Karla Márquez Márquez

Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
155/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Karla Márquez Márquez
  • Karla Márquez Márquez y Otros.
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Remítase acuse. Por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual solicita el acuse de recibo del comunicado 4451, por el cual envió, a través del sistema de interconexión interno, el testimonio del recurso de queja administrativa 450/2022 de la estadística de la alzada. Por tanto, genérese el comunicado correspondiente y remítase vía interconexión. Integración de expediente. Finalmente, en términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada.

  2. Principal

    Glósese sin mayor proveído el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, a través del cual informa la fecha y lugar en la que el menor de edad de identidad reservada, aquí directo quejoso, debería acudir para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19; lo anterior, en virtud de que el pasado cinco de agosto del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, quedó firme el veintinueve de dicho mes y año y se ordenó el archivo definitivo del presente expediente. Se destaca que la misiva fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído de cinco de los actuales, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Sin que pase desapercibido que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión; no obstante, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio, la resolución no les irroga perjuicio alguno, de conformidad con el diverso 87 del mismo ordenamiento. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal1 que complementa el Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinte de julio pasado, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si el menor de edad de iniciales: D.P.M (menor de doce años) fue inmunizado en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentra. La anterior prevención se formuló por lo siguiente: Desde auto de veintiocho de junio del año en curso, en atención al comunicado del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", se requirió para que la persona menor de edad quejosa acudiera a las trece horas del treinta de junio de dos mil veintidós, al domicilio ahí precisado, a recibir la primera dosis de la vacuna. Lo anterior se ordenó hacer del conocimiento de la quejosa, lo que así se hizo vía mensajería telefónica whatsapp (foja 234). Por otra parte, en el diverso auto de veinte de julio pasado, se trajo a cuenta como hecho notorio que las autoridades correspondientes informaron a través de diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, que el cinco y seis de julio del presente año, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de cinco a once años, la vacuna de referencia. Al efecto, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informara si el menor de edad en cuestión fue inoculado con la primera dosis de la vacuna precitada, en alguna de las dos sedes. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, debería informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de ser omisa en contestar dicho requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entendería que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento hecho el veinte de julio de dos mil veintidós (que fue una reiteración de prevención anterior) y se le tiene por desinteresada en que el menor de edad peticionario de amparo sea inoculado por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado : a) La existencia del acto o ley reclamados b) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (nueve de febrero pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece el menor de edad aquí quejoso (nacido el trece de agosto de dos mil diez-once años al día de hoy-) no era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculado. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo del menor quejoso de identidad reservada de iniciales: D.P.M, de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece el menor quejoso no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós , la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos al aquí quejoso, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de veinte de julio pasado, se entiende que hay desinterés para que el infante quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular al menor, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

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