origen llegaron a un acuerdo en relación a la guarda del menor -, y al efecto acompañó copias certificadas de dicha audiencia; con la documental citada se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado se pronunciaría de oficio sobre el cumplimiento. De la citada audiencia se desprende que los padres del menor acudieron el veinticuatro de septiembre pasado a las instalaciones del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, y una vez formuladas sus respectivas propuestas, llegaron a un convenio en el que se fijaron los términos en que se llevaría a cabo la custodia y convivencia con el menor referido En este contexto, se procede a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el presente expediente. Vistas y analizadas las constancias citadas anteriormente, se pone de manifiesto que se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por este Órgano Jurisdiccional, pues cuando se ordenó a la responsable dejara insubsistente el auto de cuatro de mayo del presente año, y con plenitud de jurisdicción emitiera otro en el que resolviera lo que en derecho proceda, pero purgando los vicios de forma, y toda vez que la responsable efectuó el veinticuatro de septiembre pasado la audiencia cuya omisión de celebración se impugnó en el presente juicio; por tanto se considera que el FALLO PROTECTOR EN LO ESENCIAL HA QUEDADO CUMPLIDO, sin perjuicio del recurso que, en su caso, pudiera hacer valer la quejosa en contra del cumplimiento decretado, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, como lo solicita la apoderada jurídica de la parte quejosa en el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias simples a que alude, previo recibo que se deje en autos. Asimismo, como lo pide la ocursante se ordena la devolución de los documentos exhibidos con su escrito de demanda, previo desglose que se haga para constancia legal. Notifíquese.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA.. DEL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de diecisiete de septiembre del presente año, en la que se CONCEDIÓ el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no están legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como se advierte, se concedió a la peticionaria de amparo, la protección de la Justicia Federal, en términos del artículo 192 y del diverso numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase por única ocasión al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con el apercibimiento que de no informar el cumplimiento al fallo protector, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable al caso la Jurisprudencia de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, número IX.1o.6 K, visible en la página 883, que a la letra dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este Órgano Jurisdiccional del tomo de pruebas, consistente en copias certificadas del juicio oral familiar 306/2018 y de una lista de acuerdos, de donde emana el acto reclamado, se ordena enviarlo al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en cuanto responsable sustituta, solicitándole acusar el recibo correspondiente, en el entendido que de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computado, se dará por hecho que recibió a entera satisfacción la documental que se le envía.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIOD DE AMPARO 453/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...

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