Karla Martina Baeza Braga
Expediente 1034/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karla Martina Baeza Braga
- Karla Martina Baeza Braga y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO ....QUEJOSA ....Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio". 4. La demanda de amparo promovida en contra de la Comisión Federal de Electricidad, se presentó el día veintinueve de julio de dos mil diecinueve, esto es, cuando ya se encontraba vigente la referida jurisprudencia número 156/2017, en materia energética. 5. Además, de la propia demanda se advierte la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica, en el predio materia de la litis, ya que la promovente manifestó y de los anexos exhibidos se advierte que retiraron el medidor de consumo de energía eléctrica y que desmantelaron el servicio. Al respecto, resulta dable indicar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, la contradicción de tesis 198/2017, estableció que en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque según indicó nuestro máximo Tribunal, al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública a una empresa productiva del Estado con un régimen especial, esta empresa, se aleja en lo máximo posible del sector público y se acerca al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. Por lo que, según se estimó, con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Criterio que dio origen a la jurisprudencia consultable en la página 532 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". De ahí que se estime actualizada la casual de improcedencia en análisis, ya que el acto que aquí se reclama, no fue emitido en una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-sino que forma parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. No se soslaya, que en la propia jurisprudencia se establezca la posibilidad de tener a la empresa como autoridad responsable cuando realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, en cuyo caso se deja a cada juzgador su análisis, atendiendo al criterio construido en la mencionada jurisprudencia. Ahora bien, en la ejecutoria de mérito se advierte que la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, indicó que entre las situaciones que comprometen los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, podrían encontrarse aquellas cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Sin que pase inadvertido, lo manifestado por la quejosa, que en el predio donde se originó el corte de suministro habita su hijo menor de edad L.R.B; sin embargo este juzgador, no advierte en el caso específico, la falta de energía eléctrica, ponga en evidente riesgo la vida, salud o seguridad del menor L.R.B. De ahí que este juzgador proceda a desechar de plano la demanda de amparo, al surtirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, habida cuenta de que no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa a la sostenida, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes ante la existencia de criterios jurisprudenciales del más alto Tribunal, que resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional y que definen la naturaleza de la autoridad responsable. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1008 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto rezan: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional". En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo respecto al acto reclamado citado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Karla Martina Baeza Braga alias Karla M. Baeza Braga por su propio derecho y en representación de su hijo Leonardo Roldan Baeza, contra de los actos que reclama del Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo, así como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos y recibir documentos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Alberto Sánchez Cu, lo anterior en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que se accede a su petición de que se le permita a ella y a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Karla Martina Baeza Braga alias Karla M. Baeza Braga por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad L.R.B, en contra de los actos que reclama a la Comisión Federal de Electricidad, presentada con tres copias y seis anexos; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1034/2019-II. Con fundamento en los artículos 6 y 10 de La Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta Karla Martina Baeza Braga alias Karla M. Baeza Braga, como representante de su hijo menor de edad L.R.B.; personalidad que se acredita con el acta de nacimiento del referido menor, expedida el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, por la Directora del Registro Civil del Estado, con número de folio A31-2517354. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Así, se estima que en la especie, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Primeramente, es importante destacar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior es dable concluir, fundadamente, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tanto que la fracción I, del artículo 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, el acto reclamado en esta instancia constitucional no fue emitido en una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-, sino en una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad de carácter contractual de suministro de energía eléctrica entre la quejosa y la autoridad responsable; por lo tanto, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues en el caso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa esencialmente se duele del corte del suministro de energía eléctrica, retirar el medidor correspondiente y retirar los cables mediante los cuales se proporcionaba conexión al poste que alimentaba el suministro a su domicilio; siendo que respecto a la materia de dicho acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, la contradicción de tesis 156/2017, se pronunció como se verá más adelante. En el caso, para mayor comprensión del asunto, resulta pertinente precisar lo siguiente: 1. El once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica que surtió efectos a partir del día siguiente, la cual abrogó la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2. El once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual entró en vigor el diecisiete de febrero de dos mil quince, cuando inició sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cuestión que será precisada con mayor amplitud con posterioridad. 3. El doce de enero de dos mil dieciocho se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 156/2017, citada líneas arriba, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis 2ª./J 156/2017 (10), materia común, civil de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuya obligatoriedad es a partir del lunes quince de enero de dos mil dieciocho, con número de registro 2015944, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". De la ejecutoria que dio origen al criterio obligatorio transcrito líneas arriba, se advierte que la Sala consideró lo siguiente: "La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio". 4. La demanda de amparo promovida en contra de la Comisión Federal de Electricidad, se presentó el día veintinueve de julio de dos mil diecinueve, esto es, cuando ya se encontraba vigente la referida jurisprudencia número 156/2017, en materia energética. 5. Además, de la propia demanda se advierte la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica, en el predio materia de la litis, ya que la promovente manifestó y de los anexos exhibidos se advierte que retiraron el medidor de consumo de energía eléctrica y que desmantelaron el servicio. Al respecto, resulta dable indicar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, la contradicción de tesis 198/2017, estableció que en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, porque según indicó nuestro máximo Tribunal, al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública a una empresa productiva del Estado con un régimen especial, esta empresa, se aleja en lo máximo posible del sector público y se acerca al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. Por lo que, según se estimó, con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Criterio que dio origen a la jurisprudencia consultable en la página 532 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". De ahí que se estime actualizada la casual de improcedencia en análisis, ya que el acto que aquí se reclama, no fue emitido en una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-sino que forma parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. No se soslaya, que en la propia jurisprudencia se establezca la posibilidad de tener a la empresa como autoridad responsable cuando realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, en cuyo caso se deja a cada juzgador su análisis, atendiendo al criterio construido en la mencionada jurisprudencia. Ahora bien, en la ejecutoria de mérito se advierte que la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, indicó que entre las situaciones que comprometen los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, podrían encontrarse aquellas cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Sin que pase inadvertido, lo manifestado por la quejosa, que en el predio donde se originó el corte de suministro habita su hijo menor de edad L.R.B; sin embargo este juzgador, no advierte en el caso específico, la falta de energía eléctrica, ponga en evidente riesgo la vida, salud o seguridad del menor L.R.B. De ahí que este juzgador proceda a desechar de plano la demanda de amparo, al surtirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, habida cuenta de que no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa a la sostenida, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes ante la existencia de criterios jurisprudenciales del más alto Tribunal, que resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional y que definen la naturaleza de la autoridad responsable. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1008 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto rezan: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional". En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo respecto al acto reclamado citado, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Karla Martina Baeza Braga alias Karla M. Baeza Braga por su propio derecho y en representación de su hijo Leonardo Roldan Baeza, contra de los actos que reclama del Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo, así como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos y recibir documentos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Alberto Sánchez Cu, lo anterior en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que se accede a su petición de que se le permita a ella y a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe. Hago constar: que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 1034/2019. Conste. Edith
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