Karla Mariana Moreno Hernández

Expediente 432/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
432/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Karla Mariana Moreno Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Con suspensión de Plano Concedida. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano concediendo dicha medida cautelar, con fundamento en el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de ser depurado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional de así haberlo realizado; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, por el que da contestación al requerimiento que le fue realizado el veintisiete de junio del año en curso; téngase por cumplido el requerimiento que le fue formulado. Lo anterior, sin mayor proveer toda vez que mediante determinación dictada el siete de julio del año en curso, se tuvo por sobreseído fuera de audiencia el presente Juicio de Garantías, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Maryo Luis Moreno Abarca, en representación de su menor hija de iniciales K. M. M. H., mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, informa que a la fecha la quejosa menor de iniciales antes referidas, fue inoculada contra el virus SARS-COV-2, con las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, de ahí que, se completó el esquema de vacunación. En tales condiciones, este juzgado le tiene por hecha la comunicación y por tanto se procede a proveer lo siguiente: Del estudio integral que se efectúa a la demanda, el análisis de las constancias de autos y las manifestaciones hechas en el ocurso de cuenta, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de implementar un programa de vacunación contra el VIRUS SARS COV-2, COVID-19, destinado a menores de edad de doce a diecisiete años y, por ende, la omisión de ordenar que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "................. "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y..." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la jurisprudencia 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad, que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente, es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años, quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues con la manifdestación realizada por padre de la menor quejosa y la documental que anexa se desprende que el veinte de mayo y quince de junio, ambos del año en curso le fueron aplicadas la primera y segunda dosis, respectivamente. Lo anterior demuestra que se ha cumplido con el esquema de vacunación. Por tales motivos, se considera se actualiza la causa de improcedencia anunciada. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con un minuto del veintiocho de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, en relación al oficio suscrito por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, por el que da contestación al requerimiento que le fue realizado el veintisiete de junio del año en curso; téngase por cumplido el requerimiento que le fue formulado. A su vez, en relación a que señala las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio del año en curso, para aplicar la primera dosis de la vacuna a la menor quejosa con iniciales K.M.M.H., así como los requisitos que deberán presentar para ello, solicitando que este juzgado le notifique y también se le informe sobre la notificación practicada a la parte quejosa, con el objeto de realizar las gestiones necesarias para prever la disponibilidad de la vacuna; dígasele que se esté a lo ordenado en el presente auto, para que proceda a la cancelación de dicha data que fijó; lo anterior para los efectos legales a que tenga a bien determinar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación de fecha siete de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Maryo Luis Moreno Abarca, en representación de su menor hija de iniciales K. M. M. H., mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, informa que a la fecha la quejosa menor de iniciales antes referidas, fue inoculada contra el virus SARS-COV-2, con las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, de ahí que, se completó el esquema de vacunación. En tales condiciones, este juzgado le tiene por hecha la comunicación y por tanto se procede a proveer lo siguiente: Del estudio integral que se efectúa a la demanda, el análisis de las constancias de autos y las manifestaciones hechas en el ocurso de cuenta, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables la omisión de implementar un programa de vacunación contra el VIRUS SARS COV-2, COVID-19, destinado a menores de edad de doce a diecisiete años y, por ende, la omisión de ordenar que se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer. Ahora bien, en el caso este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "................. "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y..." Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la jurisprudencia 2ª/J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad, que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente, es la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México, en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce y diecisiete años, quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues con la manifdestación realizada por padre de la menor quejosa y la documental que anexa se desprende que el veinte de mayo y quince de junio, ambos del año en curso le fueron aplicadas la primera y segunda dosis, respectivamente. Lo anterior demuestra que se ha cumplido con el esquema de vacunación. Por tales motivos, se considera se actualiza la causa de improcedencia anunciada. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de ésta. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación del infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este sumario constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con un minuto del veintiocho de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, en relación al oficio suscrito por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, por el que da contestación al requerimiento que le fue realizado el veintisiete de junio del año en curso; téngase por cumplido el requerimiento que le fue formulado. A su vez, en relación a que señala las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio del año en curso, para aplicar la primera dosis de la vacuna a la menor quejosa con iniciales K.M.M.H., así como los requisitos que deberán presentar para ello, solicitando que este juzgado le notifique y también se le informe sobre la notificación practicada a la parte quejosa, con el objeto de realizar las gestiones necesarias para prever la disponibilidad de la vacuna; dígasele que se esté a lo ordenado en el presente auto, para que proceda a la cancelación de dicha data que fijó; lo anterior para los efectos legales a que tenga a bien determinar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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